La Cámara de Diputados aprobó una modificación del Código Penal relativa al artículo que penaliza la producción y comercialización de pornografía infantil e incorpora la figura de la portación de imágenes como penalizable. Contrariamente a lo que ha se difundido entre algunos medios, esta reforma no servirá para avanzar ni un centímetro en el combate a esta industria y a la extensión de esta práctica aberrante en la sociedad.

El negocio de la pornografía infantil mueve 250 millones de pesos anuales en nuestro país. Sin embargo, las iniciativas y reformas legales propuestas en Diputados no se orientan a desmantelar las redes de trata y producción de pornografía infantil y por lo tanto no apuntan contra “la cultura” cada vez más extendida de este tipo, expresión de la barbarie social, que está en aumento.

La reforma en curso mantiene todos los delitos relacionados con la pornografía infantil en la escala de lo excarcelable, por debajo de las penas previstas en el Código Penal, por ejemplo, para el robo de ganado. El ´punitivismo light´ en este caso habla de la protección que el propio Estado brinda sobre este negocio. ´Mano dura´ para matar pibes, por manifestarse o para sancionar el robo de una vaca, pero mano blanda para quienes cometen la peor de las miserias humanas, que condicionan a toda una sociedad. El 20% de las niñas padecen abuso sexual infantil según Unicef y parte de esas agresiones es también convertida en pornografía, un negocio que colaborará, a su turno, en reproducir la misma conducta aberrante. El caso Independiente es la punta de un iceberg que incluye una extendida red que partiendo de un caso de abuso pone en evidencia un enorme negocio. Para estas redes que se multiplican no faltan instrumentos jurídicos, sino voluntad política de ir sobre ellas. Si el Estado hubiera seguido la ruta del dinero y de las publicidades es muy posible que se hubieran evitado muchísimos abusos perpetrados por esta red. 

La impunidad de la Iglesia Católica al respecto de su responsabilidad sobre la repetición de abusos al interior de su organización, es otro caso frente al cual más que la ausencia de recursos jurídicos lo que prima es la complicidad política no sólo con los abusadores sino y fundamentalmente con el encubrimiento.

En concreto, la reforma aprobada no dice una palabra respecto del desmantelamiento de las redes de producción de material pornográfico y explotación sexual infantil, del seguimiento de la ruta del dinero que genera el mismo, de la confiscación de bienes, el desmantelamiento de los circuitos (hoteles, clubes, casas privadas) donde se explota sexualmente a menores. La industria del turismo sexual infantil y los capitalistas que están detrás de este negocio salen indemnes con la nueva ley. Calificarla como una ley de “combate” a la pornografía infantil es, por lo menos, pretencioso. Esta proclamación altisonante de parte de sectores gobernantes está destinada a ocultar, encubrir y permitir que continúe este flagelo que se descarga sobre la niñez. Nuestra abstención, que no alteró la votación favorable de la ley, pone de relieve esta maniobra.

En cuanto refiere a la producción y comercialización de pornografía infantil, la reforma mantiene el carácter excarcelable del delito, incrementado la pena la máxima de 4 a 6 años.

Este es el status que la reforma aprobada le da al delito de la explotación sexual infantil –que condensa los mayores agravios que una persona pueda sufrir. Ni siquiera alcanza el nivel de ´demagogia punitivista´.

En lo que respecta a la tenencia de pornografía infantil “con fines inequívocos de distribución o comercialización”, siguen corriendo también penas excarcelables. Dicha actividad es tomada de manera absolutamente liviana. La reforma en este punto es la nada misma, incrementa la pena mínima en dos meses: antes era de 4 meses a 2 años, ahora pasa a ser de 6 meses a 2 años. El Estado no tiene ninguna otra iniciativa para evitar el incremento de la pornografía infantil y de la pedofilia. Ni siquiera asiste a las víctimas.

En esto consisten todos los cambios. Las modificaciones de las penas son mínimas e incorpora la tenencia de imágenes “a sabiendas”, no hay combate especial en la producción y comercialización y mucho menos en el Estado mismo, en los vínculos con el sistema bancario, el blanqueo de capitales y demás pesquisas económicas para cuando la conducta delictiva se transforma en negocio. Será, por otra parte, tarea de esta justicia y de este Estado que promueven y/o encubren este negocio, y a los abusadores dictando decenas de revinculaciones entre niños, niñas y abusadores establecer ese “a sabiendas”. 

Los que gobiernan evitan, lavándose la cara con esta reforma inocua para los consumidores y directamente amnistiadora de los comerciantes y productores, tocar el negocio, que le da muchos beneficios al Estado en crisis económica, en crisis de balanza comercial y de liquidez económica. Los beneficiados de este negocio han blanqueado sus capitales gracias a la iniciativa del gobierno. Si la abstención sirve para que este señalamiento no se pase por alto, entonces estamos en presencia de un enorme aporte político.

No hay, por parte de los partidos capitalistas, promotores de esta enmienda, ninguna voluntad política de avanzar por este camino. Vale recordar cuando Cristina presentó

como un gran progreso contra la trata haber eliminado el rubro 59 de los anuncios clasificados de Clarín –utilizados para publicitar prostitución–, pero omitió que en esa publicidad se encontraba todo lo necesario para desbaratar el negocio y mintió diciendo que con esa medida se luchaba contra la trata. Hoy se pueden ver que aquella demagogia sirvió para seguir protegiendo el negocio de la prostitución, la trata no retrocedió y los negociantes y el estado siguen haciendo de las suyas.

Años atrás, una filtración de la Policía Federal delató que había más de 5.000 niños prostituidos en la Ciudad de Buenos Aires, algunos reclutados de la esquina de la Villa 21 entre los niños y niñas más empobrecidas, negocio en el que participaba directamente la policía, como es sabido, pero nunca fue castigado.

La función de la abstención de nuestra bancada fue llamar la atención a los trabajadores sobre el hecho de que la ley votada no servirá para avanzar un centímetro en el desmantelamiento de las redes que lucran con la pornografía infantil y tampoco contra los individuos. El voto en un parlamento es un instrumento de lucha política, no de mera gestión estatal. Nuestra abstención fue una demarcación de posiciones con el régimen responsable del abuso de menores, y aunque debimos soportar una campaña contraria, nos permitió desenmascarar en la medida que lo permite el monopolio capitalista de los medios de comunicación que estamos ante una ley más que benévola con los abusadores de menores.

Avanzaremos en proyectos e iniciativas para castigar a la pornografía infantil y la pedofilia por parte de nuestra banca para atacar las bases sociales de esta profundización de la barbarie y continuar denunciando maniobras y la utilización parlamentaria de los encubridores de esta miseria social que está en aumento.