El incendio y muerte de trabajadores en un taller textil clandestino de Caballito, hace ya casi un año, puso a la vista de todos la situación laboral de miles de trabajadores de la Capital. El gobierno de Telerman clausuró cientos de talleres textiles clandestinos dejando en la calle a sus trabajadores, casi en su totalidad en negro, inmigrantes sin documentos. A la pérdida del empleo se sumó la de la vivienda, ya que la mayoría vivían en los talleres.

 

Los talleres que quedaron se mudaron, al Gran Buenos Aires o, incluso, a otros barrios de la Capital.

 

Muchos volvieron a abrir, amparados por la Policía Federal y la Policía de Trabajo, con la modalidad de “cooperativas de trabajo”, cuya presidencia siempre está en manos del tallerista. Detrás de estas cooperativas truchas, sigue la misma relación laboral negrera.

 

La explotación creció en los talleres. Tenemos que hacer el mismo trabajo que antes, con menos personal, por la misma paga. Estamos más extorsionados que antes por la amenaza de despido. Las condiciones de seguridad laboral siguen igual. Seguimos viviendo, estudiando y trabajando en la ciudad de Cromañón, donde prevalece la ganancia empresarial sobre la vida de la gente.

 

Debido a las inspecciones, para trabajar en los talleres, ahora casi siempre piden documentos. Presionado por las masivas movilizaciones de costureros e inmigrantes después del incendio de Caballito, el gobierno nacional lanzó un programa para facilitar la documentación de inmigrantes. Sin embargo, los límites del plan “Patria Grande” son enormes: colas interminables toda la noche, meses de demora, innumerables casos de estafa (el trámite es gratuito, pero muchos punteros y ONGs le han sacado plata a la gente). Después de todo esto, sólo se garantiza la residencia precaria por dos años. No se puede continuar el trámite porque en migraciones sólo están haciendo “precarias”. Durante el año pasado, el Polo Obrero de la Capital organizó a cientos de inmigrantes en la Asamblea de Inmigrantes en el Polo Obrero, arrancándole al gobierno más de mil precarias. Está planteado seguir organizando a miles de trabajadores indocumentados para obtener la documentación definitiva y gratuita.

 

Telerman exige la documentación al mismo tiempo que la niega. Esto es parte de una política consciente del gobierno para defender las ganancias de la industria textil y de las grandes marcas de ropa que tercerizan el trabajo en los talleres clandestinos. Luego venden las prendas en los shoppings 300 veces más caro de lo que se paga la prenda al costurero. Para la patronal textil (también de la construcción y otros rubros) y el gobierno, el inmigrante indocumentado es mano de obra barata, por trabajar en negro ante la situación de ilegalidad. Sin derechos laborales, debe trabajar 15 horas por día por un plato de comida, en condiciones infrahumanas, sin ninguna posibilidad de reclamo.

 

Para mantener esta situación necesitan trabajadores desorganizados y divididos del resto de los trabajadores por su condición de inmigrantes.

 

El Partido Obrero plantea el pase de los trabajadores costureros a las empresas de origen para las que los talleres fabrican; cumplimiento de los convenios colectivos, horas de trabajo, horas extras, pago en término; documentación inmediata para los trabajadores inmigrantes; plan de vivienda para los trabajadores de la costura que viven con sus familias en los talleres.