El informe de la Unicef sobre pobreza infantil en la Argentina (basado en datos oficiales del Indec y pronósticos del PBI, provenientes del FMI) es el dato más elocuente de quién está pagando la crisis. El 24 de junio el FMI presentó las nuevas proyecciones por países y, en consecuencia, la actualización muestra un incremento de casi 5 puntos respecto a los niveles de pobreza infantil estimados en mayo de 2020 (58,6%) al 62,9% actual.

La encuesta Unicef muestra que, más allá de la apertura de actividades, de la flexibilización de la cuarentena en parte del país y de los subsidios a las patronales, hay 2,6 millones de hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos.

En las vísperas del comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario y un nuevo pacto colonial con BlackRock, los bonistas lograron un gran triunfo: con títulos que cotizaban al 35% de su valor nominal, se les ha reconocido casi el 100% del capital y una tasa de interés muy superior a la que paga el resto de los países. Producto de las concesiones del gobierno de Alberto Fernández y con el apoyo de todo el arco político, excepto el FIT-U, también se redujo el “período de gracia” y la deuda deberá pagarse antes de finalizar su mandato en 2023.

Para convencer a los bonistas, el gobierno desplegó el contenido del “plan económico” de medidas de ataque a los salarios, condiciones de trabajo y jubilaciones. El DNU de prohibición de despidos queda como papel mojado a la luz de los miles de despidos efectuados por las patronales durante la cuarentena. En todos los sectores en blanco avanzan los atropellos, suspensiones y rebajas salariales. Las paritarias están congeladas o con acuerdos muy por debajo de la inflación. Gremio por gremio, la burocracia sindical, en connivencia con el gobierno de Fernández, actúa como portavoz de las patronales. Mientras el gobierno y las patronales avanzan en una reforma laboral, los lugares de trabajo son los principales focos de contagio de Covid-19, desprovistos de insumos de protección e higiene.

Claramente estas son las razones que explican el aumento de la pobreza.

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El informe arroja que son 9 millones de personas las que reciben el IFE. Esto da cuenta del aumento en los niveles de desocupación y precarización laboral que estamos sufriendo los trabajadores en el marco de la crisis actual. La austeridad fiscal que reclama el Fondo Monetario para garantizar el pago de la deuda implica, por ejemplo, haber dejado a 3 millones de inscriptos fuera del Ingreso Familiar. La tentativa del gobierno era quitárselo a los beneficiarios fuera del AMBA y zonas con más contagios y de instalar un “ingreso universal”. La realidad es que este subsidio alcanzaría a menos personas y sería de menor monto que el IFE, que en 5 meses ha repartido $30.000, 6 mil por mes, un monto de miseria que no cubre ni un cuarto de la canasta básica familiar.

La situación es alarmante. Otro dato que arroja el informe es que el 10% recurre a comedores populares, producto de que los programas alimentarios, como el Alimentar, son insuficientes. La puesta en funcionamiento de cientos de comedores y las miles de familias que dependen de estos viene en crecimiento desde antes de la pandemia, pero es evidente que esta agravó el cuadro.

Que los trabajadores no paguemos la crisis

El tamaño de la crisis plantea el problema de quién la paga: si los trabajadores o los capitalistas.

Nuestro planteo de que la crisis la paguen los capitalistas apunta a campañas concretas: no al pago de la deuda externa, la aprobación del proyecto de ley por un impuesto real a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda, rechazo a los despidos y defensa de los puestos de trabajo; ajuste salarial por inflación; reposición de la movilidad jubilatoria; defensa de los convenios colectivos; triplicación del presupuesto de salud y educación; control obrero y apertura de los libros de las empresas.

El reclamo por un subsidio de $30.000 por mes a los desocupados está ligado a la lucha contra los despidos y por trabajo genuino, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, contra el robo a los jubilados y por el 82% móvil. Por un plan económico y político de los trabajadores y la izquierda. Este programa es indisociable de la pelea por el repudio de la deuda usuraria, tanto para evitar el saqueo de los recursos del país como para romper la subordinación del país al capital financiero y el imperialismo.

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