En estos días afloró algo que en Prensa Obrera hemos denunciado hasta el cansancio. En el folleto “Jubilación Privada. La Bolsa o la Vida” dijimos que, con la jubilación privada, “los jubilados del mañana serán tan pobres como los actuales”, y que su lanzamiento obedecía al propósito “de proceder a una confiscación económica de los trabajadores”.

Ahora, diversos analistas dicen estar preocupados por este futuro.

Es que sobre 10 millones de personas que componen la fuerza laboral, las patronales depositan los aportes jubilatorios de apenas 4 millones. Significa, entonces, que hay 6 millones de trabajadores que nunca se jubilarán, sencillamente porque están desocupados o sus patrones evaden el aporte.

Por la reforma previsional de 1994, que implantó la jubilación privada, para jubilarse hay que tener, como mínimo, 30 años de aportes ingresados, y 65 años de edad (los hombres) y 60 años (las mujeres).

Antes de la reforma, el Estado reconocía el derecho del trabajador a jubilarse, aún si la patronal había sido evasora, en tanto pudiera mostrar recibos de sueldos o presentar testigos de que había estado trabajando en relación de dependencia. Y esto era lógico, porque la responsabilidad de cobrar los aportes no es del trabajador, sino del Estado capitalista.

Con la reforma previsional de 1994 esto cambió, porque “ahora el trabajador controla sus aportes”, según machaca mentirosamente la propaganda oficial. Cuando el trabajador recibe el resumen de cuenta de la AFJP o de la ANSeS, debería verificar si ingresaron los aportes y, en caso contrario, realizar la denuncia ante la DGI.

Esta transferencia de la responsabilidad del control del Estado a los trabajadores es un hipocresía y una estafa. Es que el trabajador que denuncie a su patronal por evadir los aportes, no sólo se quedará sin la jubilación, sino sin el sueldo, porque será despedido en el acto.

De los 4 millones que sí tienen aportes, la inmensa mayoría se jubilará con haberes de miseria, porque en el mejor de los casos accederá a la mitad del sueldo. Nada que ver con el 82% móvil que marcaba la anterior ley previsional.

Esto es así porque la parte del haber que el Estado reconoce por los aportes anteriores se calcula como un porcentaje del sueldo promedio de los últimos 10 años, sin ajuste por costo de vida o aumentos salariales. Entonces, la base del cálculo se licua en un 40%. Por ejemplo, desde la convertibilidad, la inflación fue del 64% y los salarios subieron un 40%. A la hora de determinar la jubilación no se hace, sin embargo, el ajuste del salario a la inflación.

Además, la AFJP no garantiza ningún rendimiento a los aportes de los trabajadores. Si bien en estos años los rendimientos fueron positivos, no es esto lo que seguirá ocurriendo en los 20 o 30 años que faltan para que el trabajador acceda a la jubilación.

La ‘exitosa’ jubilación privada chilena, en los últimos años, ya ha tenido rendimientos… negativos.

Comisiones

Si el trabajador está en una AFJP, sus aportes sufren una doble poda. La AFJP le cobra, de entrada, una comisión del 42% sobre el aporte, sin garantizarle al trabajador un rendimiento sobre el resto de su aporte. Cuando se jubila, la AFJP o la compañía de seguro le cobra otra comisión, del 5%, sobre todo el capital acumulado, por darle la jubilación. Si se suman ambas comisiones, la comisión total trepa a la mitad del aporte.

En “Jubilación privada. La Bolsa o la Vida”, dijimos que “este sistema de determinación de las comisiones es un fraude penal porque grava el aporte en lugar de representar un descuento sobre el rendimiento generado por el aporte (…). Las AFJP obtienen un beneficio aun antes de haber logrado cualquier rendimiento para la cuenta del trabajador”.

Las AFJP, cobran esas suculentas comisiones, obtengan ganancias o pérdidas con el manejo de los aportes de los trabajadores. El riesgo lo corre el trabajador, nunca las AFJP, que en total se “levantan” unos 1.000 millones de pesos por año en comisiones.

La ineficiencia de la jubilación privada está indicada en un simple hecho. Por administrar 3.000 millones de pesos anuales, que son los aportes que recauda, las AFJPs cobran comisiones por 1.000 millones. La ‘vilipendida’ ANSeS maneja 20.000 millones y gasta sólo unos 350 millones por año, con los ‘curros’incluidos.

Con los autónomos la estafa suma otro tanto, porque el aporte es carísimo. Esto porque los autónomos no fueron beneficiados con la rebaja de los aportes patronales y tienen que aportar hayan estado o no en actividad y obtenido o no ingresos.

Cuando piden el beneficio jubilatorio, la DGI les calcula los aportes que no pagaron, y se los indexa al 3% mensual. De este modo, la mayoría de los autónomos se encuentra con deudas por más de 20 mil pesos que, como no las pagan, tampoco se jubilan.