En los últimos días distintos medios de comunicación (por ejemplo, Página 12, 24/9) levantaron una serie de denuncias que muestran un gran entramado de corrupción en torno a las obras del Viaducto San Martín. De acuerdo a estas denuncias, la empresa a cargo de la obra, AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte) y la empresa contratista, Green-Rottio-UTE, presionaron a las empresas subcontratistas para adelantar la inauguración parcial del Viaducto antes de las PASO, y luego no realizaron los pagos comprometidos a unas 300 empresas. El escándalo no surge solamente de la falta de pagos, sino porque estas empresas denuncian que los fondos para dichos pagos fueron desviados por Green-Rottio-UTE para pagar principalmente una deuda propia con el Banco Supervielle. 

En un cuadro de bancarrota económica y agravamiento de la crisis no sorprenden ni la corrupción ni tampoco la disputa entre distintos bandos capitalistas. En un caso, el derrumbe de la actividad económica refuerza la corruptela y la disputa entre las empresas, en particular de la obra pública, por sobrevivir de forma parasitaria a costa de los fondos públicos. En el otro, la crisis refuerza la competencia capitalista, es decir, la compulsa por qué parte del capital se beneficia y qué parte quiebra. Tampoco sorprende que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cuya política se fundamenta en el loteo de tierras públicas para favorecer al capital inmobiliario, intermedie para el beneficio de la contratista, que tuvo a su cargo la mitad de las obras públicas de la ciudad, y de bancos como Supervielle, liderado por un afín al gobierno macrista. 

La denuncia de corrupción en manos del kirchnerismo, más allá de su contra-sentido (“dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces”), tiene un propósito muy claro. Luego de que las PASO sepultaran al gobierno de Macri, Larreta quedó con muy pocas chances de evitar un ballotage. Es así que los K se juegan a disputar la base capitalista de Larreta. A fin de cuentas, Matías Lammens (candidato del Frente de Todos) se propone gobernar para todos estos grupos. En ese punto, vale notar que todas estas empresas, las contratistas y las subcontratistas, se pronunciaron  por distintos medios en favor de una reforma laboral para liquidar conquistas históricas de los trabajadores y bajar el “costo laboral”. Asimismo, unas y otras tienen un interés social mucho más concreto, orientado a la suba del valor del metro cuadrado de tierra, sobre el cual se basa el negociado de la especulación inmobiliaria. 

Estos intereses sociales son antagónicos a los de los trabajadores de la Ciudad, no sólo a su salario, convenio y condiciones de trabajo, sino también al acceso a la vivienda y a los espacios públicos. Que esta disputa entre distintos bandos empresariales no contiene nada positivo para quienes viven de su trabajo ya ha quedado demostrado antes. A cargo del gobierno de la Ciudad, el macrismo se encargó de vender más de 300 hectáreas de tierras públicas a distintos grupos privados para favorecer el encarecimiento del suelo y la especulación inmobiliaria. En dichas operaciones contó con la complicidad del kirchnerismo, y con el voto positivo en la Legislatura de la Ciudad, sobre todo cuando el macrismo no contaba con una mayoría propia. Es por esta defensa común de los grandes grupos empresarios que Lammens no puede presentar ningún planteo antagónico a Larreta. Las consecuencias están a la vista: el encarecimiento de las propiedades y los alquileres, la privatización del espacio público, el retroceso salarial, y la expulsión de trabajadores de la Ciudad. 

En este punto, los trabajadores y la izquierda debemos intervenir con un programa propio. Reclamamos que el gobierno de Larreta garantice el pago de los salarios de todos los trabajadores afectados a las obras del Viaducto San Martín y la finalización de las obras en Paternal y Villa Crespo. También la reparación de todos los daños producidos por la obra en el barrio La Carbonilla y la urbanización real. Exigimos asimismo la apertura de las cuentas de las empresas involucradas y su revisión por una comisión independiente de trabajadores electos. Rechazamos la privatización de los bajo Viaductos y planteamos su utilización para la construcción de espacios públicos de recreación, salud y educación. Vamos por la anulación de la venta de las más de 300 hectáreas de tierras públicas para colocarlas al servicio de  la vivienda popular, la salud, la educación y los espacios verdes.  La campaña del Frente de Izquierda Unidad y del Partido Obrero en la Ciudad busca reunir un claro pronunciamiento en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. Con estos planteos, este 5 de octubre copemos el Obelisco por una salida propia.