Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/24, el presidente liber-facho decidió eliminar las partidas presupuestarias que Anses debe remitir a las Cajas Jubilatorias de trece provincias. Para avanzar en la supresión de las partidas, el DNU establece la derogación de los artículos 92,93 y 94 de la ley presupuestaria de 2023, vigente por ausencia de ley en 2024. Las partidas que ahora fueron eliminadas, igualmente no se pagaron durante los primeros meses de 2024, por una actuación de facto del gobierno nacional. En el mismo decreto también se eliminó formalmente el Fonid para docentes y subsidios al transporte.

Luego de la publicación del DNU, desde el gobierno nacional salieron a aclarar (de palabra) que las partidas fueron “reasignadas” y que llegarán a las provincias, luego de que se realicen auditorías. El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó: “El dinero va a ir en otras partidas, eso no se ha tocado. Lo único que está en discusión son los montos” (Radio Mitre). Igualmente, las partidas no aparecen y tampoco las auditorías. Se trata en realidad de un nueva negociación y puja entre el gobierno nacional y las provincias, que desembocará en un ajustazo contra trabajadores y jubilados; se prepara un nuevo robo a las y los jubilados.

La eliminación total de las partidas viene a continuar con el congelamiento de las partidas que no se actualizan desde el año 2018, es decir la última parte del gobierno de Macri y todo el gobierno de los Fernández. Córdoba recibió $1.072 millones mensuales durante todos estos años. Ese valor actualizado asciende a una suma superior a los $11.000 millones mensuales, de acuerdo a los cálculos del gobierno provincial. Según el diario La Nación, la deuda de Anses con las cajas provinciales llegaría a los 2.000 millones de dólares, aunque la mitad de esa cifra sería compensable por acreencias del Anses.

El recorte brutal de Milei y el congelamiento también brutal del gobierno anterior, desconocen e incumplen con la legislación, acuerdos y pactos que se establecieron desde 1992 cuando se firmó un pacto fiscal que dispuso que el gobierno nacional podía descontar un 15% de los fondos coparticipables para sostener el sistema previsional.  No obstante, todos los gobiernos apuntaron desde ese momento a la armonización de los sistemas locales con Anses, es decir a su extinción. Así lo hicieron Cristina Fernández y Macri, con la denominada Ley de Reparación Histórica, aunque luego en el pacto fiscal de 2017 terminó quitando esa exigencia de armonización.

El gobierno de Llaryora culpa a los gobiernos nacionales del desfinanciamiento de la Caja, pero aprovecha para hacer pasar su propia motosierra contra activos y jubilados. Hace un mes impuso un diferimiento en el pago de los aumentos por inflación que debían cobrar el 90% de las y los jubilados, por la actualización de los salarios, descontando así significativos montos en los haberes. A fines de año pasado, el PJ hizo aprobar un aumento de los aportes jubilatorios, que en el caso de docentes subía del 11% al 13%. Esa suba del aporte significaba a su vez un recorte jubilatorio, porque reduce la base del cálculo del haber inicial, que pasó de un 82% del 89% del salario al 82% del 87%. Es la misma política que desplegó su antecesor Schiaretti en plena pandemia, cuando recortó el haber jubilatorio entre otras medidas.

Cuando Guillermo Francos dice que las partidas no se eliminaron pero se reasignaron, está marcando la cancha de la cuestión. Quiere la armonización para terminar con las cajas provinciales y los pocos derechos que estas todavía reconocen a las y los jubilados; mientras que ofrece una negociación a los gobernadores sobre otros temas. El gobierno de Llaryora no defiende la Caja provincial, todo lo contrario; marcha evidentemente a un nuevo contubernio con Milei, como cuando entró al gobierno liberfacho, o comprometió su firma para el “Pacto de Mayo”.

Solo la lucha de las y los trabajadores puede enfrentar y derrotar este programa reaccionario. Es necesario impulsar la huelga general contra todos los planes ajustadores, y unir todas las luchas y reclamos obreros y populares. Desde UEPC Capital y los sindicatos combativos de Córdoba se impulsa para mediados de abril una asamblea provincial de lucha. Será una instancia inmejorable para definir un plan de acción que pueda superar la parálisis que quiere imponer la traidora burocracia sindical.

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