En medio de los preparativos para las audiencias públicas convocadas para aprobar los tarifazos de luz y gas, el gobierno ha dado a conocer la propuesta de segmentación tarifaria con la que pretende ahorrarse US$200 millones. El reclamo ante la afectación patronal da por sentado que los subsidios sirven para pagar salarios más bajos.

El esquema de segmentación que se ha difundido se extiende a una primera tanda de 487.000 usuarios residenciales del Amba, con epicentro en los barrios porteños y zonas del conurbano más cotizados y 466 countries, alcanzando un 10% del total de usuarios.

En principio, la segmentación se guía por parámetros meramente territoriales, aunque no está descartado un avance más fino que tome en cuenta parámetros económicos, sociales y laborales, en vistas a conservar los subsidios solo para los “sectores más vulnerables”.

La generalidad del parámetro territorial provoca que la segmentación pueda atacar también a familias trabajadoras que habitan en esos barrios, los cuales deberían “justificar” su situación de vulnerabilidad para recuperar la tarifa subsidiada: un trámite poco sencillo.

Las patronales de las Pymes plantean, a su vez, una segmentación que les permita continuar con los subsidios estatales. Consideran que los aumentos tendrían un doble impacto en la industria, tanto en una suba de los costos de producción como en reclamos salariales que absorban las consecuencias de la política oficial.

De esta manera, las patronales reconocen la incidencia de los subsidios del Estado en el cálculo de los salarios que se pagan, como un beneficio indirecto que permite se sigan abonando salarios por debajo de los índices de pobreza. Algo similar a lo que ocurre con el transporte público en el Amba, que en gran medida es utilizado para ir y volver del trabajo sin que esto suponga un costo significativo a las patronales.

Por el momento, la tarifa plena alcanzaría a los comercios e industrias con consumos menores a 300 kw que “desarrollan actividades que se caracterizan por tener precios dolarizados o financiamiento externo, que poseen elevada rentabilidad y/o pertenecen a mercados no transables (por lo que no tienen competencia con el exterior)”, tales como el sector financiero, concesionarias de autopistas, juegos de azar y apuestas, Transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros, etc.

Los subsidios energéticos repercuten en beneficios directos e indirectos para las patronales, las cuales se valen de giros de fondos del Estado y/o del abaratamiento de la mano de obra que emplean gracias a la reducción el “costo de vida” de sus trabajadores.

Esta política de gobierno se ajusta a las pretensiones del FMI en cuanto a la disminución del gasto público para alcanzar las metas fiscales impuestas por el organismo multilateral. Sin embargo, aún resulta insuficiente para este propósito ya que el ahorro es solo una ínfima parte de los US$ 12.700 millones que el gobierno debería aplicar al pago de subsidios energéticos este año, tarifazo mediante.

La segmentación tarifaria aparece como un relato que encubre una orientación que el gobierno irá desenvolviendo con la auditoría del FMI, y que ya ha empezado con el reempadronamiento de los titulares y usuarios del servicio eléctrico para identificar futuras extensiones de la tarifa plena. Mientras se sigue manteniendo el negocio millonario de las productoras energéticas y petroleras, y las distribuidoras eléctricas.

Esta situación deja planteada la necesidad de proceder a la apertura de los libros de las productoras energéticas, para determinar el costo real de la energía y nacionalizar toda la cadena energética, terminando de una vez con los beneficios excepcionales a las patronales, y garantizando la prestación de un servicio esencial sin afectar los intereses de los trabajadores.

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