El sobreseimiento de De la Rúa por la masacre de luchadores populares el 20 de diciembre de 2001, lejos de resolver el problema de la autoría de aquella represión criminal, lo agudiza. Es que si no fue ordenada por el Presidente, se trató de una acción parapolicial o paramilitar. Implica que en los organismos del Estado operan bandas entrenadas para el asesinato selectivo de luchadores, como bajo la dictadura militar. Cuando esto ocurre, también hay una cabeza institucional que se hace cargo de la responsabilidad de la faena.
Bajo el gobierno de De la Rúa, la de 2001 no fue la única masacre. El infeliz presidente debutó, en realidad, con un asesinato de luchadores en el puente Resistencia-Corrientes el día que asumió. Luego se encargó de ordenar a la Gendarmería la masacre de General Mosconi, Salta, en 2000. La figura de gobierno que aparecía como responsable en estas circunstancias era el entonces secretario de Seguridad, Arturo Mathov. Si Mathov operaba al margen de De la Rúa, se estaría admitiendo que la Alianza abrevó, como método de gobierno, en el lopezreguismo.

Si el juez Bonadío no está encubriendo al ex presidente con su fallo absolutorio, estaría dejando sin responder algo mucho más grave. Es absolutamente necesario que formemos un Comité Nacional de Esclarecimiento de los crímenes del 20 de diciembre de 2001 a escala nacional. Porque lo mismo ocurrió en las provincias; por ejemplo, en la que Reutemann gobernaba en ese momento.
J.A.

J. A.