Políticas

9/2/2019

Solidaridad con los trabajadores de C5N

Un fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones bloqueó la creación de una cuenta “inembargable” que la empresa dueña de C5N y Minutouno, según anunció en sus portales, buscaba crear para abonar los salarios de sus trabajadores. Para la Justicia, se trataba de una maniobra  de la patronal (el ex grupo Indalo) para evitar los multimillonarios pedidos de embargos que pesan sobre ella. Los camaristas reconocen en su resolución que la medida “podría dificultar el pago de salarios” y “la índole alimentaria de tales conceptos”. Desde hace un año que los trabajadores de C5N cobran sus salarios en cuotas. Cristóbal López, dueño del holding empresario que integran ambos medios, está procesado por evadir el pago de $7.600 millones de pesos en concepto de impuestos correspondientes a su empresa Oil Combustibles, con la complicidad de los gobiernos K. Se sospecha que con esos fondos acumuló la compra de medios de comunicación.


La patronal de C5N acusa al gobierno nacional de querer llevar a la quiebra a los medios opositores. Buena parte del  arco opositor patronal se sumó a esta causa en nombre de la defensa de la “libertad de expresión”. Su objetivo político es llevar a los trabajadores de C5N y Minutouno a hacer causa común con una patronal que carga sobre sus espaldas un extenso historial en materia de vaciamientos y prácticas antisindicales. Los trabajadores no deben ser rehenes del choque entre el gobierno de Macri y una patronal emblocada con la oposición pejotista.


La precarización de los trabajadores y la persecución sindical han sido moneda corriente en C5N y Minutouno antes y después del cambio de Gobierno. Entre la precariedad actual se cuenta que pagan los salarios en cuotas -a través de cuentas de financieras y de diversas razones sociales-, y que invitan a periodistas de Minutouno y otros sectores a colaborar -sin paga, claro- en la pantalla de C5N.


A su vez, los dueños de C5N y Minutouno (además de radios y otros portales web) desoyen el fallo judicial que obliga a la restitución de dos delegados despedidos de Minutouno en 2015: denuncian el ataque judicial, de un lado, y aprovechan la inacción de la Justicia, por el otro. ¿Acaso la Justicia laboral realizó alguna medida para que la empresa cumpliera con el fallo de reinstalación? La respuesta es no.


En dicho juicio se probó que la empresa maniobra dinero a través de diversas razones sociales para eludir los embargos vinculados a la restitución de los delegados. La excusa de Minutouno para no cumplir el fallo de reinstalación de sus trabajadores fue siempre la misma: “Somos otra empresa”. Realizaron al menos cuatro cambios de razón social y pasaron a todos sus trabajadores compulsivamente a diversas empresas y bajo otro convenio (de prensa escrita a televisión) para evitar el reingreso de los despedidos. Tampoco han pagado ninguno de los salarios caídos ni la deuda contraída con esos trabajadores.


También cabe recordar que Cristóbal López se quedó con el 100% de CN23 y El Argentino, propiedad de otro vaciador serial, Sergio Szpolski, donde impuso una drástica reducción de su staff y el cierre del diario.


Es evidente que el gobierno se vale de los enjuagues de los Cristóbal López y los Szpolski para sacar del aire las críticas al gobierno. Sin embargo, la defensa de los trabajadores de C5N y Minutouno no puede correr por cuenta de la patronal. La propia empresa, que acusa censura y persecución judicial, recibe por otro lado el beneficio de la Justicia en su lucha antisindical. La única salida posible es la deliberación colectiva de los trabajadores de todo el multimedios, no sólo de C5N sino también de los portales y las radios, independientemente de la disputa político-empresarial de la patronal, para exigir que la empresa pague los salarios en tiempo y forma, que paguen por la doble tarea, que respeten la libertad sindical y que reincorporen a los delegados.


Las consecuencias del vaciamiento empresario no deben recaer sobre las espaldas de sus empleados. Las empresas del ex Grupo Indalo deben ser expropiadas sin resarcimiento, garantizando la totalidad de sus puestos de trabajo y la continuidad de sus actividades bajo la dirección de sus trabajadores.

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