Políticas

7/4/2020

Sobre la “modificación” de las condiciones de la cuarentena

médica

Luego de la ruptura vergonzosa de la cuarentena ocurrida el pasado viernes, cuando miles de jubilados y beneficiarios de la AUH se agolparon frente a la puerta de los bancos para poder cobrar sus magros ingresos, ha quedado suficientemente claro, a través de las declaraciones de varios funcionarios y por los trascendidos periodísticos, que el gobierno se apresta a levantar la cuarentena después del 12 de abril, sumando progresivamente más sectores de actividad a los que ya ha autorizado en estos días para que comiencen a trabajar.


El gobierno se reunió con los empresarios de la UIA y con los gremialistas de la CGT y todos le pidieron “que empiece a levantar la cuarentena para reactivar de a poco la economía” (Infobae, 3/4). En un documento de 12 páginas que los industriales entregaron a Fernández le pidieron que se les levanten las restricciones a industrias de varios rubros, como proveedores de insumos de los sectores esenciales, rubros de exportadores y autopartistas. El ministro Matías Kulfas, a su vez, confirmó que “se está buscando una salida ordenada de la cuarentena” (idem). 


Ya con la promulgación del decreto 450/2020 de la semana pasada se habían incorporado varios rubros como “actividades esenciales” (aquellas vinculadas con el comercio exterior, combustible nuclear, fumigación, etc) y los empresarios están pidiendo además reactivar el sector de la construcción (lo cual sumaría también a los rubros de insumos industriales, cemento) y maquinaria agrícola). 


Frente a las presiones empresariales y a las de la misma CGT, el gobierno está priorizando la economía y los intereses económicos de los empresarios a los de la salud de la población, muy lejos del discurso presidencial de hace unos pocos días. 


La cuarentena, más allá de sus dificultades y sus yerros, ha sido la principal medida tomada por el gobierno para intentar contener la pandemia. Impuesta muchas veces por los mismos trabajadores en sus lugares de trabajo, que vieron peligrar su salud ante la falta de protección y producto de la presión social en su conjunto. La cuarentena, o sea el aislamiento social, a través del mundo, ha demostrado ser la principal herramienta de la que pueden valerse los Estados para frenar la expansión de un virus, que ha logrado quebrar a la mayoría de los sistemas de salud mundiales. 


La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) ha manifestado que hasta la fecha la curva de nuevos casos y de muertes debidas a coronavirus, Covid-19, en la Argentina, se encuentra, si no en un plano ideal, en una curva ascendente lenta, mucho más lenta que en los países en donde la cuarentena no fue impuesta tan tempranamente. Estaríamos, según estos especialistas, en condiciones de evitar seguir el curso de nuestros hermanos italianos, españoles o ecuatorianos donde los contagios y muertes se extienden de manera exponencial. 


El mismo presidente Fernández reconoció que “nos está yendo muy bien con la cuarentena, no nos podemos relajar” y advirtió que “los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de mayo”. Si no nos podemos relajar, si se espera un pico de casos y muertes para mediados de mayo, en los albores del invierno argentino, donde al coronavirus se agregarán, seguramente, las enfermedades propias de esta estación del año (influenza, neumonías), hablar de un levantamiento, aunque sea parcial, de la cuarentena parece no solo arriesgado por parte del gobierno sino directamente criminal. 


Esto es así, más aún teniendo en cuenta, que la decisión se tomaría sin tener un diagnóstico certero de la situación epidemiológica en que se encuentra nuestro país. Así como con un enfermo individual no se puede abordar un tratamiento correcto sin un diagnóstico, lo mismo ocurre cuando se habla de la salud de la población. Necesitamos un diagnóstico correcto para adoptar la mejor estrategia de intervención. 


Justamente, para esto último, es importante aumentar en forma significativa el testeo poblacional. Esto no quiere decir testear masivamente sin criterio, dilapidando recursos y tiempo. La exministra de Salud de María Eugenia Vidal, la doctora Zulma Ortiz, especialista en Epidemiología, entrevistada por el diario La Nación (1/4), explicó que en situación de aislamiento social obligatorio, realizar un test a una persona asintomática, no tendría sentido porque aunque le dé positivo, esa persona aislada no contagiaría a nadie. Sí serían de utilidad “si este testeo sirve para implementar políticas, planes y programas”. O sea, plantear estrategias en base a un diagnóstico correcto. 


Entonces, “¿a quién se debería testear hoy que no se está haciendo?” se pregunta la especialista. Ortiz responde que prioritariamente a los equipos de salud y también a las personas que no pueden hacer aislamiento porque brindan servicios esenciales y pueden transmitirlo. Y me permito agregar a aquellas poblaciones o grupos que por razones sociales no pueden realizar correctamente la cuarentena, por vivir en barrios carenciados, en casas donde en una sola habitación viven diez personas, trabajos donde las condiciones de distanciamiento entre las personas sean difíciles de implementar, etc. 


En estos casos, el testeo permite saber cuáles son los grupos más afectados, a cuáles aislar y a cuáles otorgarles mayor libertad. No hace falta abundar en explicaciones de la importancia de determinar esto ante la inminencia del levantamiento de la cuarentena. 


Es evidente que el gobierno no tiene intenciones de prolongar la cuarentena obligatoria, aun cuando importantes expertos en el tema como la doctora Maureen Birmingham, representante de la OMS en la Argentina, aconsejan al gobierno la conveniencia de continuarla. Y menos aún piensa en implementar un plan consciente de salida de la misma con la realización de la cantidad de test necesarios para ello. 


El gobierno tampoco está dispuesto a aumentar el presupuesto de salud a la medida de las necesidades del momento siendo que se aprestó a pagar, hace no más de una semana, sumas siderales a los bonistas tenedores de deuda y que piensa seguir haciéndolo. 


Por esta razón los trabajadores debemos estar alertas para exigir al gobierno:


1.    El mantenimiento de la cuarentena el tiempo que sea necesario a fin de no perder lo poco logrado hasta ahora. La experiencia mundial de relajación del aislamiento social enseña que la curva podría acelerarse rápidamente. 

2.    Que el gobierno se haga cargo de los sueldos de todos los trabajadores que por esta causa vean peligrar sus salarios, tanto de trabajadores formales como informales. Rechazar y denunciar cualquier intento de la patronal de despedir o suspender trabajadores. 

3.    Exigir aumento de presupuesto sanitario para: dar protección adecuada a nuestros médicos y enfermeros y a todo el personal que trabaja en salud, preparar al Sistema de Salud para la eventualidad de un agravamiento de la pandemia local, con la compra de respiradores y otros insumos y realizar un testeo eficiente para un buen diagnóstico de la situación sanitaria que permita una estrategia adecuada para el levantamiento progresivo de la cuarentena.

4.    Centralización de todos los recursos de Salud, públicos, privados y de seguridad social, por el Estado, con el objetivo de atender las necesidades de toda la población, sin distingos de cobertura médica.

5.    Desconocimiento de la fraudulenta deuda externa. No pago de esta. Utilización de esos recursos para la emergencia sanitaria.