Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional José Luis Martiarena, del Frente de Todos de Jujuy, pomposamente titulado “Reforma del sistema financiero para la reactivación económica y reconstrucción nacional”, causó una pequeña conmoción política. Ámbito Financiero dijo que “el texto (fue) suficiente para provocar un ataque de nervios en el sistema financiero”.

Más importante fue la reacción de todas las corrientes peronistas y kirchneristas que integran el Frente de Todos. De Máximo Kirchner hasta Sergio Massa, salieron inmediata y rápidamente a desmentir que esta sea una orientación que impulse el gobierno y a recalcar que se trata de la iniciativa de un diputado aislado (cuyo mandato vence el próximo 10 de diciembre) de un bloque que tiene 117 miembros.

El proyecto es relativamente inocuo. Pero tiene el mérito de llamar la atención sobre la depredación que el “sistema financiero” viene desarrollando sobre la Nación, en alianza con el capital financiero mundial. Propone transferir los depósitos de los ahorristas de la banca privada y estatal al Banco Central. Es decir, un asiento contable, porque los depósitos seguirán siendo captados por los bancos, pero estos deberán seguir las pautas que fije el Central para invertirlos y otorgar préstamos.

El Banco Central fijará también la tasa de interés que se cobrará por los préstamos y el spread bancario (la diferencia existente entre las tasas activas de interés que deberán pagar los tomadores de créditos y las tasas pasivas que abonarán los bancos a los depositantes) que ganarán los bancos por su trabajo de captar fondos y administrarlos (bajo orientación del Banco Central).

El objetivo teórico de tal medida es orientar el crédito financiero hacia ramas productivas y/o zonas regionales que el Estado quiera particularmente impulsar su desarrollo. Es lo que llaman la “nacionalización de los depósitos bancarios”, no de la banca. En el mejor de los casos es una medida dirigista, no anticapitalista. Pero el contenido concreto de una eventual “nacionalización de los depósitos” depende del momento concreto. ¿A qué sectores burgueses se quiere beneficiar con créditos baratos?

La política de créditos subsidiados viene siendo llevada adelante por todos los gobiernos de los países centrales, para rescatar a grupos capitalistas en crisis y bancarrota. En las metrópolis imperialistas los créditos a “tasa cero”, eje central de la política económica de estos, han servido para mantener “vivos”, en estado zombie, a grandes monopolios. Para ello, los bancos centrales de estas potencias capitalistas han recurrido a fabulosas impresiones monetarias. Lo cual pone en crisis, ahora también a estos bancos y sus gobiernos.

En la Argentina la mayor parte de la orientación del crédito es impuesta ya por el gobierno, porque el 90% de los depósitos bancarios está orientado a financiar al Estado, es decir en primer lugar garantizar el pago de la deuda pública y los subsidios al capital. En junio de este año 1,240 billones de pesos fueron “invertidos” por la banca privada en bonos del Tesoro y Leliqs, y los trece bancos oficiales han “prestado” al Estado 760 mil millones con el mismo destino. Este déficit cuasifiscal –que con Fernández y Guzmán se ha duplicado y ya supera al déficit fiscal- apunta precisamente a absorber los pesos de circulación para evitar que vayan a dólar y alimenten la inflación, es decir que sostiene los negocios de la banca y el capital financiero en momentos en que los capitalistas sostienen una fenomenal huelga de inversiones.

Sin el desconocimiento de esta deuda pública parasitaria y usurera es imposible “orientar” el crédito hacia “la reactivación económica y la recuperación nacional”, como pretende Martiarena con su propuesta. Si eventualmente este gobierno tomara alguna medida dirigista como esta para centralizar los depósitos bancarios, sería para rescatar el pago de la deuda. Esta política no perjudica a los bancos, sino que les tiene asegurados importantes beneficios. Todo el dinero de los depositantes se le presta al Estado estaría “garantizado” por este. No se refiere al pequeño depositante, lo que hace tiempo está vigente, sino a todo el arco de la burguesía, los depósitos (reales o ficticios) hechos por el gran capital.

Martiarena señala que la crisis del capitalismo argentino sería culpa de la aplicación de “modelos económicos liberales” que se habrían aplicado en los períodos de 1955 a 1973, desde la caída de Perón hasta el ascenso de Cámpora primero (y Perón, golpe mediante, inmediatamente después), y retomado con el golpe videliano hasta la actualidad.

La “nacionalización de los depósitos” realizada por Perón en 1973 habría permitido –nos dice Martiarena- la puesta en marcha de un plan de Desarrollo Trienal y la concertación “entre los sectores del trabajo, el Estado y el empresariado”. Esto sería lo que quiere repetir ahora promoviendo su proyecto. Pero la “concertación” de la que habla Martiarena era el Pacto Social –con la ayuda del terrorismo antiobrero de la Triple A- por el que se le bloqueó al movimiento obrero la recuperación del salario perdido bajo la dictadura. La experiencia terminó con la huelga general contra el Rodrigazo en junio de 1975, impulsada por coordinadoras interfabriles.

La reacción histérica de los referentes del Frente de Todos contra Martiarena indica el abandono del peronismo de cualquier reminiscencia de alguna bandera nacionalista. El sistema financiero argentino está bajo el signo del FMI, y estructurado en torno al pago de la deuda pública.

La crisis argentina, sumergida en la crisis capitalista mundial, plantea la necesidad de un cambio revolucionario. Más aún cuando también es el terreno para planteos más reaccionarios, como el que propone el “anarcoliberal” Milei de privatizar directamente al Banco Central.

La salida requiere estatizar la banca expropiando al capital financiero para crear una banca estatal única, bajo control de los trabajadores. Es necesario centralizar todos los ahorros financieros para dirigir el crédito hacia la obra pública, el desarrollo nacional y la resolución de las urgentes necesidades de las masas trabajadoras. Una banca estatal única permitiría terminar con el “secreto bancario”, abrir los libros de las empresas capitalistas y conocer el estado real de sus ganancias y sus movimientos; bloqueando las maniobras y especulaciones con los precios, con las monedas, etcétera.

La estatización de la banca debiera ir acompañada por la nacionalización del comercio exterior y el desconocimiento de la deuda pública, rompiendo con el FMI y sus pactos semicoloniales. Por eso solo realizable a fondo por un gobierno de los trabajadores.

Es lo que plantea la plataforma del Frente de Izquierda Unidad en su punto 9: “Nacionalización -sin indemnización y bajo administración y control de trabajadores-, de la banca y el comercio exterior, la minería y el gran capital agrario e industrial. Por un plan económico debatido y gestionado por los trabajadores”.

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