Un informe del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales concluye que el 49,6% de la población del país es pobre. Se trata de una medición interdimensional, que articula distintos parámetros y variables para tener una comprensión más acabada de la situación actual. La cifra alarmante revela un salto en las necesidades económicas, laborales, sanitarias y habitacionales de la población.

La friolera de 22,7 millones de pobres es el resultado de un estudio más profundo, contemplando distintas dimensiones, como vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud. A diferencia de lo que ocurre con el índice de pobreza del Indec, que mide a quienes no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total que elabora el organismo, en este caso se aborda la presencia de deficiencias en al menos dos dimensiones/variables para ser considerado pobre.

El gobierno busca responsabilizar a la pandemia de estas cifras, sin embargo se trata de cómo el Estado ha “reaccionado” a la misma, dejando pasar despidos y suspensiones, con subsidios escasos e insuficientes (IFE), ajuste en las partidas alimentarias, paritarias a la baja, recorte del gasto público y social y fuga de capitales mediante el pago a los acreedores privados de la deuda y los usureros.

Crecen las necesidades insatisfechas

La última medición oficial de la pobreza arrojó un 42% de pobres para el segundo semestre del 2020. La actualización oficial de este dato, para el primer semestre del 2021, se dará a conocer recién en septiembre, lo que no obsta a que tengamos un entendimiento más acabado de los datos con los que ya contamos.

Es que la pobreza no solo puede ser medida en términos absolutos, según los ingresos por hogar, sino que también requiere desmenuzar las propias condiciones del hogar observando la calidad de vida y habitacional, el nivel de escolarización y la continuidad de los estudios, el acceso adecuado a la salud y al trabajo, la presencia de trabajo infantil, la cantidad de habitantes por hogar, etc.

Los datos aportados por el informe tienen como fuente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que organiza el Indec, que vendría a completar el cuadro.

Para el caso de la vivienda, las cifras oficiales destacan que el 27,3% de la población vive hacinada, y que esto asciende al 44,4% de considerarse solamente los hogares pobres, algo que ya había quedado de manifiesto al comienzo de la pandemia con los contagios en las villas de CABA y en los barrios pobres del Conurbano bonaerense.

El 16,3% de los hogares (22,6% para el caso de los hogares pobres) habitan viviendas con una “tenencia irregular”, lo que significa que la misma es prestada, cedida, ocupada o de propiedad sin respaldo documental. El gobierno no mide la incidencia de los casos de recuperaciones de tierras, las que se multiplicaron durante todo este periodo, ya que para estos se trataría de “actos ilícitos”. A su vez, el 9,1% de las viviendas relevadas son inadecuadas, y esto salta al 17,8% en los hogares pobres.

El gobierno ha agravado la crisis habitacional con la destrucción del poder adquisitivo de los salarios y la prohibición de hecho de acceder a una vivienda propia, lo cual aumenta la presión sobre los alquileres, encareciendo sus valores y volcando a la población trabajadora a habitar en peores condiciones.

Respecto a la salud, el 35,9% de la población solo accede al sistema sanitario público, pasando a un 62% para el caso de las familias pobres, mientras que por la caída de los ingresos muchos trabajadores han decidido darse de baja en los planes de las prepagas o pasarse a un plan más barato, acotando los servicios cubiertos. El sistema público se ha visto colapsado durante la mayor parte de la pandemia, recibiendo solo casos urgentes y estirando turnos para… el futuro. Todo síntoma del vaciamiento presupuestario y la división en subsistemas, con beneficios a las patronales privadas, las que a su vez cerraron distintas clínicas privadas en medio de la emergencia sanitaria.

Y para la educación, un 5,9% de los jóvenes pobres de entre 15 y 17 años no asiste a la escuela –la cifra podría ampliarse al incorporar la desvinculación bajo pandemia-, mientras que el 18,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. Se trata de la juventud que ha dejado los estudios por falta de materiales e insumos y que, a su vez, a tenido que colaborar “changueando”, para contribuir con los ingresos familiares. Para el caso de los y las mayores, se trata de aquel sector que ha quedado desplazado de todo, trabajo y estudio, y para los cuales el gobierno solo ofrece planes de precarización y flexibilización laboral.

El gobierno ha presentado algunas de estas cifras pero aún no se encuentra publicado el informe completo, que daría cuenta del conjunto de los indicadores utilizados y su medición respecto del periodo anterior. Sin embargo, en porcentajes totales, la pobreza multidimensional pasó del 46,9% en el primer semestre del 2020 al 49,6% para el segundo semestre: en el medio siguió el ajuste del gobierno sobre todos los indicadores de la calidad de vida de la población trabajadora.

La estadística del gobierno va aún más lejos y se calcula que solo el 41,5% de la población no es pobre ni de forma monetaria ni multidimensionalmente.

La salida al hundimiento de la población en la pobreza no puede venir de la mano de sus responsables (el Frente de Todos y Juntos), sino de la propia organización e independencia política de los trabajadores, que el Frente de Izquierda Unidad expresa en sus listas y candidaturas. Con un programa que recoge las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores: seguro universal al desocupado por arriba de la canasta básica; tierra para vivir y plan de viviendas; presupuesto, conectividad, Wifi y dispositivos para garantizar la educación; trabajo genuino, salarios que cubran la canasta familiar; unificación de todo el sistema sanitario bajo un mando único en manos de trabajadores y especialistas de la salud.