La lucha que vienen desenvolviendo los vecinos de los distritos de San Isidro y San Martín organizados en la Asamblea por el Túnel de Sarratea continúa ganando la calle en reclamo por la finalización inmediata de las obras del nuevo paso bajo nivel sobre Avenida Sarratea y las vías del Ferrocarril General Belgrano Norte.

Este lunes un grupo de vecinos de la Asamblea se movilizó a la Municipalidad de San Isidro para dejar las más de 2000 firmas que se juntaron en una campaña de agitación pública y un pliego con los pedidos específicos sobre el deterioro urbano. La presencia policial en las inmediaciones del edificio municipal pretendió intimidar la acción de los vecinos. Mientras una delegación de la Asamblea ingresó con los reclamos, el resto se quedó afuera, con banderas y pancartas, repartiendo folletos explicativos sobre la situación, finalizando con un “semaforazo” sobre Centenario y Av. Márquez. Esta movilización fue precedida por otra, de características masivas, el jueves pasado por el centro de Boulogne. Cada una de las iniciativas son discutidas e impulsadas en la asamblea de vecinos, método sobre el que se sostienen la organización y la lucha.

La obra, que implica una solución inmediata sobre una arteria fundamental de circulación, planificó realizarse con fondos provinciales y la licitación estaría a cargo del municipio sanisidrense. El gobierno provincial de María Eugenia Vidal, tanto como los intendentes Gustavo Posse y Gabriel Katopodis, de Cambiemos uno y de Unidad Ciudadana-PJ el otro, son los responsables del estado de total abandono de las obras.

Tal como señalamos en un artículo anterior, las consecuencias del cese de las obras, que implica un desfalco de los fondos públicos presupuestado, son muchísimas y de extrema gravedad para la población de los distritos lindantes. Muchos comerciantes de ambos municipios cerraron sus puertas y quedaron sin empleo gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, empleados de estos locales. Los vecinos señalan con preocupación el aumento de la inseguridad en un cruce que no posee luminaria ni ninguna señalización: no sólo aumentaron las denuncias de robos, sino, tremendamente, los acosos a mujeres, especialmente las más jóvenes. Los pozos y zanjas sin cubrir, los fierros sueltos y los múltiples desniveles generan una zona de alta insalubridad (criadero de mosquitos y ratas, polvillo constante de la obra), que golpea la vida de niños, ancianos y personas con movilidad reducida.

Hacer un seguimiento del historial de la licitación desnuda el negocio millonario con que se benefician los especuladores de la obra pública. La obra se licitó en febrero de 2017 por más de $165 millones a Centro Construcciones S.A. con una ampliación presupuestaria de $ 65 millones dos meses después (ver boletín oficial Nº 972 y 976 de la Municipalidad de San Isidro). El nuevo cálculo arrojará una nueva cifra millonaria.

En un artículo recientemente publicado en Tiempo Argentino (27/1), se revean mecanismos similares de desvío de fondos de la obra pública, esta vez en la construcción de un plan de viviendas sociales, en el barrio Martín y Omar y La Cava. Fue un abogado arrepentido, trabajador municipal con 35 años de antigüedad, el que denunció al intendente Gustavo Posse, junto a empresarios de su camarilla y otros funcionarios, por “asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada”. Un verdadero sistema creado en beneficio de los capitalistas del espacio público.

Este desfalco con la obra pública envuelve por igual a todas las fuerzas políticas patronales.

Desde el Partido Obrero exigimos la inmediata finalización de la obra de la avenida Sarratea. Deben abrirse los libros de las empresas constructoras y financiarse las obras con un impuesto a los grandes grupos económicos que operan en nuestro distrito. Esta lucha debe comprenderse en el cuadro más general de la política de los gobiernos municipales, que actúan acorde con los intereses y exigencias de Vidal y Macri. Por eso, su reivindicación debe empalmarse con las de defensa del espacio público, contra la especulación inmobiliaria y por un plan de viviendas y urbanización bajo control de los vecinos, ofreciendo trabajo a los desocupados de los municipios.