El miércoles pasado el jefe de Policía, Juan Pirker, “descartó en forma total que la banda involucrada en los secuestros y asesinatos de Sivak y Neuman esté vinculada a algún servicio de inteligencia”. “Este es un grupo —añadió— que se movía sin ramificaciones ni ideologías… Aquí no hay ningún pez gordo” (La Razón, 19/11/87). El día anterior, el titular del SIDE, Facundo Suárez, había declarado lo mismo: “Son delincuentes comunes” (La Nación, 18/11/87).

Mientras Pirker y Facundo Suárez daban por esclarecido totalmente estos secuestros y asesinatos, el fiscal Molinas, en respuesta a estas declaraciones, insistía en que habrá “que llegar hasta las últimas consecuencias, ya que hay una infraestructura muy grande, un aparato logístico que permitía dar estos golpes y hay vinculaciones con el narcotráfico y con la venta de armas”. “Hay un nexo — agregó— con personas que trabajaron en el Batallón 601 de Inteligencia como Sánchez Reisse y Ricardo Taddei, que se encuentra prófugo” (Crónica, 20/11).

También, “según declaraciones de Jorge Sivak —hermano del asesinado empresario Osvaldo Sivak— y de los legisladores peronistas, un coronel y otros oficiales del Ejército ligados a servicios de inteligencia estarían vinculados con la banda de secuestradores” (Clarín, 23/11). Finalmente, de un botín de “rescate” cercano a los 2 millones de dólares, solamente aparecieron en poder de los detenidos algunas decenas de miles. El “apresuramiento” de Pirker y Facundo Suárez por circunscribir la banda secuestradora a los detenidos y cerrar el caso cuando las investigaciones están en el inicio, revelan un claro propósito oficial de encubrir la responsabilidad político-militar en estos secuestros.

Secuestros, dictadura y patria financiera

Esta responsabilidad ya quedó demostrada cuando un grupo militar de inteligencia, precisamente del Batallón 601 a cargo de Sánchez Reisse, que actuaba coordinadamente con la Cancillería, fue detenido en 1981 en Suiza cuando se aprestaba a cobrar el rescate por el secuestro del empresario Koldobsky.

Quedó al descubierto así, que el área de inteligencia militar, bajo la carátula de investigar la “subversión económica”, era el brazo ejecutor de los secuestros empresarios cuyos rescates se utilizaban para financiar sus actividades y otros negocios (narcotráfico). Los “servicios” investigaban previamente los negocios de sus víctimas, lo que les permitía establecer con exactitud el monto de los rescates y cobrarlos con total impunidad.

Se estableció así una “industria del secuestro”, a cargo de los altos mandos que actuaban en combinación con el Banco Central. La “onda” pasó a ser el secuestro de banqueros. “Señor —le decían al banquero secuestrado—, emita un cheque contra el efectivo mínimo o pida un redescuento automático al Banco Central y ya está. Después fabrica algunas carpetas ‘fantasmas’ y hace figurar los fondos como créditos asignados a las empresas ‘dibujadas’ en la carpeta” (La Prensa, 17/11). ¡Los secuestradores asesoraban a sus víctimas sobre los mecanismos financieros que permitían transferir al Estado el pago de los rescates!!

La Prensa explica todo esto por la existencia de una legislación permisiva y por “la acción de elementos marginales que actuaban por su cuenta” como una “secuela de la ‘guerra sucia’, y de la ‘plata dulce’”, con el evidente propósito de encubrir a los Martínez de Hoz, Diz y Cía. Porque, si se investigara a fondo, surgiría rápidamente que estos “secuestros empresarios” obedecieron, además, a una fuerte lucha de los grandes grupos económicos por deshacerse de sus competidores. ¡Martínez de Hoz está acusado y procesado por el secuestro de un empresario exportador que, precisamente, al desaparecer, permitió que una empresa ligada a Martínez de Hoz se quedara con esas ventas!

Está en marcha un vasto operativo político por cerrar los casos Sivak, Neuman y Oxenford porque comprometen al Estado capitalista, a su corazón, al Ejército, la policía y los servicios de seguridad, y al gran capital.

Un régimen de usureros

El déficit de la Tesorería aumentó en setiembre un 22,5 %, a pesar de que los ingresos mejoraron un 6,4 %. La razón nuevamente se encuentra en los pagos por Intereses y avales (garantías del Estado a los capitalistas) que insumieron 515 millones de australes, equivalente al 90 % del déficit (571 millones). Esto sin computar los subsidios a la enseñanza privada que la Tesorería los presenta como “gastos operativos”. Como estos déficits se cubren con préstamos internos y externos, la deuda pública sigue creciendo y con ella los intereses. Sin erradicar los intereses usureros y parasitarios no hay lucha contra el déficit fiscal.