El convenio firmado por los gobiernos provincial y nacional como respuesta a las masivas movilizaciones que en Rosario reclamaron una salida frente al recrudecimiento de los asesinatos y los robos, se tradujo ahora en el promocionado “plan integral contra la inseguridad”. Se reduce, en verdad, a la llegada de miles de gendarmes a distintas ciudades de la provincia para lograr una seguridad ficticia -por medio de la “saturación” y la “ocupación del territorio”- que no se extenderá en el tiempo más que unos meses. Idénticas medidas ya fueron tomadas en otros momentos sin reducir ninguno de los índices de robos, asesinatos ni de la venta de drogas.

 

Connivencia política

 

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, remarcó que sus esfuerzos estarán dirigidos a investigar las complicidades de la policía provincial con el delito. El gobierno nacional apuntó en el último mes a golpear al Frente Progresista y denunciar públicamente los lazos de la policía provincial con el delito organizado. Quien más lejos llegó en esa línea fue Elisa Carrió, quien acusó a Antonio Bonfatti, ex gobernador, de sostener estrechos acuerdos con bandas narcotraficantes durante su gestión. Omitió, desde ya, decir que ella misma apoyó la candidatura y la gestión de Bonfatti.

 

En realidad, estas maniobras del macrismo forman parte de una operación de autoencubrimiento. Lo prueba el hecho de que la moneda de cambio del convenio firmado fue la adhesión de Santa Fe al blanqueo de capitales (votado por los seguidores de Macri, con los de Massa y los K). Se trata del mejor regalo para los narcotraficantes y los delincuentes de todos los rubros: la posibilidad de limpiar sus ganancias negras en el mostrador del Estado.

Además de ser los alcahuetes de los concesionarios de los puertos -la principal vía de tráfico de drogas- y de la banca y el juego -los grandes lavadores de las ganancias ilegales-, los gobiernos nacional y de la provincia son responsables de la degradación sistemática de las condiciones de vida de la población obrera. Preparan de este modo el terreno para la extensión del consumo de drogas como único mitigante de una vida que se vuelve cada vez más insoportable;es decir, garantizan el mercado. Es sobre esta base de ajuste y degradación que se habilita el manoseo de la juventud por parte de la policía para organizar el delito.

 

Que no pueden ofrecer ninguna salida lo muestra el propio criterio que establecieron para la selección de los barrios que serán controlados por las fuerzas federales. Anunciaron que serán saturados y ocupados los territorios donde se concentran “elevados índices de necesidades básicas insatisfechas, deserción escolar, carencias de obras de infraestructura, desempleo estructural y altas tasas de homicidios” (La Capital, 1/10). Todo lo que tienen para ofrecer estas garrapatas políticas frente a la descomposición social creciente es la represión y el ajuste.

 

La única salida  

 

La inseguridad es una forma más de expoliación de la población obrera y juvenil por parte de distintas camarillas capitalistas y su Estado descompuesto. La única salida realista la puede ofrecer esa misma población obrera y juvenil estructurándose políticamente y levantando un programa obrero frente a esta crisis:

 

Separación de las cúpulas policiales vinculadas al delito organizado; abajo el reforzamiento del Estado:

 

Estructuración de nuevas fuerzas de seguridad responsables frente a las organizaciones obreras y de derechos humanos. Basta de gatillo fácil.

 

Elección popular -con derecho a revocatoria- de los jueces y fiscales.

 

Estatización inmediata de los puertos y control obrero del flujo comercial para cerrar la gran canilla de la droga.

 

Estatización inmediata del juego y de la banca, piezas fundamentales para el lavado de las ganancias negras.

 

Abajo el ajuste. Defensa de las condiciones de vida de la población obrera. Por un plan de obras públicas que emplee a la población desocupada y urbanización inmediata de los asentamientos populares.