El diario Clarín presentó un informe especial a cargo del periodista Ismael Bermúdez, que sobre la base de la manipulación de cifras y porcentajes (sobre cuya veracidad no haremos eje), sacadas de un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, termina sentenciando que “6 de cada 10 argentinos recibe un cheque del Estado” y hace aparecer a 27 millones de habitantes de este país viviendo de los fondos públicos. En momentos en que se discute reducir el “déficit fiscal”, el artículo de Bermúdez pone el acento sobre lo que el Estado “gasta” en jubilaciones, becas, asistencia para discapacitados, la AUH, el IFE e incluso la ATP. Ni Clarín, ni el autor del informe ni el gobierno hablaron sobre los fondos que se pierden por la especulación con el pago de intereses de las Leliqs (360.000 millones de pesos en los primeros 6 meses de este año), o los de la usuraria deuda, etc. Desde el título al desarrollo, el objetivo reaccionario de este “informe” es inocultable.

La manipulación más grosera es en relación a las jubilaciones y pensiones. El informe reconoce que 21,4 millones de los pagos (“cheques del Estado”) corresponden al sistema previsional, más aun, aclara que 7,7 millones se pagan con contribuciones que hicieron a lo largo de su vida laboral los propios beneficiarios. ¿Por qué entonces sumarlos como un gasto, como una erogación de las arcas del Estado?

Bermúdez aclara que 13,7 millones de los “cheques” corresponden a aquellos que no pudieron completar los años de aportes requeridos y terminaron accediendo a la jubilación mediante moratorias (o sea pagando de sus propios haberes). Él sabe muy bien que en todos los casos los fondos surgen de la Anses, que se nutre fundamentalmente de los aportes de los trabajadores registrados (y luego las moratorias) ya que ha habido un sistemático desfinanciamiento de las cajas jubilatorias desde la dictadura militar con Martínez de Hoz hasta la megaley de Alberto Fernández que votó el actual Congreso eximiendo de su aporte (o disminuyendo drásticamente) a las patronales. Omite que ese vaciamiento se ha profundizado en 2020; cada vez son más las empresas eximidas de los aportes patronales pero se agrega que en función de atender los reclamos salariales se quedan con el aporte de los trabajadores también.

Esos 13,7 millones de “beneficios” son el reconocimiento de que millones de trabajadores transitaron gran parte de su vida laboral como no registrados, fueron víctimas de fraudes laborales amparados por el Estado o de la recesión e incluso de persecuciones políticas o gremiales. Sin embargo el Estado no se hace cargo de la irregularidad que, por acción u omisión, él mismo alentó, se les cobra una moratoria y la inmensa mayoría termina con una jubilación en la línea de la indigencia.

Con el mismo ángulo debemos considerar el IFE (que además es una cifra miserable) ya que la mayoría de los que lo reciben son trabajadores “informales”, como el 44% de la población económicamente activa, pero que son los que producen y trabajan para conformar el PBI, es decir, que crean la riqueza de este país. ¿De dónde salen los fondos para pagar el IFE? Nuevamente de la Anses; no sale de rentas generales, de los impuestos (que en su inmensa mayoría pagan los trabajadores y no los capitalistas), lo mismo que sucede con la AUH y la mayor parte de los llamados beneficios y planes sociales.

Otra manipulación del “informe especial” es considerar que los beneficiarios de las ATP son los trabajadores que la reciben, cuando en realidad es un subsidio a las patronales, las cuales en muchos casos las utilizaron como parte del pago de los salarios de aquellos que cumplían sus tareas en forma normal. Además las ATP las recibieron empresas como Techint, Coca Cola, etc. que tienen espaldas más que suficientes para sostener a sus trabajadores en el medio de una pandemia, pero Bermúdez invierte la carga y los pone a los trabajadores como beneficiarios.

El FMI tiene quien le escriba

El objetivo del artículo es hacer aparecer a millones de trabajadores (en su inmensa mayoría pobre) como parásitos del Estado. Como se trata del 60% de los argentinos no estamos ante un problema sectorial o particular. Pero la realidad es exactamente al revés, son los trabajadores quienes sostienen al Estado. Y por varias vías.

La mayor parte de la carga tributaria recae sobre el consumo que fundamentalmente lo pagan los trabajadores porque en su mayoría termina dedicando al consumo el 100% de sus ingresos, los que vía el IVA, ingresos brutos, tasas municipales, impuestos a la vivienda, impuesto a los combustibles que termina volcándose a los precios, etc. dejan en las arcas del Estado el 50%. En Argentina el “primer día libre de impuestos” para un trabajador es el 1°de julio, o sea, la mitad del año trabaja para el Estado sin una retribución equivalente (la salud y la educación privatizadas, la obra pública escasa y a la merced de los negociados, ausencia de planes de vivienda, etc.). Y ahí no está contemplado el impuesto a las ganancias sobre el salario, la llamada 4° Categoría, que se está convirtiendo en el porcentaje más importante de lo que se recauda por ganancias, y no porque los salarios hayan crecido (en términos reales) sino porque cada vez menos empresas tributan en ese rubro.

Como si esto no alcanzara, todos los gobiernos han metido la mano en los fondos de la Anses (o de las cajas provinciales), que no son fondos del Estado sino de los aportantes (trabajadores en actividad) y de los jubilados; el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está siendo saqueado para beneficio de los capitalistas y de los buitres. Por eso mantienen intervenidos todos los organismos previsionales que deben estar en mano de sus legítimos dueños.

Bermúdez, con su “Informe especial”, escribió los “fundamentos” para los proyectos de reforma previsional, del “salario (de indigencia) universal”, y a su turno para la elevación de la carga impositiva sobre los trabajadores. Cuando están por empezar las negociaciones con el FMI, que viene con un “programa” basado en un brutal ajuste sobre las condiciones de vida de la inmensa mayoría del pueblo que habita este país, el aporte no es menor.

La conclusión es clara: el “Informe” tiene un indisimulable objetivo político. Para completarla se suma a la campaña, a la cabeza de la cual está el macrismo y varios medios (entre ellos Clarín), de agitar que Argentina camina a emparentarse a Venezuela y blanquea a los gobiernos hambreadores de América latina en una frase: “de hecho Argentina es uno de los pocos países de la región -a excepción claro de Venezuela- que no logró mejorar sus indicadores de pobreza e indigencia en la última década”. Sin embargo no ha merecido una crítica ni una delimitación por parte del kirchnerismo, tan proclive a ver en cada lucha obrera una acción funcional a la derecha.

Este operativo político antiobrero será enfrentado por los trabajadores como parte de la lucha porque la crisis la paguen los capitalistas que es exactamente lo opuesto de lo que Clarín, el FMI y el gobierno de los Fernández buscan.