La quita total de subsidios en la boleta de luz y gas, y, por consiguiente, el pago de la tarifa plena, terminará incluyendo a muchos más usurarios de lo que había anunciado el gobierno inicialmente. A su vez, el tarifazo ampliado convive con una política condescendiente hacia las empresas distribuidoras, a las cuales se les ofrecerá un plan de “cómodas cuotas” para que puedan saldar la deuda que tienen con Cammesa, la compañía a cargo de los despachos mayoristas de energía eléctrica. La doble vara del oficialismo es evidente: mientras golpea al bolsillo popular  premia a los capitalistas.

Cuando el gobierno comenzó a diseñar el esquema de segmentación de tarifas, afirmó que la eliminación de subsidios solo afectaría al 10% de los hogares de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, en los últimos registros aparece que la pérdida de subsidios, en el caso de la factura de electricidad, alcanzará al 39,3% de los hogares y al 42% en el caso del gas natural. En algunas provincias, este porcentaje asciende al 50%. Como vemos, los aumentos más importantes en los servicios no solo recaerán sobre los usuarios “ricos” como se dijo desde un inicio.

Por un lado, el gobierno no se encargó de que todos aquellos que reunieran los requisitos para preservar la subvención en su boleta pudieran completar correctamente el formulario para solicitarla. A su vez, instó a que 70 mil usuarios renunciaran al subsidio, haciendo circular el rumor de que perderían el acceso al dólar ahorro. Por otra parte, existen problemas para identificar a quienes sí se anotaron debido a “falencias en el diseño del formulario digital del RASE y de los sistemas de procesamiento de datos que se están utilizando atentan contra la eficiencia en el cruce de información” (Ecojournal, 19/9).

El gobierno, al mismo tiempo que extiende el tarifazo sobre los usuarios en pos de reducir los subsidios energéticos para arrimarse a las metas fiscales del FMI, acaba de lanzar una moratoria para que las distribuidoras de energía eléctrica puedan financiar la deuda de $450.000 millones que poseen con Cammesa. La misma consiste en un plan de pagos de 96 cuotas mensuales y hasta seis meses de gracia, licuando considerablemente esa hipoteca. Entre tanto, el Estado continuará cubriendo el rojo de Cammesa con fondos públicos, lo que incluso podría anular los efectos de la segmentación en materia de ahorro fiscal.

A todas luces, el Frente de Todos descarga el peso del ajuste fondomonetarista sobre las espaldas de los trabajadores, mientras se cuida de no perjudicar los intereses de las empresas, que, en este caso, intervienen en los distintos eslabones de la cadena energética. En ese sentido, cobra una importancia central defender el poder adquisitivo de los salarios, exigiendo un inicial de $180 mil y aumentos indexados a la inflación; y, en esa perspectiva, pelear por un paro nacional y un plan de lucha.

 

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