23/05/2017

Sobre la banalización del genocidio y la responsabilidad del Estado

Respuesta a un artículo de Daniel Muchnik publicado en Clarín.


El periodista y escritor Daniel Muchnik acaba de publicar una columna en la que, detrás de una aparente búsqueda de precisión histórica, se suma a la tribuna argumentativa del operativo político que busca la libertad de los genocidas.


 


En el artículo, titulado “No banalizar el uso del término genocidio” (Clarín, 19/5), Muchnik llama a atenerse rigurosamente a una de las definiciones brindadas por quien acuñara el término genocidio, Raphael Lemkin: “cualquiera de los actos perpetrados en tiempo de paz o de guerra con la intención, a través de un plan coordinado, de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.


 


Pero haciendo gala de una cobardía sin fondo, el columnista no dice cuáles serían los casos de banalización que él estaría viniendo a combatir. Es claro, sin embargo, que el artículo busca exculpar del crimen de genocidio a los militares presos por las aberraciones cometidas durante la última dictadura militar argentina.


 


La definición de Lemkin


 


Dejemos de lado por un segundo la agenda política a la que sirve esta argumentación y vayamos a su contenido. En primer lugar, el propio Muchnik incluye inadvertidamente en la lista de genocidios a la matanza de homosexuales por parte de los nazis, que no cumpliría estrictamente con la definición citada, ya que los homosexuales no constituyen un grupo nacional, étnico, racial ni religioso. Es llamativo que no incluya, dicho sea de paso, al genocidio de mayor magnitud y duración que se está produciendo actualmente: el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel y la ocupación sionista.


 


Pero, volviendo al concepto de genocidio, Raphael Lemkin jamás dejó de incluir en él el exterminio sistemático de otro tipo de grupos. Lemkin se dedicó al tema durante prácticamente toda su vida: en 1933, cuando el Holocausto aún no había tenido lugar, el estudio del exterminio de los armenios lo llevó a postular la necesidad de definir el “crimen de barbarie”, que sería un claro antecedente del concepto de genocidio y consistía en “el exterminio de colectividades sociales” (R. Lemkin, El genocidio como un crimen bajo el derecho internacional, destacado nuestro). No sólo eso, sino que fue el propio Lemkin el encargado de redactar la Resolución 96 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (El crimen de genocidio, 1946), en la que se define: “El genocidio es una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación a un individuo humano del derecho a vivir: tal negación del derecho a la existencia conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad en el aspecto cultural y otras contribuciones representadas por estos grupos humanos (…) Muchos ejemplos de tales crímenes de genocidio han ocurrido cuando grupos raciales, religiosos o políticos han sido destruidos parcial o totalmente”. Esta definición, de puño y letra de Lemkin, incluye a los grupos políticos. No sólo eso, sino que la versión en inglés es incluso más amplia, al hablar de “y otros grupos” (“and other groups”).


 


Fue genocidio: el plan sistemático de exterminio de un grupo social y político


 


El accionar de la dictadura de Videla y sus sucesores claramente se incluye en las definiciones de genocidio realizadas por Lemkin (y también en las de los profusos estudios posteriores sobre genocidio): hubo un plan sistemático de exterminio orientado a destruir físicamente a la vanguardia de la clase obrera y los luchadores sociales, así como la destrucción de toda expresión política, cultural, económica  y social que la dictadura pudiera considerar “contaminada” por el “marxismo-leninismo”.


 


El exterminio físico de trabajadores, estudiantes, luchadores sociales y opositores estuvo acompañado por la disolución de los partidos políticos de izquierda (como Política Obrera, antecesora del actual PO), la persecución y asesinato de los intelectuales que pudieran referenciarse en la izquierda e incluso el peronismo de izquierda, así como la quema de libros y la censura de toda experiencia cultural relacionada. No olvidamos tampoco la apropiación de los hijos de los desaparecidos, por cuya restitución aún continuamos luchando. Todas estas modalidades son detalladas por Lemkin en su texto “Genocidio, un crimen moderno” como “Técnicas de genocidio".


 


Un Estado genocida en dictadura y en “democracia”


 


El objetivo de la represión genocida fue definido claramente con anterioridad a la dictadura: lo hizo el “demócrata” Balbín, al llamar a poner fin a la “guerrilla fabril”, lo hizo el gobierno peronista al firmar el decreto de “aniquilación de la subversión” y emprender el Operativo Independencia. Ya durante la dictadura, el PJ y la UCR aportarían centenares de intendentes al personal político de la maquinaria genocida; incluso el Partido Socialista Democrático (PSD) aportó embajadores, siguiendo la tradición histórica del PS argentino de apoyar dictaduras asesinas (Alfredo Palacios fue embajador de la Libertadora).


 


La embestida del macrismo (con el aval de prácticamente todo el régimen político) busca disolver las responsabilidades de este Estado genocida. Pretenden dar el broche de oro al proceso de enjuague y encubrimiento que pasó por las fases del alfonsinismo con la obediencia debida y el punto final, por el menemismo con los indultos, y por el propio kirchnerismo, que pidió “perdón” en nombre del Estado mientras ponía a un genocida al frente del Ejército.


 


La histórica movilización popular del 10 de mayo pasado puso las cosas en su lugar, pero el conjunto de los personeros del régimen político insiste: ya Carrió pide la prisión domiciliaria para los genocidas, en línea con la Iglesia (en el mismo lugar donde se publicó el artículo de Muchnik, Clarín publica unos días más tarde una columna de un sacerdote pidiendo el mismo “beneficio”, incluyendo a los apropiadores ilegales de bebés). Se impone como tarea para todos los luchadores por los derechos democráticos la exigencia del juicio político a los jueces de la Corte Suprema que votaron el fallo del 2×1, tal como lo reclamará la movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia este martes 23.


 


La lucha contra el genocidio implica el desmantelamiento del Estado genocida y el fin del dominio político de la clase social genocida que nos gobierna. Que gobiernen los trabajadores.