A dos semanas del doble asesinato de los jóvenes de Solano, nuevas evidencias confirman la hipótesis de un fusilamiento perpetrado por las fuerzas de seguridad, similar a los de Budge y Dock Sud.

Los testimonios de amigos, familiares y vecinos coinciden en que “los presuntos autores del virtual fusilamiento serían policías uniformados de Rafael Calzada” (Nueva Provincia 12-6) El diputado Alberto Aramouni, por su parte, declaró que “el comisario que estaba a cargo de Budge —en ese entonces subcomisario— de apellido Laborde es el que ahora está a cargo de la seccional de policía de Rafael Calzada donde —según los Indicios existentes— pertenecían los hombres que llevaban a cabo el operativo”.

Ramírez y Sotelo eran militantes populares que apoyaron los últimos asentamientos de tierra. Por esta razón, los compañeros de los jóvenes asesinados señalan que éstos fueron amenazados reiteradamente por la policía de Rafael Calzada, que actuó por instrucción de los grandes propietarios de tierra de la zona.

Uno de los testigos, Florencio Reyes, enfermero del hospital de Solano, que fue el primero en ver los cuerpos sin vida de las víctimas, “habría identificado a uno de sus agresores. Sería una persona que estaba presente la noche del asesinato en el lugar del hecho, oportunamente junto a personal policial” (El Sol 15-6). Reyes, como es sabido, fue secuestrado y salvajemente agredido cuando regresaba de declarar sobre el episodio. Reyes identificó un Falcon verde que circulaba con las luces encendidas y en cuyo interior iban cuatro hombres con camperas de cuero. Durante unos quince minutos, siempre con el vehículo en marcha, los agresores produjeron a Reyes diversas heridas de consideración que obligaron a su ulterior hospitalización.

En los últimos días, sin embargo, comenzaron a circular versiones desmintiendo este intento de secuestro. Se pone en tela de juicio la veracidad de lo declarado por el enfermero de Solano. El propio Reyes, en una conferencia de prensa realizada con la presencia de familiares, amigos y abogados patrocinantes de la causa, tuvo que salir al cruce de estas versiones. “Aunque salló en todos los diarios —aclaró— yo nunca vi los cuerpos de los jóvenes juntos. Lo que vi al llegar con el médico del hospital fue un Falcon verde, con un tipo de civil, que fue el mismo que manejaba el coche en el que me pegaron ese viernes” (Página 12,21 /6).

Las amenazas continúan y han pasado a ser moneda corriente. Vecinos, amigos e incluso abogados intervinientes en el caso han sido objeto de acciones intimidatorias, a lo que se agrega nuevas denuncias del vecindario sobre la presencia de autos sospechosos que deambulan en forma permanente por el barrio. “Desde un coche Torino, color blanco y sin patente, alguien de campera y lentes oscuros advirtió a María Angélica (vecina del barrio) que se dejaran de joder con la cana y a cambio, ofreció tirarle algo de plata, si daba a conocer los domicilios de algunos militantes de las comunidades de base” (idem).

El juzgado a cargo de la causa habría detenido a un sospechoso que —según los trascendidos de la prensa— sería un ex funcionario de la policía. El ahora renunciante jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires se apresuró a señalar que el detenido sería el “autor de la muerte de ambas víctimas” (Clarín 16/6) con la intención de dar por esclarecido el caso. “La situación de este hombre (el detenido) es muy comprometida afirmó una alta fuente policial, quien además señaló que queda totalmente descartada la posibilidad de que efectivos de la Institución hayan estado Involucrados en estos asesinatos, tal como había trascendido” (Clarín 17/6).

El vecindario, sin embargo, descree y cuestiona las afirmaciones policiales. Los vecinos que conocían al detenido aseguraron que “es un hombre trabajador, que vive como todos nosotros y no creemos que haya sido capaz de matar a los muchachos” (ídem).

Existe un esfuerzo por desvincular del caso a la institución policial, así como de cortar las posibles ramificaciones del mismo. En fundón de ello no es posible descartar la hipótesis de que la detención del sospechoso haya sido una mera cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables. En la misma dirección apuntaría el tendal de versiones que han comenzado a rodar los últimos días tendientes a descalificar el testimonio de Reyes.

Por otra parte, lo menos que puede decirse de la justicia es que no se esmera en dilucidar el caso. Según lo expresado por los abogados intervinientes en la conferencia de prensa, el interrogatorio del juzgado tiende a concentrarse en las supuestas actividades de los testigos en lugar de hacerlo en las pruebas, pistas y evidencias que estos puedan aportar para el esclarecimiento del episodio. Los testigos habrían pasado a revestir la calidad de acusados.

¿Quién dio la orden de matar? ¿De dónde provienen las permanentes amenazas al vecindario? ¿Quiénes agredieron a Reyes? ¿Qué hay de las denuncias sobre la participación de los propietarios de tierras que habrían pagado fuertes sumas de dinero para reprimir y agredir a los ocupantes de los asentamientos?

Sacar a luz la verdadera trama que se anida detrás de este doble asesinato permitirá poner en evidencia el gigantesco aparato represivo y las bases económicas y sociales que lo sustentan.

Que se identifique, se juzgue y se encarcele a los autores e instigadores de la matanza. Es menester la movilización independiente de la población para Imponer esa reivindicación.