Como venimos denunciando, la reforma del Código Procesal Penal no sólo apunta a consagrar la impunidad de la camarilla K. Su objetivo principal es el pasaje del sistema inquisitorio al acusatorio, que coloca la potestad de investigación en cabeza de los fiscales. Todos los bloques opositores, con excepción del Frente de Izquierda, apoyaron este cambio.

¿Representa mayores garantías para la población? De ninguna manera.

A partir de la reforma, los fiscales estarán a cargo de impulsar la investigación y recabar las pruebas en el proceso. Decidirán cuáles delitos se investigan y cuáles no, y las condiciones de su desarrollo. Entre sus facultades, por ejemplo, podrán solicitar allanamientos y requisas en forma oral y realizar investigaciones genéricas para esclarecer “alguna forma especial de criminalidad”. Se establece, de este modo, un “estado de excepción” permanente contra la población.

La actual jefa de los fiscales, la procuradora Alejandra Gils Carbó -ultra K- frenó numerosas causas que involucran al poder político. Pero ésa no es la excepción, sino la regla: los fiscales son un engranaje fundamental en el encubrimiento de los crímenes del aparato represivo y del poder.

 

Denuncias

En el caso de Luciano Arruga se abrió juicio político a las dos fiscales intervinientes, Roxana Castelli y Celia Cejas, por irregularidades en la causa judicial, la cual en casi seis años no logró ninguna respuesta sobre el paradero de Luciano. Abundaron, en cambio, las pistas falsas y acciones de entorpecimiento. Las fiscales entregaron la investigación a la misma policía denunciada por la desaparición y ordenaron la intervención de los teléfonos de la familia de Luciano, espiados durante un año y medio.

La investigación del crimen de Paulina Lebbos es un claro ejemplo de la actuación fiscal a la hora del encubrimiento. El primer fiscal de Instrucción, Alejandro Noguera (hoy fiscal de Cámara), se apartó luego de ser fotografiado entrando a la casa del gobernador, José Alperovich. Le sucedió el fiscal Carlos Albaca, quien se excusó de continuar investigando la causa en julio de 2013, acorralado por las denuncias de Alberto Lebbos por no investigar la pista de “los hijos del poder”. La absoluta ausencia de medidas y acciones por parte de Albaca hizo que la causa estuviera paralizada durante siete años. En diciembre de 2013, denunciado administrativa y penalmente, y con pedido de juicio político sobre sus espaldas, Albaca presentó la renuncia como parte de los procesos de rigor para jubilarse con el régimen especial del 82%.

En el caso del femicidio de Laura Iglesias, ocurrido en Miramar el 29 de mayo de 2013, el fiscal Rodolfo Moure ordenó cerrar rápidamente la investigación y solicitar la elevación a juicio del único imputado del caso a meses de su asesinato. El fiscal no ahondó sobre las seguras coautorías y complicidades, lisa y llanamente porque familiares y compañeros advertían que la Policía Bonaerense se encuentra involucrada en el crimen. Laura, en su labor como trabajadora social, recibía sistemáticamente denuncias de jóvenes que eran presionadas por la policía para “trabajar” para ellos.

En el caso de Iván Torres, secuestrado y desaparecido por policías chubutenses en 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que jamás se investigó y ordenó al Estado argentino que realice una búsqueda efectiva sobre su paradero. El fallo habla de manipulación en la recaudación de la prueba, obstrucción de justicia y retardo procesal. Basta mencionar que el primer fiscal que intervino, Raúl Coronel, no pidió la indagatoria de los policías sino que ordenó escuchas a los teléfonos de la familia. Un mes después de la desaparición, un amigo de Iván, que había sido detenido con él, se decidió a contar lo que no se había animado por miedo a que lo mataran. Entonces, la fiscal subrogante María Ibáñez concurrió a su casa para tomarle declaración… acompañada por uno de los policías que lo habían golpeado al detenerlo.

Los ejemplos son interminables. El narcotráfico, las zonas liberadas, los secuestros extorsivos, la trata de personas, la corrupción y la impunidad estatal cuentan con la participación y encubrimiento de las corporaciones represivas y judiciales vigentes. La reforma del Código refuerza esta trama de complicidades y encubrimientos. Y refuerza, al mismo tiempo, la capacidad represiva del Estado para imponer el ajuste contra los trabajadores y el pueblo.

En oposición a esto, planteamos la elección de jueces y fiscales por el voto popular, así como el cierre de las causas y la anulación de las condenas de todos los perseguidos por luchar.