El proyecto no discrimina entre grandes cadenas y pequeños comercios, desecha subir impuestos a los grandes capitalistas instalados en la Ciudad y el desfinanciamiento del Estado se descarga sobre trabajadores de la salud, docentes y municipales.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, envió un proyecto de ley sobre un “alivio fiscal” a comerciantes que será tratado este jueves en la Legislatura porteña. El alivio consiste en el no pago del ABL (que incluye el impuesto inmobiliario) para los meses de junio y julio para todos los comercios que se vieron obligados a cerrar por la cuarentena.

Las contradicciones del proyecto saltan a la vista. Por un lado, puede resultar insuficiente para miles de pequeños comerciantes, muchos de los cuales están cerrando definitivamente sus comercios por el doble impacto del cierre obligado por la cuarentena y por la crisis económica que resulta del ajuste contra los trabajadores a nivel nacional. Pero además de esto, es claro que la asistencia social y alimentaria del Gobierno de la Ciudad en las villas y en los comedores escolares es completamente deficiente y las denuncias en ese sentido se multiplican.

Pero por el otro lado significa un subsidio enorme para grandes cadenas comerciales, hoteleras y gastronómicas, con decenas de locales en toda la Ciudad, como Frávega, Mc Donalds o el Sheraton, con espaldas suficientes para atravesar la pandemia y que en muchos casos han facturado a través ventas por canales electrónicos. Estas cadenas reciben además el pago de la mitad del salario de sus empleados por los ATP del gobierno nacional con plata de la Anses.

Tanto con este alivio fiscal de la Ciudad como con los ATP del gobierno nacional, ningún subsidio puede realizarse sin la apertura de los libros contables de las empresas bajo control de los trabajadores, única forma de impedir las maniobras contables. Y también debería hacer una distinción entre grandes comercios, que explotan a cientos o miles de trabajadores, de pequeños comercios que por su tamaño o facturación configuren un medio de subsistencia familiar.

Pero además, cualquier subsidio o exención impositiva tiene un impacto fiscal que hay que financiar de algún modo y esta no es la excepción. Es claro que así como Alberto Fernández ha archivado el impuesto a las grandes fortunas, en el caso de Larreta -y del proyecto tratado en la Legislatura-, ha descartado tratar otras iniciativas destinadas a obtener recursos para atender la situación sanitaria y social de la Ciudad. La contrapartida es el feroz ajuste contra los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, que tienen congelado el salario desde enero y a los cuales se les ha fraccionado el pago del aguinaldo. Ni que hablar la situación de los 18.000 trabajadores precarizados.

Desde la banca de Gabriel Solano hemos presentado proyectos para el no pago de la deuda externa de la Ciudad, tan fraudulenta como la nacional y una reforma impositiva para aumentar el impuesto a los ingresos brutos a los bancos y entidades financieras, a las industrias, la especulación inmobiliaria y terminar con los millonarios beneficios impositivos para las iglesias.