Hace seis meses, la mina Veladero, operada por la empresa Barrick produjo un enorme derrame de cianuro y otros metales pesados muy tóxicos (plata, mercurio, oro, etc.) que contaminó varios ríos de la provincia de San Juan, fuente de agua de poblaciones y ciudades. Según el fallo del juez Oritja, la mina había elevado el nivel del valle de lixiviación por encima de lo estipulado en el estudio de impacto ambiental, lo que plantea la posibilidad de un desmoronamiento y una catástrofe aún mayor.

“A menos que supongamos que la humanidad pueda desenvolverse sin metales, los “métodos y tecnologías de la minería tradicional” ya no podrán satisfacer las necesidades humanas”, dice Gómez, sin tener en cuenta que el sistema capitalista sufre una crisis de sobreproducción. La escala de explotación actual es enorme para producir metales.  Tanto que actualmente o se encuentran en grandes stocks de arsenales como reserva de valor o toman forma de artículos suntuarios.  Para las “necesidades humanas” bastaría con una parte mínima de las minas que hoy por hoy están en explotación.

La polémica no pasa tampoco por la mina de socavón o a cielo abierto. El problema no es la forma de la explotación sino la cantidad y el lugar de la instalación. Veladero está alrededor de los cuatro mil metros de altura, en zona de glaciares y periglaciares. El 70% de nuestro país es árido y los cursos de agua de esa parte del territorio se alimentan de deshielo, por lo tanto para que esa zona del país sea habitada y mantenga actividades productivas no debe haber minería arriba de los tres mil metros.

Por otra parte, los trabajadores no solo se ven obligados a trabajar a 15 grados bajo cero en una atmósfera escasa de oxígeno, en situación de apunamiento (soroche), sino que el aire que respiran está contaminado por el material particulado, propio de las explosiones con dinamita y con gases tóxicos propios del proceso químico.

“La intención del artículo es orientar a los trabajadores de esa mina, corazón del proletariado sanjuanino”,dice Gómez. Pero la mayoría de los trabajadores de la mina no son sanjuaninos y su tiempo de permanencia en condiciones de estabilidad laboral es de pocos años, porque las condiciones de insalubridad deterioran a las personas. Suele ocurrir que permanecen 20 días en el establecimiento y descienden 10 de franco, régimen ajeno a las leyes laborales vigentes. Cabe aclarar que un proyecto minero tiene un horizonte de 15 años y deja un pasivo ambiental eterno.

Por todo esto, es importante aclarar que la clausura de una mina no implica el cese del trabajo. Las tareas para parar la producción y controlar los residuos peligrosos que quedan en la zona requieren de muchos trabajadores mineros. Ahí son indispensables operarios y técnicos que conozcan el establecimiento, el proceso, los depósitos de residuos peligrosos, los lugares impactados por los derrames. Además, los asambleístas luchan contra la Barrick, no contra los trabajadores, que han sido solidarios con la población advirtiendo del derrame y van a cumplir una función social en un futuro.

“Finalmente -dice Gómez- no es lo mismo la denuncia de una minera que está por instalarse y la lucha para impedir que lo haga, […] que un yacimiento en funcionamiento con sus miles de trabajadores mineros”. Este razonamiento no puede generalizarse, porque los riesgos de que esta mina siga produciendo son enormes. Es una cuestión de supervivencia. El 5 de noviembre del año pasado hubo un relave minero en Bento Rodriguez (Minas Gerais, Brasil) donde murieron decenas de personas sepultados en la masa de lodo y agua tóxica que arrasó con todo a su paso.¿Vamos a esperar que ocurra esto?

Los asambleístas de Jáchal están solicitando al Concejo Deliberante la realización de un plebiscito, con amplias posibilidades de que los 18.000 empadronados para votar se pronuncien por el cierre del proyecto. El acampe en la plaza principal de Jáchal sigue y algunos integrantes del colectivo vendrán a Buenos Aires a realizar un acto frente a la Casa de San Juan y las oficinas de la compañía minera.

Barrick tiene que pagar por el estrago producido, que dejó sin agua potable a miles de personas. Corresponde el embargo de todos sus bienes para solventar que los trabajadores comiencen las tareas de clausura y remediación, que van a llevar muchísimos años.