Los organizadores de “la secta de Villa Crespo” están siendo acusados de diversos delitos como trata de personas, prostituir a sus víctimas con empresarios y hombres ricos, en un desvalijamiento de todos sus bienes. Se sospecha que muchas de las relaciones sexuales donde las alumnas mujeres eran explotadas, también eran filmadas. Podían exigir un “sobre” de hasta 10 mil dólares por mes a sus víctimas más acaudaladas, dinero que luego era supuestamente entregado al “maestro”, su líder, Juan Percowicz (Ámbito, 18/8). A lo largo de los años, se contabilizan alrededor de 1700 víctimas y se mantuvo la impunidad con el amparo estatal.

BA Group, dedicada en apariencia al manejo de recursos humanos y al coaching ontológico, era operada por Marcela Sorkin y Federico Sisrro, dos de los principales acusados en el caso de la Escuela de Yoga Buenos Aires. Estos dos eran las figuras visibles de una de las principales operaciones del grupo. Según Infobae, en el último allanamiento al lugar había más de 20 videocasetes, cine porno en su amplia mayoría, viejas películas sadomasoquistas de comienzos de los años 90, con mujeres torturadas en sus portadas.

En tanto, en las próximas horas se definirá si algunos de los líderes de la organización van a seguir detenidos o no, ya que Juan Percowicz, considerado la cabeza de la misma, tiene 84 años y problemas de salud, y se evalúa una eventual prisión domiciliaria.

Delito con amparo estatal e internacional

Esta banda delictiva lleva casi 30 años operando en Argentina, con conexiones en Estados Unidos, salpicando a dirigentes políticos y jueces. Desde 1995 se conoce que La Escuela de Yoga era una organización investigada por corrupción de menores, robos y estafas, que estaba muy vinculada con funcionarios del gobierno menemista y en particular con quien por entonces era el vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf (Noticias, 19/8). Tras aprietes y un juicio abortado, los miembros lograron expandir esta organización delictiva y mantenerla impune- a salvo de “la Justicia”.

“Me gustaría hablarles sobre una pequeña organización no gubernamental con sede en Buenos Aires que tiene que soportar el acoso y la persecución de parte de una justicia corrupta”. La frase pertenece a un discurso pronunciado ante el Capitolio de los Estados Unidos en abril de 1999 por el entonces diputado demócrata Edolphus Towns.

En su exposición -y bajo el titulo “La democracia argentina en problemas”- Towns centró su reclamo en la causa que la Justicia argentina llevaba contra Juan Percowicz y su Fundación Escuela Yoga. El expediente se había iniciado en 1993 y en 1999 todavía seguía dando vueltas por los Tribunales.

El diputado no estaba solo: el propio Bill Clinton- por esas épocas nada menos que el presidente de Estados Unidos- expresó su preocupación por el expediente y hasta la ONG de ese país Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) financió un viaje de asesores demócratas a la Argentina para entrevistarse con autoridades políticas y judiciales, siempre para abogar en favor de los derechos civiles de los integrantes de la Escuela Yoga (Clarín, 18/8). La Escuela Yoga tenía una sede en Chicago y un destacado miembro el oboísta Mariano Krawczyk- hoy detenido- que ayudó a forjar vínculos de peso como el tenor Placido Domingo. Tal vez por eso desde Estados Unidos se organizó una campaña de apoyo que incluyó una carta enviada en el 18 de mayo de 1999 al presidente Carlos Menem y firmada por 28 congresistas norteamericanos (ídem).

El negocio de la trata de personas y la descomposición capitalista

¿Por qué se sigue extendiendo mundialmente este fenómeno, si la mayoría de los Estados “pretenden combatirlo”? La extensión del negocio de la trata de personas y la prostitución debe colocarse en la etapa actual de debacle capitalista; que junto con el tráfico de armas y el narcotráfico se convirtieron en las actividades criminales más beneficiosas al capital a nivel mundial. Este negocio criminal -improductivo y socialmente destructivo- se refugia en el negocio de la pornografía y la prostitución de diversas formas, y que ofrece un nivel de ganancia capitalista que otros sectores ya no ofrecen. Y son los gobiernos capitalistas quienes desarrollan las condiciones para garantizar que esto suceda, aunque esgrimen “su combate”.

El desarrollo de este negocio, las redes de trata, implica el entrelazamiento entre los Estados, diversos sectores del capital (como los bancos), empresarios, proxenetas o administradores de prostíbulos, funcionarios políticos, la policía y otras fuerzas represivas, jueces, etc; que a su vez conocen la situación, la promueven y adquieren beneficios económicos de la misma.

Si esta banda delictiva sigue en pie, 30 años después, es porque detrás de cada prostíbulo o de cada lugar en el que se esclaviza a personas hay una red que integra alguno de estos componentes. La idea de que el Estado no ve este fenómeno tan expuesto o que necesita de complicados recursos para frenar esa actividad es simplemente una construcción política interesada, sin asidero sobre la realidad. En Argentina desde 2008 fueron liberadas 13 mil víctimas según el Ministerio de Justicia. Las causas judiciales no pasaron de impactar con penas menores (promedio 4 años) sobre regenteadores de prostíbulos o sobre las caras visibles en ciertos casos de esclavitud laboral. Los responsables políticos siguen impunes, por ello es incompatible una lucha contra el desmantelamiento de las redes de trata de la mano de los partidos que gobiernan y gobernaron.

Para enfrentar este enorme flagelo es necesaria una lucha independiente, que confronte al Estado capitalista y los partidos del régimen que garantizan la captación, explotación y encubrimiento en la trata de personas.

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