Desde que ocurrieron los hechos de la Legislatura, el viernes 16, con la irregular detención de 23 personas, diversos orga­nismos tratamos, sin éxito, de tomar inter­vención en el expediente. Nos presenta­mos abogados de Apel en el Polo Obrero, Correpi, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, abogados del MST y MTL. Sin embargo, utilizando diversas chicanas le­gales, hasta una semana más tarde no se nos había permitido tomar vista del expe­diente. Por lo tanto, nadie sabe aún cuáles fueron los motivos de las detenciones, ni por qué la jueza les imputó el delito de coacción agravada, que tiene prevista una pena de 5 a 10 años.

Cuando finalmente logramos que se nos reconociera la calidad de abogados defensores de varios Imputados, la jueza dispuso el secreto de sumario por el térmi­no de 10 días. Esto agrava la situación, ya que no podremos ver el expediente hasta agosto. Los detenidos permanecerán en la cárcel sin saber siquiera con qué pruebas contó el juzgado para imputarles un delito tan grave. Téngase en cuenta que las de­tenciones se realizaron fuera del lugar de los hechos, cuando la gente se retiraba hacia el subte en algunos casos, y en otros a las 13 horas de ese día, es decir, antes de que se produjeran los incidentes Incluso se detuvo a un anticuario que tie­ne su negocio en las inmediaciones de la Legislatura

Esto es una clara demostración de la complicidad de los distintos poderes (Judi­cial, Legislativo y Ejecutivo) en la criminalización de la protesta social. Si para ello es necesario quebrantar el derecho de defen­sa en juicio, pues entonces se olvidan de la Constitución y violan sus disposiciones Reclamamos:

Inmediata libertad a todos los detenidos

• No al Código Contravencional
• No a la criminalización de la protesta so­cial.
• Por el desprocesamiento de todos los luchadores populares