La extensión del congelamiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural, bajo jurisdicción federal, hasta el 15 de marzo despertó la crítica de las empresas distribuidoras, las cuales esperan una liberación de las tarifas y un nuevo esquema prometido por el gobierno nacional. En él mientras tanto, las concesionarias parasitarias no han dejado de embolsarse millones de pesos por medio de subsidios y otros beneficios otorgados por el Estado.

A pesar de las restricciones oficiales a la suba de las tarifas, según estimaciones del Instituto Mosconi se produjo un incremento del 26% en dólares en los subsidios energéticos, llegando el año pasado a unos 5.951 millones de dólares, los cuales han sido trasladado al bolsillo de los trabajadores por medio de una trasferencia directa de recursos desde el Estado y/o con una mayor inflación.

En un comunicado de la asociación que nuclea a 47 distribuidoras eléctricas (Adeera), estas manifiestan el impacto de una inflación del 80% durante un periodo de dos años sin aumentos y la realización de supuestas “inversiones”, omitiendo los beneficios que reciben por parte del gobierno nacional.

También denuncian que “la energía no es gratis”, aunque para estas pareciera ser que sí lo es. Resulta que la empresa Cammesa –controlada por el Estado- le vende a las distribuidoras con un 60% de descuento, siendo que las empresas deben abonar el faltante. Sin embargo, como las tarifas se encuentran congeladas, las distribuidoras no pagan nada y el Tesoro Nacional quien cubre esos montos.

Esto ha generado una deuda entre las distribuidoras y el Estado de alrededor de $130.000 millones, los cuales “se supone” pagaran este año, no exentas de beneficios extraordinarios por medio de una moratoria.

Devaluación y crisis

A estos problemas se le adicionan los propios de la crisis energética y la acentuada devaluación del peso.

Se prevé que para el invierno podría haber una mayor demanda energética luego de un 2020 signado por una caída de la producción y de los precios internacionales de los combustibles por la pandemia. Lo que demandaría un incremento de las importaciones de gas debido a la insuficiencia de la producción interna.

El promedio del precio del gas pasó de unos 2,50 dólares el millón de BTU en 2020, a unos actuales 3,50 dólares, actualizados según los subsidios del Plan Gas a las patronales productoras. Pero aun así, las estimaciones prevén un total de 97 millones de m3/d de producción interna, cuando la demanda debería saltar en invierno de 130 millones a 180 millones de m3/d.

Por esta vía, se vuelve inminente la necesidad de que el gobierne nacional tenga que adquirir gas en el mercado internacional, a un precio que actualmente se encuentra bajo pero que podría escalar con tras un rebote luego de las restricciones económicas producidas por la pandemia.

Esto coloca al gobierno nacional frente a otro interrogante: su compromiso ante el FMI de reducir el gasto fiscal. Es que el Presupuesto 2021 prevé un sostenimiento del 1,7% del PBI en trasferencia al sector energético, pero el esquema de subsidios para el año demandaría un 3% del PBI.

Si el gobierno pretende seguir cumpliendo con el FMI debe proceder más temprano que tarde a un esquema de liberación de las tarifas, como ya estaba previsto para estos días y fue provisoriamente postergado. De todos modos, de no hacerlo, las empresas seguirán facturando millones por medio de trasferencias directas del Estado, solución menos probable vista la endeblez económica de las reservas del Tesoro.

En este cuadro, algunas provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Chaco, preparan distintos esquemas de aumentos de las tarifas de servicio en sus propias jurisdicciones.

No debe omitirse, tampoco, que una liberación generalizada de las tarifas haría estragos en las economías de los trabajadores e impulsaría aun más la suba de los precios y la inflación. Cuestión que tampoco se atenuaría con una remake de la “sintonía fina”.

La solución a este enmarañado sistema antiobrero de beneficios a las patronales es la apertura de los libros de toda la cadena de producción, transporte y distribución energética para la determinación de los costos reales y previo a la nacionalización bajo control obrero de los mismos, como salida de fondo contra futuros tarifazos y trasferencias directas de recursos a las patronales parasitarias.

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