05/08/2020 | 1602

¿Se viene un nuevo “pacto Chevron” con la agroindustria?

Las cámaras del sector obtuvieron el aval de Alberto Fernández a su proyecto de régimen especial de incentivos.

El flamante Consejo Agroindustrial, que se formó con casi todas las cámaras exportadoras, agropecuarias, aceiteras y molineras, viene completando un lobby de alto perfil para lograr la aprobación, antes de fin de año, de una ley que establezca todo un régimen de incentivos especiales para el sector durante la próxima década.

La última parada fue nada menos que una “exitosa” reunión en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández, de la que participaron referentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de la cámara de la industria aceitera y exportadora de cereales, y de la producción avícola. Los empresarios ya habían obtenido un aval explícito de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se habían entrevistado con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el ministro de Transporte, Mario Meoni.

El alma del planteo del Consejo Agroindustrial es montar todo un sistema de exenciones impositivas por los próximos 10 o 15 años. El primer punto que reclaman es que se fije una estabilidad fiscal por al menos una década, poniendo un tope en los gravámenes que alcancen al sector, sumando las diferentes tasas municipales, provinciales y nacionales. De esta manera, serían los distintos niveles del Estado los que deberán determinar cuál resigna más de sus ingresos, blindando a las empresas de futuros impuestazos.

Junto con eso, plantean el establecimiento de un esquema de devolución de los derechos de exportación -las famosas retenciones– para aquellos que incrementen sus ventas al exterior. Esto podría beneficiar a los pulpos exportadores -sin que necesariamente aumente el total de las ventas- a través de una mayor concentración del negocio, que ya se encuentra acaparado por diez empresas, la mayoría multinacionales.

También incluyen en su proyecto un régimen especial de amortización acelerada, para eximirse del impuesto a las Ganancias. En particular, explicitaron la intención de un reintegro o la desgravación en un 50% para las compras de fertilizantes, plaguicidas, semillas, insumos biológicos y la contratación de seguros. En suma, buscan un estatus impositivo privilegiado para el sector más concentrado de la economía nacional. Exactamente lo contrario a la demagogia oficial sobre la intención de avanzar en una reforma tributaria “progresiva”.

Otro punto que las patronales de la agroindustria pretenden instalar, es el establecimiento de programas de prefinanciación de exportaciones a tasas internacionales -es decir, acceder a créditos con tasas cercanas a 0%. Esto sería leonino en un mercado con variables fuertemente especulativas, como es la venta anticipada de la cosecha, tanto con precio ya fijado como a definir. Es justo con ese esquema con el cual vienen haciendo su agosto los corredores y los correacopiadores, que utilizan el margen de tiempo entre la venta y la cosecha para lucrar con inversiones financieras. Los productores, por su parte, se valen de los créditos a tasas en pesos menores a la inflación para comprar los insumos por adelantado con un dólar a precio oficial. Incluso, están comprando los insumos para la campaña 2021-2022 como forma de mantenerse dolarizados ante la espera de una devaluación y en medio del cepo cambiario.

Por último, bregan por “una agenda agresiva en cuanto al acceso a mercados y negociaciones internacionales”. Si bien no dieron mayores precisiones en este punto, no hay dudas de que presionan por nuevos acuerdos comerciales que refuercen la primarización de la economía nacional. Esas eran las características del trabado acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, o del convenio con China para instalar en el país granjas industriales de cerdos. Esto, cuando en plena pandemia ya hay una marcada tendencia en ese sentido, siendo que la exportación de productos primarios es la única que creció este año. Expresión de ello es que, en los últimos tres meses, el país asiático se convirtió en el principal destino de exportación de productos argentinos (superando al histórico intercambio con Brasil), cuyas compras se concentran en porotos de soja.

A cambio de este régimen especial, las cámaras patronales afirman que para 2025 se podrían aumentar unos 16.000 millones de dólares las exportaciones, lo que representaría un crecimiento de aproximadamente un 20%. Estos empresarios, que manejan a la perfección el sentido de la oportunidad, pretenden aprovechar a su favor la presión a la que estará sometido el gobierno de Alberto Fernández para cumplir con el repago de la renegociada deuda externa.

El pie para que desplegaran este lobby lo dio el propio Presidente, quien en una entrevista que brindó al Financial Times contrapuso la parálisis de Vaca Muerta (que era el eje de su planteo económico durante la campaña electoral) a las perspectivas de la “vaca viva” que sería el campo. Más concreto aún, de la reunión que el Consejo Agroindustrial tuvo en el Ministerio de Transporte se llevaron la promesa de Meoni de que acelerarán las obras para conectar el ferrocarril Belgrano Cargas con los puertos santafesinos, lo cual asegura que abarataría los costos logísticos hasta un 30%.

Semejantes concesiones, sin embargo, acicatearán las disputas al interior de la clase capitalista, cuando las cámaras industriales presionan por mayores subsidios estatales y las cuentas nacionales estarán condicionadas para garantizar el pago de la deuda y bajo supervisión del FMI. Un ejemplo de los choques que pueden desatarse es que la mismísima Sociedad Rural rechaza sumarse al Consejo Agroindustrial, afirmando que pretenden mejorar la posición de las exportadoras, las aceiteras y de la carne a costa de los productores del agro. Es una disputa entre grandes capitalistas, ya que en el campo argentino un cuarto de los productores concentra tres cuartas partes de la producción. Por lo demás, la agricultura está cada vez más atada a los paquetes tecnológicos de pulpos como Bayer, que embolsan otra parte de la renta agraria.

¿Qué le queda al país de todo esto? Una enorme dependencia en materia de comercio exterior, acentuando su inserción colonial en el mercado mundial. Para los trabajadores, este régimen especial que aspira a “chevronizar” la agroindustria redundaría en un mayor deterioro de sus condiciones de vida, porque encarecería el costo interno de los alimentos. Solo partiendo de la nacionalización del comercio exterior, bajo control obrero, se podrá volcar la riqueza productiva del país al servicio de iniciar un ciclo de industrialización y desarrollo nacional. Es un horizonte que escapa al nacionalismo burgués fondomonetarista.

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