El desmoronamiento de la salud pública es imparable. Los hospitales sólo atienden urgencias, mientras se cierran salas de internación y se suspenden cirugías. Los insumos básicos han dejado de ser provistos, aún en los miserables alcances del presupuesto, hace mucho tiempo. La especulación con los medicamentos es atroz, ya que aparecen “milagrosamente” una vez que aumentan sus precios (los pulpos pretenden justificar sus aumentos con la devaluación, pero las materias primas importadas no representan más que el 15% de sus costos).

El vaciamiento del hospital y la salud pública no es producto de una “emergencia” o una crisis coyuntural, sino el producto de una acción deliberada y conciente de los monopolios para consumar la privatización de la salud.

A este proceso sirve el desquicio deliberado del Pami y del sistema de obras sociales o la liquidación de las condiciones de trabajo de profesionales, técnicos y trabajadores de la salud.

Tenemos un ejemplo impresionante de esta política delante de nuestros ojos.

Pablo Challú ha sido nombrado secretario de Defensa de la Competencia, titular de la cartera responsable de impedir la remarcación de precios. Pero, ¿quién es Pablo Challú? El capo de Cilfa, la cámara de los laboratorios medicinales nacionales, responsables de uno de los rubros de mayor remarcación de precios en los últimos meses. El será el encargado, según Duhalde, de “un mayor control de precios”.

 

Un programa de salida

Frente a la crisis de los medicamentos, los gobiernos de Duhalde e Ibarra han propuesto producir remedios genéricos (no protegidos por la legislación de patentes). Pero los centros que podrían producirlos están desmantelados, y aun en el caso de que se avanzara en esta dirección sólo podrían abarcar medicamentos anteriores a 1995, año en que se sancionó la Ley de Patentes. Es decir, hasta un importante cierto punto, remedios obsoletos o “basura”.

El gobierno tampoco ha podido avanzar en la llamada “canasta de medicamentos”, un conjunto de 50 drogas básicas que serían ofrecidas por los laboratorios a precios de diciembre y cuyos componentes serían una “aspirina” en relación a las necesidades de los pacientes.

Por todo esto el PO entiende que no hay posibilidad de afrontar el vaciam iento de la salud pública sin afectar a los monopolios capitalistas. Por eso plantea (y así lo ha planteado en un proyecto de ley presentado en la Legislatura):

• Creación de un Laboratorio de la Ciudad habilitado para producir todo tipo de medicamentos, estén o no producidos en el país, cubiertos o no por la Ley de Patentes.
• Anulación de los aumentos de precios de los remedios, congelamiento.
• Decomiso de las existencias de medicamentos en poder de laboratorios y droguerías, estatización de la gran industria farmacéutica y puesta en marcha bajo control de los trabajadores.
• Ingreso y titularización de profesionales y personal, aumento de emergencia del 50%, ningún despido.

En definitiva, los monopolios de la salud o nuestros pibes y nuestros viejos. Convocamos a las asambleas populares y las organizaciones gremiales y profesionales a debatir este programa y tomarlo como bandera de lucha.