La Secretaría de Energía anunció nuevas audiencias públicas para el 10, 11 y 12 de mayo que definirán aumentos en la boleta de luz y gas de junio, del 17% y del 21% para la mayoría de los usuarios, respectivamente. Se trata del segundo tarifazo del año, luego del 20% aplicado en marzo, el cual no hará más que alimentar la inflación desenfrenada que azota al bolsillo popular.

Para los beneficiarios de la tarifa social, en cambio, la suba será del 6%, mientras que el 10% de la población con mayor poder adquisitivo tendrá una quita total de subsidios en su factura, con incrementos del orden del 200%. Cabe destacar que aún se desconoce el criterio mediante el cual se va a definir qué consumidores residenciales pasarán a pagar la “tarifa plena”. A su turno, los usuarios no residenciales que presenten un consumo superior a los 300 kW tampoco recibirán subsidios energéticos. En adelante debemos afrontar aumentos continuos considerando que los mismos poseen una fórmula de actualización equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial.

El impacto sobre la carestía será inocultable. Recordemos que el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” midió 7,7% en marzo -debido a los aumentos en los servicios y en el combustible- impulsando fuertemente la inflación general de dicho mes que llegó al histórico índice de 6,7%. Como vemos, la promesa de Guzmán acerca de que los precios amainarán de aquí en más no tiene asidero dentro de una política de tarifazos permanentes orquestada por el Fondo Monetario.

Paradójicamente, los tarifazos planteados no tendrán como correlato la disminución de subsidios estatales que pretende el FMI, como resultado de los altos precios de la energía a nivel mundial que la guerra se encargó de atizar. Sin ir más lejos, “en 2022 las importaciones de energía podrían ascender a u$s 12.500 millones, el dato más alto de la historia, según la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo” (Ámbito, 13/4).

La convocatoria a las audiencias mencionadas formó parte de un nuevo capítulo de la crisis política dentro de la coalición oficial. El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, de filiación kirchnerista, giró una nota que cuestionaba todo el esquema de aumentos propuesto por Guzmán. Sin embargo, mientras él al igual que Federico Bernal (interventor de Energas) posan de críticos, permanecen en sus puestos de funcionarios de las dependencias que aplican los tarifazos, comandados por Darío Martínez, el secretario de Energía, que también viene del kirchnerismo.

Con lo cual, denuncian las consecuencias recesivas e inflacionarias de los aumentos solamente para cubrirse de los efectos de una política de la cual son protagonistas. Una muestra más de que el kirchnerismo no está dispuesto a confrontar los lineamientos del Fondo y mucho menos a enfrentar sus planes de ajuste, más allá de la demagogia.

Es necesario, entonces, profundizar un rumbo de movilización independiente que exija la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales, constatar a dónde fueron dirigido los subsidios millonarios que recibieron estas empresas durante años y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino hacia la nacionalización bajo control obrero de la industria energética en pos de orientarla al desarrollo productivo en beneficio de las mayorías. Mientras tanto, frente a los tarifazos en curso organicemos un plan de lucha por un salario mínimo de $130 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Fuera el FMI.