El asesinato de Cristian Ferreyra, la conmoción, los pronunciamientos y movilizaciones realizadas para reclamar juicio y castigo han puesto en crisis todo el andamiaje que el zamorismo ha montado en la provincia en los últimos años para favorecer a los sojeros, ganaderos y, en general, a todos los poderosos de la provincia. Por eso, si en un primer momento prefirió guardar silencio, ante la repercusión de los hechos ha reaparecido en la escena para defender su política. Para darle mayor impacto, lo hizo acompañado de la mujer de Cristian Ferreyra -quien fue cooptada y aparece bendiciendo las acciones del gobierno para resolver el caso. En ese mismo marco, también hizo su aparición Jorge Ciccioli, el empresario que mandó a matar a Cristian, presentándose detenido en un juzgado de la capital, bajo la imputación de ser partícipe secundario del crimen y con la coartada de que, ese día, no se encontraba en la provincia.

Están preparando el escenario para que sólo los perejiles sean procesados y, eventualmente, condenados. Zamora hizo hincapié en la inexistencia de las guardias blancas, reconoció que existen problemas con las tierras, pero los presentó como una suerte de “conflicto por tierras entre gente humilde” e incluso familiar. El matón que asesinó a Cristian era su cuñado, pero este matón actuó contratado por Ciccioli, a quien le fue recomendado por el intendente de Monte Quemado.

Zamora es consciente de que su política ha quedado cuestionada y resquebrajado todo el andamiaje de cooptación y concertación con las organizaciones campesinas. Da testimonio de ello el Grupo de Sacerdotes en la Opción por los Pobres. En una carta abierta a la presidenta Cristina Kirchner, le dicen que “con la misma libertad con la que aplaudimos su triunfo electoral, hoy nos atrevemos a pedirle que toda la ‘maquinaría´ del Estado esté al servicio de las víctimas” y que “nadie se sienta, por su cercanía al gobierno, impune. Porque todo esto tiene su origen en gobiernos provinciales que dicen ser afines al nacional”.

En función de ello decidió un conjunto de medidas que tienen el propósito de recomponer la mesa de diálogo con las agrupaciones campesinas y, en paralelo, desatar una acción para impedir que, como último recurso, los campesinos se armen para autodefenderse de las guardias blancas. El gobierno promete la suspensión en todo el ámbito del territorio provincial, por el término de 180 días, a las autorizaciones de planes productivos que involucren actividades de desmonte. También forma una comisión, integrada nada menos que por la policía de la provincia, más el Comité de Emergencia, la Dirección de Bosques, Escribanía de Gobierno y otros, para constatar la existencia de armamento en manos de civiles. Por último, anunció una audiencia con las autoridades de la Justicia, pero no con el gobierno.

Zamora parece que echara lastre, pero no es así. Sigue firme su apoyo a los sojeros, ganaderos y poderosos de Santiago.

La respuesta tiene que ser profundizar y extender la movilización popular, para que todos los responsables del crimen de Cristian vayan a la cárcel, para que se investiguen todas las denuncias de las organizaciones campesinas y de los pobladores, por el desmantelamiento de las guardias blancas, por la devolución de todas las tierras usurpadas a los campesinos pobres e indígenas.