04/08/2021
Coronavirus

Sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19

O la salida coercitiva del gobierno y la oposición contra los trabajadores.

Un hilo publicado en Twitter por Gabriel Solano, retomando el tema que desarrolláramos en un artículo de Prensa Obrera contra la intención del gobierno de habilitar a las patronales a sancionar a los empleados que no quieran vacunarse contra el Covid-19, desató una extensa polémica en la red social del pajarito. En simultáneo, Gerardo Morales anunciaba que en Jujuy los empleados públicos deberán presentar un carnet donde conste la aplicación de al menos una dosis para poder ingresar a su trabajo, so pena de descuento salarial. Las medidas coercitivas plantean la obligatoriedad de la vacunación no como una cuestión de salud pública y una responsabilidad del Estado, sino como potestad de las patronales de normalizar la actividad y una obligación del trabajador, sin que se le garanticen ni las segundas dosis ni condiciones laborales seguras.

El precandidato a legislador por el Frente de Izquierda Unidad tuiteó: «Yo me vacuné. Espero la segunda de Sputnik como tantos. Creo que es necesario que todos nos vacunemos. Pero rechazo toda imposición y sanción a los trabajadores que hoy eligen no vacunarse. Sancionar a los trabajadores con su salario y puestos de trabajo nunca es una solución». Denunció luego que escasean las dosis en el país cuando empiezan a circular la variante Delta, y que dicho camino sería invertir la carga, ya que «el fracaso de la política sanitaria recae en quienes gobiernan y no en los ciudadanos».

Es precisamente lo que ilustra el caso del gobernador jujeño. Gerardo Morales decretó la obligatoriedad de los trabajadores de la administración pública provincial de contar con una constancia de que han sido inoculados (caso contrario no podrán ingresar a sus lugares de trabajo y se descontarán los días no trabajados), y el mismo requisito para todos los que utilicen el transporte público -tanto colectivos como taxis o remises. Instó además a adoptar la misma medida en los poderes Legislativo y Judicial y en los municipios, y hasta en el ámbito privado en los rubros salud, educación, seguridad, transporte, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas -lo cual constituye una carta blanca a las patronales.

En la provincia puneña, no obstante, poco más de la mitad de la población recibió una primera dosis, y aproximadamente el 15% una segunda. Es decir que para empezar se trata de barrer con toda licencia para los trabajadores con factores de riesgo incluso en el caso de haber recibido una sola inyección y por lo tanto sin haber completado la inmunización; es un atentado a la salud. Por lo demás, la obligatoriedad en estos términos es no solo coercitiva sino que incluso carece de fundamento legal.

Sucede que las vacunas contra el Covid-19, que fueron aprobadas de emergencia por la pandemia y aplicadas en gran escala, aún no han completado la fase de experimentación como para ser incluidas en el calendario obligatorio. Para ello debe completarse un período de tiempo en el que se evalúen los resultados y efectos adversos. Es por este motivo que los pulpos farmacéuticos que han monopolizado las patentes para su producción se aseguraron no solo la confidencialidad de los contratos usurarios sino además inmunidad ante los daños colaterales que pueda causar.

En Argentina, precisamente por el atraso en la inmunización (con el enorme costo de muertes durante la segunda ola), este aspecto ha salido a plena luz. Primero el gobierno de Alberto Fernández firmó contratos leoninos con los laboratorios, que redundaron en que ni siquiera se pueda sancionar los alevosos incumplimientos por parte de los envíos de dosis de AstraZeneca o Sputnik V; luego cedió a las «inaceptables» condiciones exigidas por Pfizer, que le garantizan un blindaje absoluto. Las farmacéuticas yanquis, que son de las que mayores ganancias reportaron a nivel mundial, contaron a nivel local con la oposición derechista de Juntos por el Cambio y grandes medios de comunicación como lobbistas, tarea para la cual recurrieron a incesantes acusaciones sobre los riesgos de las fórmulas del resto de los laboratorios.

Este secretismo y el blindaje jurídico de los fabricantes consagrados en los contratos, además de las acusaciones cruzadas entre los laboratorios y sus voceros mediáticos del oficialismo y la oposición, alimentan por supuesto la desconfianza de la población. La publicidad de los acuerdos, la liberación de las patentes, el estudio abierto de investigadores y científicos acerca de los resultados de la inoculación, la elemental potestad de radicar demandas por parte posibles damnificados, y por sobre todas las cosas el desarrollo y producción pública de una vacuna nacional bajo control de trabajadores y especialistas, brindaría un terreno mucho más propicio para el convencimiento de quienes se resisten a vacunarse. Apuntemos de pasada que el baluarte de los sectores antivacunas son las congregaciones religiosas, frondosamente financiadas con fondos estatales y que controlan buena parte de los sistemas sanitarios y educativos.

La solución coercitiva que evalúa el gobierno nacional, implementa el gobernador cambiemita de Jujuy, y pretende aplicar en Francia el mandatario Emmanuel Macron con una ley para despedir a aquellos que no se vacunen, encara el problema desde la perspectiva de la patronal y no de la salud pública. En primer lugar deberían garantizarse las vacunas para todos aquellos que aún las esperan, tanto primera como segunda dosis, y luego recurrir a la persuasión mediante la explicación de la necesidad de una inmunización colectiva. Caso contrario solo favorece a una normalización de la rentabilidad empresaria respecto de la explotación de la mano de obra (sin dispensas).

La burocracia sindical avala esta orientación propatronal, cuando correspondería la defensa incondicional de los salarios y los puestos de trabajo, y al mismo tiempo el impulso de instancias de deliberación en todo el movimiento obrero para abordar el problema como clase, exigiendo las inyecciones que se adeudan, el reforzamiento del sistema de salud y ofreciendo argumentos para fundar la urgencia de que todos los trabajadores se vacunen para reducir la circulación del virus y las posibilidades de nuevos colapsos sanitarios. Sería un abordaje propio de un asunto de salud pública. Pero la responsabilidad es del Estado, no puede cargar sobre las espaldas de los laburantes, y menos aún tercerizar facultades de coerción en los capitalistas.

Una amplia deliberación obrera podría dar cabida a la genuina preocupación que esgrimen muchos trabajadores, acerca del problema que representa para sus compañeros aquel que no quiere vacunarse. Es que además de recurrir a la persuasión al interior de la clase obrera, reforzaría a su vez la organización para imponer a las patronales el cumplimiento de estrictas normas de seguridad e higiene elaboradas y supervisadas por los propios trabajadores, y garantizar las licencias para todo el personal de riesgo que no haya sido inoculado con ambas dosis.

El hilo de Gabriel Solano contrasta con las medidas en danza dentro del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y muestra que solo el Frente de Izquierda Unidad afronta el problema como una cuestión de salud pública, bregando por la inmunización de toda la población pero rechazando una salida coercitiva y antiobrera.

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