Políticas

26/11/2021

Sin cuotas para viajar al exterior, una medida improvisada ante la bancarrota nacional

La merma en las reservas responde a la fuga de capitales que el gobierno promueve.

El Banco Central acaba de prohibirle a las tarjetas de crédito vender pasajes, alojamiento y servicios turísticos en el exterior en cuotas. La medida busca desalentar los viajes al extranjero, y, de este modo, intentar reducir la demanda de dólares en pos de preservar las menguadas reservas locales.

La resolución de ninguna manera afecta los intereses de los capitalistas, donde la compra de pasajes en un solo pago no reviste dificultad, sino que perjudica a los sectores medios y a la clase obrera. De esta manera, la posibilidad de conocer otras partes del mundo se aleja cada vez más del alcance de los trabajadores.

Pero por sobre todas las cosas, la nueva restricción pone en evidencia el empantanamiento del gobierno, signado por la escasez de divisas en el Banco Central. Las reservas de libre disponibilidad se encuentran en estado crítico ya que no superan los USD 500 millones (La Nación, 26/11). El cuadro se vuelve más delicado aún teniendo en cuenta que el oficialismo se dispone a pagarle al FMI USD 1.800 millones en diciembre (lo cual insumirá los fondos restantes provenientes de los DEGs), USD 738 millones en enero y USD 379 millones en febrero 2022, mes en cual también figura el vencimiento por USD 195 millones con el Club de París.

Ahora bien, ¿Cómo se explica que habiendo obtenido un superávit comercial de USD 13.940 millones en los primeros diez meses del año -fruto del auge exportador- la situación de las reservas líquidas sea tan lapidaria? Resulta que, a pesar del cepo cambiario, la fuga de capitales, a través de distintos mecanismos, ha sido incesante. Por ejemplo, el gobierno ha salido a vender, en el transcurso de un año, USD 2.500 millones para intentar contener la cotización del dólar financiero y mitigar las presiones sobre el tipo de cambio oficial.

A su vez, solo entre enero y septiembre 2021 se desembolsaron USD 3.897 millones en concepto de intereses de deuda -tanto pública como privada-, y, sumado a eso, se pagaron USD 1.884 millones al FMI en concepto de capital, USD 3.696 millones a acreedores privados y USD 1.061 millones a otros organismos financieros. Por su parte, en ese período la formación de activos externos (dinero que los residentes argentinos recluyen en el exterior) alcanzó los USD 1.870 millones (Clarín, 6/11).

El gobierno se apresta a profundizar este drenaje desde el momento que subordina su política al rescate de la deuda. Por otra parte, el acuerdo con el FMI cumple el objetivo de contraer nuevos préstamos en dólares para pagar viejos, perpetuando este esquema de saqueo. Asimismo, tratándose de una deuda impagable, dicha reestructuración extenderá por décadas la tutela del Fondo sobre las cuentas nacionales y la economía del país.

A la luz de este escenario, el levantamiento del cepo cambiario sin dudas derivaría en una corrida mayor, lo cual colisiona con la exigencia del FMI de que el gobierno cuente con los dólares disponibles para afrontar los vencimientos de deuda. Por otro lado, no levantarlo entra en choque con las aspiraciones de un sector de la clase capitalista que exige como condición para revertir la huelga de inversiones la libre disponibilidad de divisas y así poder girar sus ganancias al exterior con mayor facilidad. Este es el motivo por el cual los regímenes de incentivos fiscales para petroleras y el capital agrario presentados en el Congreso no despertaron demasiado entusiasmo entre las patronales de dichas ramas.

En esa misma línea, las trabas a las importaciones crean otro foco de tensión entre el gobierno y parte del empresariado, a la vez que agravan las tendencias recesivas. Como vemos, la impasse de la política gubernamental está dada por las contradicciones que encierra el rumbo económico adoptado. Las improvisaciones constantes en materia cambiaria dan cuenta de ello.

Es necesario avanzar en una transformación profunda poniendo fin a la sangría de divisas imperante y orientando el ahorro nacional en el desarrollo productivo y las necesidades populares. La nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior, la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria son medidas fundamentales para edificar esta perspectiva.