Con la denuncia de los sobornos en la Cámara de Senadores para la aprobación de le ley de reforma laboral, el régimen encabezado por los ‘éticos’ y ‘transparentes’ aliancistas ha entrado en una crisis irreversible. Ha quedado en claro que radicales y frepasistas no se diferencian un ápice de los menemistas, y que sin la corrupción no pueden gobernar. El propio funcionamiento del Estado está cuestionado, y objetivamente paralizado, desde el momento en que las denuncias alcanzan, además del Congreso, a ministros y al jefe del Servicio de Inteligencia, todos ellos miembros del Poder Ejecutivo, y al propio De la Rúa.

Los sobornos que se ventilan tuvieron un objetivo muy específico: que pasara una ley de reforma laboral abiertamente repudiada por los trabajadores argentinos en dos masivos paros generales. Los patrones y los funcionarios pretendieron chantajear a los trabajadores diciendo que no se podía hacer paros ‘contra las leyes y las instituciones de la democracia’. Pero esa ley no es ‘hija de la democracia’ sino de la coima y del soborno. La reforma laboral antiobrera es, por lo tanto, una incuestionable nulidad jurídica que debe ser derogada de inmediato.

Con el Congreso paralizado por las denuncias, el régimen de los coimeros pretenderá gobernar mediante decretos de ‘necesidad y urgencia’, en el más puro estilo menemista. El régimen del decretazo es el de la confiscación económica de la población trabajadora en benficio del FMI, de los usureros externos y los explotadores nativos.

El escándalo del Senado es la expresión manifiesta del fracaso de la restauración constitucional de 1983. Antes de llegar a un grado tan elevado de putrefacción, el régimen constitucional y sus partidos pasaron por el reconocimiento y blanqueo de la deuda externa contraida bajo la dictadura y su acrecentamiento; por la impunidad de los genocidas de la dictadura; por el ‘gatillo fácil’ y los ‘crímenes de Estado’ (Amia, Cabezas, María Soledad); por la entrega de las riquezas nacionales y la liquidación de las condiciones de vida y de trabajo de las más amplias capas de la población trabajadora y explotada. Ha quedado demostrado que la opresión imperialista y la explotación capitalista son incompatibles con la efectiva democracia.

La envergadura de la crisis exige, objetivamente, una Asamblea Constituyente electa que reorganice política, nacional y socialmente al país. Que tome a su cargo el gobierno de la Nación; que reestructure integralmente su sistema político, haciéndolo directamente responsable ante los electores; que permitan que la Nación tome en sus manos el manejo de los recursos estratégicos, previsionales y financieros fundamentales; que pare en seco el saqueo de los usureros internacionales; que derogue toda la legislación antiobrera de las últimas décadas y eleve sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de los explotados.

De cara a los trabajadores, el Partido Obrero ofrece un programa y una salida.