07/01/2020

¿Se viene un nuevo conflicto con el campo?

Con tractorazos y concentraciones, distintas entidades rurales de localidades del interior protestaron contra la política impositiva tanto del gobierno nacional como de las provincias y municipios. En Rosario y algunas rutas santafesinas, en pueblos de Entre Ríos y Córdoba, en el interior bonaerense, distintos grupos reclamaron contra la “presión tributaria” que estaría consumiendo la rentabilidad de la actividad agraria. Numerosas cartas fueron dirigidas al ministro de Agricultura Luis Basterra por parte de distintas asociaciones patronales, desde acopiadores hasta productores de maquinaria agrícola.


Pero, ¿estamos, entonces, en las vísperas de otro conflicto como el que se desarrolló en 2008 tras la famosa Resolución 125? En realidad, el panorama parece bastante distinto.


El gobierno de Alberto Fernández modificó a poco de asumir el monto de las retenciones que paga la exportación de soja (30%) y de trigo y maíz (12%). Esta medida fue en realidad solo una actualización de lo dispuesto por el gobierno de Macri, eliminando el tope fijo que había sido establecido previo a una devaluación que duplicó el valor del dólar.


¿Que implican esos aumentos en las retenciones? El propio Eduardo Buzzi -expresidente de la Federación Agraria- manifestó que la medida era razonable, ya que solo se trata de “una readecuación al tipo de cambio real, más que un aumento confiscatorio” (Ámbito Financiero, 16/12). Otro empresario agropecuario, el economista Miguel Bein, también defendió la medida como necesaria para achicar el déficit fiscal y sostuvo que “hay protestas, hay tractores al costado de la ruta, pero hasta ahí llega, no vamos a tener un conflicto con el campo” (Súper Campo, 5/1).


Sucede, además, que “más del 40% de las ventas al exterior ya están anotadas, lo que significa que se regirán por las condiciones previas, sin que las alcancen las subas de retenciones ahora vigentes” (Ámbito Financiero, 27/12). Por lo demás, el campo viene de embolsar grandes sobreganancias producto de la devaluación, en un año en el que la denominada región núcleo registró la cosecha más grande de la historia (Infocampo, 3/1).


A ello se suma que, por el momento, el gobierno evitó incrementar el 3% más al gravamen a la exportación, una potestad que le confiere la ley ómnibus de emergencia aprobada por el Congreso.


Con todo, lo más sobresaliente es el hecho de que la propia Mesa de Enlace, entre muchas declaraciones de rechazo, le bajara el pulgar a las convocatorias a tractorazos, que corrieron por cuenta solamente de secciones locales de la Sociedad Rural y otras organizaciones. De hecho, el viernes pasado se realizó una asamblea de “productores” en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, con la presencia de los presidentes de las entidades agrarias, en la que se descartó proceder a medidas de alcance nacional y se negaron a cualquier huelga en la comercialización de las cosechas o a emprender una “rebelión fiscal”, como se propuso desde algunos sectores en una línea de confrontación.


En la conducción de las organizaciones de las patronales agrarias toman nota de lo limitado de la medida oficial en un cuadro de quiebra del Estado, y destacan que todavía hay un diálogo abierto. Es que, en las vísperas de la Navidad, Alberto Fernández recibió a la Mesa de Enlace y les aseguró que en abril anunciará un cronograma de rebaja de las retenciones (La Política Online, 24/12). Las posibilidades que se barajan van desde proceder a una segmentación que atenúe el impuesto según la lejanía de los puertos y otros factores, o que sea compensado tomando a cuenta de otros tributos. En todos los casos, tendería a una disminución en beneficio de las patronales del campo.


El otro frente de conflicto importante se da en la Provincia de Buenos Aires, donde el proyecto de ley impositiva presentado por Kicillof establecía un aumento del 75% en el Inmobiliario Rural a un puñado de terratenientes (mientras abarca masivamente a las familias trabajadoras con un hogar propio). Para encaminarse a un acuerdo que permita la aprobación en la Legislatura, todo indica que esa alícuota será reducida hasta quedar casi empatada con la inflación pasada. Amén del carácter local de las protestas, es una evidencia de que el gobierno muestra predisposición a ceder para evitar un choque con el capital agrario.


Detrás de estos tironeos asoma el tema central que ordena la política económica del gobierno: llegar a un acuerdo con el FMI y los bonistas para evitar el default. Esa es, si se quiere, la principal similitud con el conflicto del campo de 2008. Pero el intento de salir de la quiebra sin afectar en forma sustanciosa las ganancias de los agronegocios puede quedarse a mitad de camino, sin contentar a los acreedores ni evitar un choque con las patronales agrarias. Por lo pronto, algunos estiman que los menores incentivos se traducirán en una reducción de la cosecha de un 10%, lo cual afectaría la recaudación.


Para los trabajadores, en todo esto, no hay beneficio alguno. Por el contrario, la nacionalización del comercio exterior y el repudio de la deuda usuraria cancelarían la fuga de las riquezas del país, y pondrían a disposición enormes recursos para un desarrollo social y nacional sobre nuevas bases.

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