Aunque en el Ministerio de Planificación digan “Ese tema ya pasó” o que es un “asunto entre privados”, las maniobras del gobierno para desligarse de las coimas de los gasoductos del Norte y del Sur colaboran en potenciar el escándalo. Skanska reconoció que también pagó coimas por el Gasoducto del Sur (casi 6 millones). Y los directivos de la multinacional brasileña Odebrecht SA dijeron a la Justicia que ganaron la licitación recién después de comprometerse a tercerizar la obra en beneficio de las mismas empresas que trabajaron en el del Norte (Contreras Hermanos, Techint y Skanska). “De confirmarse el pago de coimas en la ampliación de los dos gasoductos, se estaría ante una maniobra generalizada” (La Nación, 15, 19 y 23/4). El fiscal Stornelli amplió la investigación al Gasoducto Sur pero “también sospecha del empleo del fideicomiso”, por lo que le pidió al juez federal Montenegro que solicite a la Sigen la lista de todas las obras que se han pagado o se pagan con fideicomisos. A buen puerto va por leña: la titular de la Sigen, Alessandra Minnicelli, es la esposa de De Vido (La Nación, 8 y 12/4).

Los intentos de manipular la causa pusieron al ministro Aníbal Fernández al borde del juicio político. Fernández denunció ante el Consejo de la Magistratura —confundiendo hasta el nombre de sus autoridades— al juez que descubrió las coimas, López Biscayart, porque trasladó a Adrián López, el gerente de la empresa Infiniti que dijo que las coimas fueron a De Vido. López había sido amenazado de muerte pero el ministro bloqueó su traslado rehusando protegerle la vida. Finalmente, López Biscayart lo ubicó en el Centro de Contraventores porteño y Fernández lo denunció “por avasallar las atribuciones del Ministerio”. En respuesta, el ARI y PRO le pidieron el juicio político a él. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, Alberto Fernández deberá “tejer un manto de protección para tres ministros” cuando vaya a Diputados: Miceli (por el caso Grecco), De Vido (por el caso Skanska) y Aníbal Fernández (por intimidar a López Biscayart) (Clarín, 23/4).

El gobierno trata de sacarse de encima a López Biscayart, que tiene un conflicto de competencias con Montenegro por la causa Skanska. El gobierno —y todos los imputados— “preferirían a Montenegro”, uno de los jueces federales que nombró el kirchnerismo (Clarín, 14/4) quien ya dio pruebas de fidelidad: se declaró incompetente en la causa de los perdidos dineros de Santa Cruz, remitiéndola a la justicia provincial.

La Cámara de Casación Penal debe decidir qué juez lleva el caso y atenderá todas las causas de corrupción que involucran al gobierno. Así que el kirchnerismo aspira a que “tenga varios puestos vacantes el año próximo y seguramente lo conseguirá” (La Nación, 11/4). La Sala IV de la Cámara de Casación, que “llevará hasta el final el expediente Skanska”, tiene a tres de sus jueces sometidos a un proceso previo al juicio político como consecuencia directa de la embestida de Kirchner el 24 de marzo, so pretexto de que demoraban los juicios contra los represores. Para ello, Kichner cuenta con el apoyo invalorable de sus organismos de derechos humanos, que les iniciaron proceso —“con un fuerte aval del gobierno”— ante el Consejo de la Magistratura, un ámbito donde “el oficialismo está en buenas condiciones de inclinar cualquier voto a su favor luego de la polémica reforma del año pasado” (Clarín, 15/4). El presidente de la Cámara, Bisordi, dio parte de enfermo y de los tres jueces de la Sala IV, una —Berraz de Vidal— ya renunció y otra lo hará en breve.

A la manipulación de la Justicia, se suma el apriete de los servicios: dos misteriosos incendios y el robo de información de la Secretaría de Energía —“con el supuesto objetivo de eliminar pruebas”—; aprietes varios contra López Biscayart, el periodista Russo, los testigos y los abogados, entre otros (Perfil, 15/4).

Pero el caso de las coimas y el consecuente sobreprecio de los gasoductos están abriendo escenarios de crisis al gobierno más allá de la Justicia y el Congreso. Toma “carácter explosivo” entre los industriales que “se quejan cada vez menos secretamente” porque pagan facturas de gas con cargos extra por las obras hasta con 800% de aumento. De Vido afirma que “las obras no tienen presupuesto oficial (...) es imposible calcular eso ahora”. Entonces, ¿cómo calculó los aumentos? “Al principio se preveía gastar 1.427 millones de dólares para agregar a la red 20 millones de metros cúbicos diarios de gas, y ahora se habla, siempre por vías no oficiales, de 2.400 millones”. López Biscayart calculó el sobreprecio en un 150%. Un directivo de la UIA sumó otro frente al conflicto cuando “afirmó en público que juzgaba peligroso el esquema de los fideicomisos porque significaba un cheque en blanco” (La Nación, 23/4).