En una extensa nota publicada en Infobae del 23de enero el periodista que la firma (Daniel Blanco Gómez) entrevista a numerosos abogados previsionales de diversos estudios y todos coinciden en que efectivamente se dará esta situación con aquellos jubilados que no reciban los aumentos ya devengados por la fórmula de movilidad ahora suspendida, 11,56% en marzo y 14 o 15% en junio.

Los especialistas coinciden en que podría darse un nuevo caso Badaro quien obtuvo sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2007. En aquel entonces este fallo desencadenó una verdadera catarata de juicios de centenares de miles de jubiladas/os con casos similares al de Badaro y que en general obtuvieron idéntico fallo.

Hay dos perjuicios básicos que destacan los especialistas:

“Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio” (Falcone).

Adrián Troccoli opina que “en junio la reducción del aumento será confiscatoria” y agregó que, para que haya un juicio, tiene que haber un daño resarcible. Y precisamente esto es lo que sucedería con el “achatamiento” de la pirámide de haberes, replanteando una situación que desencadenó el caso Badaro.

A todo esto el jefe de gabinete Santiago Cafiero ya anunció que para marzo el aumento de haberes será con una suma fija, pero sin definir como se implementará, no dio precisiones. Previendo la posibilidad de los juicios, los voceros del gobierno dicen que se mantendrá la movilidad en marzo y junio. Lo trascendido (y luego desacreditado por el propio Fernández que ató el monto del aumento a la “situación económica”) es que en marzo se destinaría una masa de haberes igual a la que resulte de la aplicación del 11,56% a la totalidad de los beneficiarios, pero… con una distribución que establecerá (discrecionalmente) el Ejecutivo. En el gobierno especulan que como este mecanismo se aplicaría solamente por un semestre, hasta que se apruebe una nueva fórmula de movilidad, el perjuicio ocasionado en las escalas superiores solo sería por un período muy breve y esto evitaría los juicios.

Independientemente de las especulaciones del gobierno, lo cierto es que la implementación de esta “emergencia” afectará no solo derechos adquiridos por haberes devengados, sino que efectivamente tendrá un carácter confiscatorio (hacia adelante) para los beneficiarios que reciban aumentos inferiores a los que les hubiera correspondido y esto es fácil de entender porque cualquiera sea la nueva fórmula que se aplique en el futuro, en los haberes que sufrieron mermas este perjuicio se prolongará indefinidamente en el tiempo. De allí la similitud con el caso Badaro.

Como la liquidación de los haberes de marzo es un “secreto de Estado” habrá que esperar hasta entonces para ponderar efectiva y concretamente la situación. De verificarse el “achatamiento” de la pirámide de haberes es indudable que apoyaremos la realización de los juicios, al tiempo que promovemos una campaña en defensa de la movilidad jubilatoria y por el 82% móvil con respecto al mejor salario del trabajador en su fase activa. Y claro defendemos un aumento que eleve el haber mínimo y en una magnitud que lo equipare con el costo de la Canasta Básica del Adulto Mayor calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 40.000$, pero que dicho aumento lo sostengan las patronales con la restitución de los aportes al Sistema Previsional y no por los propios jubilados.

Sostenemos que esta defensa deberá ser llevada adelante con los métodos históricos de los trabajadores. Organización y Lucha.