El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, convocó el pasado martes 19 de julio a una reunión con las empresas que comercializan semillas. Allí, les adelantó que se está trabajando en un nuevo esquema de pago de regalías, con el supuesto de fomentar la innovación y la inversión en genética. Al respecto y dirigiendo un mensaje a los productores de cereales y oleaginosas, Domínguez dijo que “el uso propio (de semillas) no puede ser gratuito” (Infocampo 21/7).

El grito en el cielo de las patronales rurales

Al conocerse la noticia, las patronales del campo le saltaron a la yugular a los funcionarios nacionales del área. Es que “fracasado” el intento de una nueva ley de semillas, reclamada hace décadas por los monopolios biotecnológicos, la administración del presidente Alberto Fernández pretende a través de una resolución ministerial o Decreto de Necesidad y Urgencia empezar a compensar a los pulpos semilleros en su condición de obtentores.

Cabe aclarar que un obtentor es aquel que cuenta con un derecho de propiedad sobre la creación o mejoramiento de variedades vegetales para lo cual deben estar asentados en el registro del Instituto Nacional de Semillas, los mismos pueden ser un productor individual o una compañía semillera. En función de esto, exigen desde hace tiempo que aparte de las bolsas que les venden a los productores se le adicione un monto por la autoría genética de las mismas y evitar que se guarden una parte para posteriormente resembrar de manera independiente y eludir el pago de ese plus cuando las comercializan.

De acuerdo con lo informado por Infobae (24/7), la medida promovida por Obdulio San Martín (presidente del Instituto Nacional de Semillas Inase) se denominará “Compensación a la Innovación Tecnológica” y se aplicará a todos aquellos productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y comercialicen el producto obtenido.

El Inase designará la lista de especies que pasarán a estar gravadas por la nueva retención, que posiblemente serán soja y trigo. Según estimaciones de la Sociedad Rural, la compensación implicaría el pago de unos 300 millones de dólares anuales, de los cuales dos tercios recaerían sobre los productores de soja y el resto sobre los de trigo.

El borrador de la propuesta establece que la compensación a la tecnología y al germoplasma de las variedades vegetales protegidas será hasta el 1,5% del valor por tonelada del producto al momento de la comercialización. En caso de que la entrega del producto no implique su comercialización, la compensación se descontará al momento de dicho acto.

El proyecto establece que el acopio, la industria o terminal portuaria serán los encargados de descontar el porcentaje mencionado y transferirlo a una cuenta especial administrada por la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov), para hacer frente a los pagos de regalías correspondientes a cada uno de los obtentores de variedades registradas ante el Inase.

Un tema central de la medida es que un 10% de lo recaudado se destinará al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para financiar programas de investigación y desarrollo de germoplasma y tecnologías aplicadas. El 88% será derivado a obtentores de variedades vegetales protegidas y titulares de la tecnología incluida en ésta, y el 2% será para el Inase.

Por supuesto que el cacareo de la oligarquía rural no tiene que ver con que se van a fundir con la medida gubernamental (lejos de eso) sino que no se quieren perder ni un milímetro de la tajada que obtienen de las ganancias extraordinarias que genera el complejo agroexportador. Es una clara disputa de fracciones del capital agrario, más allá que “reconozcan” que a las semilleras les corresponda una “remuneración extra” por la propiedad de determinadas variedades genéticas de los granos que venden a los productores. El tema es que las patronales agrarias no quieren hacerse cargo de eso.

En cuanto al Estado, la gestión del Frente de Todos va a disponer de un generoso porcentaje de esos fondos, destinar una parte de ellos como divisas para afrontar el pago de la deuda externa y buscar cumplir con las exigencias ajustadoras del Fondo Monetario Internacional.

La excusa de la “bolsa blanca”

En consulta con la especialista Tamara Perelmuter, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Ecología Política desde América Latina (Geepal), sostuvo que la imposición de un canon simplifica la intención de las multinacionales como Monsanto o Syngenta de obtener ganancias siempre a partir de la resiembra.

Señaló que las empresas utilizan un discurso que confunde. Acusan al uso propio de provocar la ‘bolsa blanca’, esto es, un mercado de semillas que las compañías consideran ilegal. Pero la ‘bolsa blanca’ es generada por quienes venden esas semillas sin pasar por el registro de Inase y no por los agricultores que llevan a cabo la resiembra.

Además, el cobro de regalías es un aspecto que las multinacionales de la biotecnología aplicada al agro demandan desde hace varios años. La experta aclaró que, si bien la ley de semillas y creaciones fitogenéticas es de 1973, lo cierto es que tuvo modificaciones en 1991 por lo que no se puede decir que nunca fue actualizada. Y agrega que la ley vigente protege la propiedad intelectual a través del derecho al obtentor, algo diferente al sistema de patentes.

Este aspecto implica una protección de la propiedad intelectual para quien hace algún mejoramiento en la semilla, aspecto que queda asentado en el registro de cultivares. Pero la normativa contempla excepciones para ese derecho de autor. Con este cambio se busca, justamente, terminar con una alternativa que favorece a los agricultores.

Rematando, Perelmuter indica que el artículo 27 de la ley establece que los agricultores pueden comprar la semilla y luego guardar parte de la cosecha para una resiembra. Esto, sin pagar regalías. Es un derecho que rige para los productores. Las empresas buscan acotar ese uso propio. Con la excusa de que no obtienen retornos de inversión. De alzarse con el beneficio de las regalías extendidas, las compañías además de ganar con la venta de la bolsa de semillas se harán con fondos a partir de esa misma resiembra que se lleve a cabo a futuro (Revista Sudestada 23/7).

Un refuerzo a la colonización del agro

Semejante disposición derribará por completo un derecho ancestral largamente defendido por las organizaciones campesinas y pequeños productores que es el libre uso, retención y mejoramiento de las semillas.

La imposición del nuevo régimen tiene como base la exigencia de las empresas de biotecnología y agrotóxicos para acabar con la multiplicación de semillas entre los productores a cambio de presuntas inversiones multimillonarias. Según afirman, esos desembolsos se activarían una vez que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner garanticen a Syngenta, Don Mario, Nidera, Dow, Bayer Monsanto, Bioceres y BASF, una mayor recaudación a partir de cobros bajo el concepto de propiedad intelectual.

En las filas oficiales señalan que el pago del canon extendido redundaría en la liberación de nuevos eventos genéticamente modificados de soja. Con vistas a incentivar las cuentas fiscales, permitiría reducir la distancia respecto de Brasil en lo referente al mercado global de la leguminosa. En la actualidad, la nación que gobierna Jair Bolsonaro disputa con Estados Unidos el primer lugar en el podio mundial de los productores de ese cultivo.

Lo que se oculta en verdad, es que, a partir de la suba de costos generados con esta medida terminaría de extinguir a los pequeños agricultores y, en simultáneo, pondrá en riesgo terminal a los medianos productores en tanto estimulará una mayor concentración de la tierra en pocas manos y favorecerá –aún más– prácticas monopólicas o de cartelización en la producción de determinados insumos y alimentos (Ídem).

El actual gobierno nacional sigue sumando puntos en su orientación política de reforzar al agronegocio, con un Ministerio de Agricultura loteado por los agentes de las entidades ruralistas y las grandes empresas biotecnológicas. Como primer paso, debemos seguir el camino de la lucha y movilización independiente de los pueblos fumigados y los pequeños productores y campesinos organizados en defender la más elemental libertad del uso de sus semillas sin ningún condicionamiento de los monopolios capitalistas del agro.

En segundo lugar, una salida de fondo es la que brindara un gobierno de los trabajadores que sobre nuevas bases sociales establezca las medidas fundamentales como el control del comercio exterior, la nacionalización de los puertos, los bancos y las tierras en beneficio de un desarrollo productivo para las mayorías populares y en armonía con el ambiente.

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