En una entrevista realizada por Martín Piqué (Tiempo Argentino, 26/5), Alberto Fernández sinceró una posición y adelantó su política de gobierno para los medios: “La comunicación es un negocio”. A partir de esta tesis, el flamante candidato del kirchnerismo declara que “la guerra se terminó”, que “los derechos empiezan a adquirirse” (en respuesta a la fusión Cablevisión y Telecom), que “no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial” y que “ese fue uno de los errores de la Ley (de Servicio de Comunicación Audiovisual)”. Como Macri con los decretazos, a Fernández le bastó una entrevista para sepultar toda ilusión de “volver” a la “lucha contra los medios hegemónicos”.

Pero ¿hubo una guerra?

Las sentencias de AF parten de un supuesto: que hubo efectivamente una guerra contra las corporaciones mediáticas. A juzgar por los resultados, tras la implementación de la ley de SCA (durante el período 2009-2015), el sistema de medios y telecomunicaciones mantuvo un altísimo nivel de concentración monopólica y de concentración. La “guerra” –frente a la cual AF declara una rendición a la japonesa- no fue más que un caballito de batalla por la desmonopolización. Las amenazas de estatizar Papel Prensa SA (el negociado sellado con sangre por los diarios La Nación y Clarín) y hasta las más módicas propuestas de adecuación (del grupo de Magnetto pero también de los restantes) se disolvieron en el aire. Incluso, la ley de Argentina Digital (2014) o ley de las telcos anticipaba el fin de la “guerra” y una rendición incondicional ante los hechos que, según el refrán repetido por Cristina Fernández, no pueden taparse con las manos.

Este escenario fue el que recibió Macri, una de cuyas primeras medidas de gobierno consistió en el  desguace de la ley de SCA (en particular, la cláusula de desinversión), a partir de lo cual desplegó una política de concesiones y beneficios en favor de los pulpos telefónicos (Telefónica, Telecom), las compañías multinacionales (Viacom, DirectTV) y el grupo Clarín. “Es un negocio”, podría haber concluido Oscar Aguad, el ministro de comunicaciones que renunció apenas terminó de asegurar la más grande fusión mediática de nuestra historia, la de Telecom y Clarín, esa que, para Alberto Fernández, ya consagró sus “derechos adquiridos”.

El error de la Ley 

Para el primer Fernández, el error de la Ley fue la asignación del 33% del espacio audiovisual a los medios sin fines de lucro. Es decir, el aspecto que, declarativamente, prometía una “ampliación de derechos” a todas aquellas experiencias comunicacionales que, desde hace décadas, desarrollan una intervención en los medios sin reconocimiento legal, expuestos a la penalización o la incautación de equipos, obligados a una creciente marginalidad. La realidad, es cierto, fue bien distinta. La regularización del 33% avanzó poco y nada, entre otras razones, porque el informe técnico del espectro nunca se presentó y porque las licitaciones se frustraron repetidamente ante exigencias propias de medios capitalistas antes que medios populares. Incluso, al cierre del gobierno de CFK, todavía quedaban pendientes algunos derechos que hoy siguen reclamando algunos medios: por caso, la inclusión en la grilla de las empresas cableras. Un derecho que motivó una protesta contra Cablevisión por la cual –un verdadero escándalo- son procesados periodistas. Con todo, en torno al 33% se organizó un amplio sector del activismo mediático que hoy, al leer las declaraciones de Fernández, puede concluir que el candidato opositor firmó la paz… con ellos afuera.

A dónde va el sistema de medios

La crisis del sistema de medios y telecomunicaciones es indisimulable. Cierres de empresas, miles de despidos, profundización de la superexplotación y precarización laboral. Los medios públicos, a los que Cambiemos venía a rescatar de un supuesto “chavismo” comunicacional, han sido vaciados a fuerza de despidos y asfixia presupuestaria.

Macri o su relevo no pueden garantizar más que la profundización de este ataque. Las confesiones del candidato del kirchnerismo, por su parte, van por el camino de asegurar los “derechos adquiridos”, que nunca son los de los trabajadores sino los de las corporaciones. Para quienes apuestan a resolver ahora la contradicción principal (hay que sacar a Macri) para disimular la lista de otras contradicciones (desde la continuidad del pago al FMI hasta la prohibición del aborto) convendría recordarles que en el tema de las comunicaciones no hay contradicción alguna entre los candidatos. Business is business, dice el ¿ex? lobista, adelantando una política comunicacional que es al mismo tiempo una política de Estado.

Es en la creciente organización de los periodistas y telefónicos y en su persistente lucha durante este largo período (con movilizaciones, ocupaciones, puesta en funcionamiento de medios) donde se prepara la única salida en defensa del derecho a la comunicación y los derechos de los trabajadores.