El nuevo embajador yanqui, James Cheek, todavía con un pie en la escalinata del avión que lo desembarcó en Buenos Aires, largó la frase que ha convertido en el látigo con que el imperialismo yanqui defiende sus negocios y negociados en Argentina: falta seguridad jurídica. Para que no quedaran dudas, Cheek recordó “que sus empresas (las norteamericanas) fueron postergadas de las privatizaciones por la europeas y el interés de su país en las patentes medicinales” (La Nación, 13/8/93).

En forma simultánea, Aeroposta, una empresa norteamericana, suspendió los vuelos con Argentina y dejó varados en Miami a unos 800 pasajeros. Razones: “falta de seguridad jurídica”. La empresa yanqui acusó al gobierno argentino de pretender limitar por decreto el uso de los vuelos “charters”, una rectificación que beneficia a la “europea” Aerolíneas Argentinas, en manos de Iberia. La norteamericana Aeroposta vendía el pasaje a Miami a 600 dólares mientras Aerolíneas lo hacía a 900 dólares.

La “privatización” de los aeropuertos se anuncia como el próximo conflicto. El decreto del caso, confeccionado por Cavallo, fue pensado por Camilión, ministro de Defensa, porque “se metía en su quinta” (La Nación, 18/8/93). El choque pasó al arbitraje del Banco Mundial, que deberá elevar una propuesta de “privatización”.

La seguridad jurídica que reclama el imperialismo significa también la completa subordinación de las leyes argentinas a los Tribunales internacionales. La Corte Suprema (menemista) ya ha sentado jurisprudencia en la materia al rechazar, recientemente, un recurso contra una decisión del tribunal arbitral internacional de Salto Grande. “En otras palabras, los jueces argentinos no pueden revisar las decisiones de los tribunales arbitrales internacionales” (La Nación, 13/8/93).

La falta de seguridad jurídica también la reclaman los radicales y el centroizquierda, pero es la muletilla del imperialismo para asegurarse la completa colonización del país.