El Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei, firmado el 21 de diciembre y puesto en vigencia este viernes 29, elimina el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). En un intento por salvaguardar la economía local, Rovira anunció la presentación de un proyecto de ley para crear el Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM).

El INYM es un organismo autónomo, tiene la facultad de regular precios, establecer límites en la producción y mantener un registro de operadores. Según fuentes oficiales, se afirma que el instituto misionero tendría las mismas atribuciones. Sin embargo, la viabilidad real de imponer precios a la hoja verde es cuestionable, dado que su alcance se limitaría a lo provincial. A pesar de que territorialmente, Misiones abarca el 90% de la producción, entre el 25% y el 30% de yerbales y secaderos están en manos de grandes molinos, responsables de cerca del 50% de la producción y que no tienen su base en la provincia de Misiones. La regulación del importe de la yerba ya suponía un desafío para el instituto nacional, ya que en múltiples ocasiones en sus 20 años de existencia los precios tuvieron que ser determinados por laudo arbitral de la Secretaría de Agricultura u órganos similares según el gobierno.

Medios a nivel nacional y provincial han etiquetado esta iniciativa de Rovira, respaldada por Herrera Ahuad (exgobernador a quien Rovira cedió la presidencia de la legislatura) y el actual gobernador Hugo Passalacqua, como una respuesta de la provincia al DNU de Milei. Sin embargo, más que una oposición directa al DNU, la creación de este instituto parece ser una señal a favor del mismo. Esta acción sugiere que los legisladores misioneros no planean resistir el DNU dentro del Congreso Nacional. Hasta el momento de esta redacción, Passalacqua presentó una medida cautelar sólo contra los cuatro artículos que eliminan la existencia del INYM (Primera Edición, 29/12), centrándose únicamente en los sectores productores y sus intereses económicos, sin tocar los brutales ataques al conjunto de los trabajadores, como la esencialidad de la educación, la cuestión de la vivienda y un largo etcétera, que fue abordado en otras notas de nuestra prensa. En definitiva, todos son ajustadores.

La génesis y el problema del INMY

El origen del INYM se remonta a una grave crisis que afectó al sector primario de la yerba en 2001, tras la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de la Yerba Canchada, impulsadas por Cavallo y apoyadas por Puerta en 1992. Sin regulación estatal, los molinos comenzaron a pagar a los pequeños productores valores muy inferiores a los que se había pautado con la CRYM. En este escenario se dio una gran movilización de pequeños productores yerbateros, conocida como el tractorazo, que incluyó un acampe en la plaza 9 de Julio de Posadas.

En el 2002, se crea el INYM cuyo directorio incluye representación de funcionarios estatales nacionales y provinciales, sectores industriales, primarios y cooperativas, con un solo representante de los obreros rurales. Este sistema de representación no ha logrado modificar las condiciones de explotación en las que viven los trabajadores de la yerba, que incluyen jornadas laborales extenuantes, transporte en condiciones deplorables y trabajo infantil, entre otros. Tampoco ha permitido que los pequeños productores puedan hacer frente a los grandes molinos, ya que los problemas para negociar con ellos se mantuvieron e incluso se agravaron debido a los largos tiempos de arbitraje del laudo de Nación.

Cambiar una letra no altera el carácter de clase

Es evidente que el cierre del INYM y el probable fracaso del IMYM representarán un golpe devastador para los productores rurales, que ya vislumbran un avance de monopolios de los molinos sobre los recursos primarios. Similar a lo que ocurrió durante el menemismo, cuando se desregularizó completamente el sector primario, llevando a una total dominación de los sectores industriales sobre estos ámbitos. Es crucial recordar que este año los sectores patronales ya habían sido favorecidos por Massa, al incluir esta producción yerbatera en el dólar exportador, mientras que los sectores más pauperizados de la industria siguen sin respuesta a sus demandas. En Misiones, ya hemos tenido experiencia con institutos estatales autárquicos, como el IFAI (Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial), del cual surgieron denuncias escandalosas de intercambio de contratos laborales por favores sexuales. Si funciona bien y puede regular el precio de la yerba, nada garantiza que un buen precio de la yerba para los sectores productivos garantice mejores condiciones laborales para los trabajadores, porque estos organismos, ya tengan con una N o una M en su nombre, mantendrán la misma orientación patronal.

La verdadera defensa de la industria yerbatera radica en proteger a sus sectores más vulnerables y su poder adquisitivo, estableciendo un salario digno equivalente al costo de la canasta familiar (hoy en día, $500 mil), con todos los derechos que esto conlleva. Asimismo, exigimos la apertura de los libros contables de los grandes monopolios yerbateros y la canalización de esas ganancias hacia la industrialización de la producción de la yerba, bajo el control de los trabajadores. Mientras estas demandas no se cumplan, es necesario renovar automáticamente el subsidio interzafra para todos los trabajadores del sector. Sigamos avanzando en la lucha contra el DNU.

https://prensaobrera.com/politicas/la-lucha-por-derrotar-el-ajuste-y-el-dnu-de-milei