El fallo del juez federal Abel Cornejo disponiendo el procesamiento del dirigente piquetero por “sedición” y corte de rutas es una declaración de guerra contra el movimiento obrero y las libertades públicas, formulada en términos de la dictadura militar. Debe saberse que en ninguna provincia como en Salta se ha mantenido la continuidad de los jueces nombrados por el “Proceso”, con el agravante natural que, con el paso de los años, los que ayer fueron jueces hoy son camaristas. Es decir, Salta es uno de los centros de la reacción política.

El juez ha dictado la prisión preventiva de José Barraza sobre la base de un juicio propio pre-establecido, sin aportar una sola prueba. José Barraza y el “grupo de personas” que lo acompaña son declarados responsables de “hechos delictivos” desde el inicio del dictamen como una verdad ya establecida. El fallo llega al punto de considerar que “nadie puede ignorar que el grupo de elite que dirige las operaciones sediciosas actualmente se encuentra fuertemente armado”, dando por sentado que los compañeros fueron los autores o beneficiarios “(d)el robo de una importante cantidad de armas del Poder Judicial de la provincia” y “de todo el armamento de la Comisaría 41 de Mosconi”.

 

Sedición

El fallo del juez acusa a José Barraza de “sedición” pretextando que los reclamos de las organizaciones de desocupados y trabajadores del norte de Salta constituyen una acción de alzamiento contra el Estado y la obra de un puñado de conspiradores “armados” que mantiene una suerte de dictadura en la zona. La “sedición” a la que alude el juez es la rebelión en masa de vecinos y trabajadores que se expresó en las puebladas de Mosconi y Tartagal de diciembre del ‘99 o de mayo y noviembre del 2000. Se acaba de cumplir un año del momento en el que 15 ó 20.000 trabajadores marcharon al lugar histórico del corte y derrotaron, literalmente, a las fuerzas de la gendarmería que atacaban a los piqueteros. Pero estas 15.000 ó 20.000 personas son virtualmente un tercio de toda la población de la zona, una realidad que destruye todas las tonterías interesadas sobre la supuesta acción de las “minorías” que constituyen la columna vertebral de los fundamentos del juez.

 

Democracia directa

El juez sostiene que en el Departamento San Martín “un grupo de personas se ha organizado para actuar en forma deliberada y consciente, y en forma sistemática” en oposición al texto de la Constitución Nacional según el cual “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes”. José Barraza y los piqueteros son enjuiciados por apelar a “formas semidirectas” de deliberación popular, que son las asambleas que han votado los cortes de rutas, han debatido los programas reivindicativos que enarbolan esos cortes y han elegido a los dirigentes del movimiento de lucha. El juez defiende a rajatabla el carácter conspirativo del Estado planteando que “las formas semidirectas” en las que “el pueblo gobierna sin la mediación de sus representantes, están excluidas y prohibidas”.

 

Rehén

Si hubiese alguna duda sobre el carácter eminentemente político y “de Estado” del dictamen de la Justicia sobre José Barraza, existe un último dato demoledor. Las causales por las que se enjuicia al dirigente piquetero son excarcelables, lo que permitiría dejarlo en libertad. Pero el juez se niega. Aunque reconoce que la calificación provisoria de los hechos “permitiría conceder al imputado el beneficio de la excarcelación”; aunque, más aún, señala que José Barraza “no registra antecedentes penales”, se opone a la excarcelación porque “cabe presumir que Barraza, de recuperar la libertad, continuaría con la conducta delictiva por la que fuera detenido, con la consecuente posibilidad cierta de que éste pueda intentar eludir la acción de la Justicia o entorpecer el trámite de la presente causa”.

José Barraza no puede salir en libertad porque volvería a organizar los cortes de ruta, volvería a ejercer las “formas semidirectas” de la democracia, es decir, a convocar asambleas para deliberar y resolver qué hacer frente a la catástrofe; volvería a la lucha por cada uno de los compañeros represaliados.

La “Justicia” dice: José Barraza es un rehén, no podemos darnos el lujo de dejarlo en libertad.

Los trabajadores dirán lo suyo.