La Cámara Federal sobreseyó al ministro de Planificación Julio De Vido, a pesar de pruebas en contra, en una causa iniciada en 2004 por sobreprecios en la compra de locomotoras viejas-algunas “canibalizadas” y para el desguace.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien continúa imputado, zafaría por el sobreseimiento de su superior inmediato; otro responsable, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, firmante del acuerdo que significó la malversación millonaria de fondos públicos, nunca fue citado por la Justicia.

Al inicio de la privatización del ferrocarril, el Estado entregó 30 locomotoras al concesionario Transporte Metropolitano, sin que nunca se haya registrado que pasó con ese material rodante. En 1996, la Empresa Ormas, dueña de Transporte Metropolitano, adquirió mediante leasing (alquiler/compra) 15 locomotoras General Motors al grupo Mitsui.

El derrumbe de 2001 puso en cesación de pagos a TM (desde 1998 en manos de Taselli/Montotto) y quebró en 2002. La pesificación creó un conflicto porque el leasing estaba pactado en dólares y TM pagaba en pesos. Esto dio lugar a una orden judicial para que TM le devolviera las locomotoras a RailWay Leasing Argentina. En septiembre de 2002, el gobierno dictó el decreto 1834/02 qué determinó que “la solicitud de quiebra de los concesionarios no rescinde el contrato con el Estado”, garantizando así la continuidad del negocio de las privatizadas. Mientras tanto, la deuda no terminaba de pagarse nunca: “hasta fines del año pasado TM había pagado más de 30 millones de dólares, pero Mitsui reclama 15 millones más. Con el total se podrían comprar ocho locomotoras nuevas” (El Día, 30/12/02).

En junio de 2004 se reformuló el acta acuerdo. El Estado aceptó abonar a la concesionaria, Transporte Metropolitano,21 millones pesos más IVA, para adquirir 15 locomotoras pertencientes a Nippon Export and investment Insurance y Railway Leasing Argentina. El Estado, como haría luego con Repsol y el Club de París, decidió pagar 40% más de lo reclamado por el leasing. Todo esto fue aprobado por Alberto Fernández y Julio de Vido.

Sergio Taselli -a quien se señala como testaferro presidencial- nunca depositó, en ese período, 49 millones de pesos de las tarifas que pagaron los usuarios que estaban destinadas al plan de inversiones. Mientras tanto, de marzo a diciembre de 2003, recibió subsidios por 2 millones de pesos.
La desinversión, el manejo fraudulento de los recursos y el presupuesto paralelo a través de los fondos fiduciarios en los ferrocarriles, distinguen al régimen político instalado desde las privatizaciones a la fecha.

Lisandro Martínez