La crítica de Alicia Rodríguez aduce una serie de argumentos para fundamentar la necesidad del cierre de la mina de Veladero. La mayoría de ellos no cuestiona específicamente la gestión de Barrick sino que apuntan a cuestionar a la minería en general.

Señala que bajo el capitalismo hay “sobreproducción”, y en especial hay una “enorme” producción de metales con grandes stocks en “arsenales, como reserva de valor y en forma de artículos suntuarios”.

La respuesta a la sobreproducción por parte de los socialistas revolucionarios no debería promover el cierre de establecimientos productivos (cualquiera sea su rama). Las consignas de transición que orientan la lucha contra el cierre de empresas plantean el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores y el control obrero.

La afirmación de que hay una “enorme” producción de metales porque una parte de esos metales va a parar a la fabricación de armas es confundir los planos. La lucha contra el armamentismo no pasa por restringir arbitrariamente tal o cual insumo.

La reserva de valor

Algo similar ocurre con la “reserva de valor”. La función monetaria del oro (y una de sus consecuencias, el atesoramiento), que es el producto de una evolución mercantil de más de dos mil años, no va a ser cancelada ni superada por el cierre de las minas de oro. La emancipación de la humanidad de la moneda y, más en general, de la ley del valor, tiene como requisito una economía socialista que supere la productividad capitalista y permita aplicar el principio de a cada cual según sus necesidades. Ni siquiera en una economía de transición podrá emanciparse la sociedad de la ley del valor. La experiencia de la Unión Soviética durante las décadas del 20 y del 30 fue inequívoca sobre este punto, como lo señaló León Trotsky en La Revolución Traicionada.

La crítica a Barrick

Dicho todo esto sin embargo, falta lo esencial. La crítica a la minería en general, con críticas similares cualquier sea el régimen social en que se desarrolla, oculta y hasta enmascara la responsabilidad concreta de los pulpos capitalistas mineros que depredan los recursos naturales y superexplotan a sus trabajadores, esto sí como parte de su reacción ante la crisis capitalista y la tendencia a la sobreproducción que lleva incorporada.

Concretamente en el caso de Barrick, hemos venido denunciando (PO, agosto de 2013) que desde la caída de los precios del oro tres años atrás, agravado por las pérdidas que le significó la suspensión indefinida del proyecto Pascua Lama y su elevado endeudamiento, comenzó un furioso ajuste en sus explotaciones mineras en todo el mundo, y naturalmente, también en Veladero.

El informe publicado esta semana sobre el balance del primer trimestre del año por Barrick destaca “hemos reducido todos los costos de sostenimiento un 24% en efectivo y un 14% en comparación con el primer trimestre de 2015”. En la parte referida a Veladero afirma “La reducción de los costos de mantenimiento reflejaron una disminución en el sostenimiento (…)  impulsados por iniciativas de ahorro de costos” (Minning Press, 25.4.16).

El derrame de cianuro es resultado directo de esta sistemática política de reducción de costos de mantenimiento que lleva adelante Barrick. Esto es lo que debemos denunciar. Y la complicidad de las autoridades provinciales y nacionales y de la propia burocracia de Aoma, que han ocultado esta conducta deliberada. Salvando las distancias, la masacre de Once no es el resultado del sistema ferroviario sino de la gestión de sus vaciadores, los Cirigliano, Romero, y sus cómplices y socios del gobierno K.

El proletariado minero

Como señalamos en el artículo inicial y en la respuesta a Diego Rojas, nuestra política debe estar focalizada en cómo ayudar al proletariado minero a asumir el protagonismo que históricamente le corresponde, justamente en territorios con un escaso desarrollo industrial. Es lo que ocurre en países como Bolivia y Chile donde los mineros han sido vanguardia política en sus países. En nuestro país es una tarea pendiente que en parte deriva de lo reciente de la minería, de su aislamiento (se desarrolla en zonas apartadas) pero también de la falta de un trabajo más sistemático de penetración de la izquierda.

El temor al cierre es utilizado por la patronal para chantajear y presionar a los mineros. Nuestra política debe ayudarlos a superar esa presión y organizar una intervención independiente junto a las poblaciones de la zona, tanto del departamento de Iglesia como de Jáchal y de la propia San Juan. Los mineros son los primeros preocupados por el peligro de  contaminación pues son sus familias y vecinos quienes se ven afectados. No es cierto lo que afirma Alicia Rodríguez de que no son sanjuaninos (lo cual, de ser así, naturalmente no quitaría un ápice lo aquí afirmado).

Las condiciones de explotación que señala la crítica no pueden ser usadas como justificación para reclamar el cierre sino como palanca para promover la conciencia clasista del proletariado minero.

(*) Ver debate citado en Prensa Obrera 1405 y 1407