17/11/1994 | 432

“¿Solidaridad?” No, ¡confiscación!

Todos los días, los medios de comunicación apabullan a los trabajadores y a los jubilados con el “mensaje” de que el sistema previsional está quebrado y que, como en todo “régimen de reparto”, el sistema no puede darles a los jubilados más dinero que el que recauda. Es con este argumento que Cavallo y Menem acaban de presentar un proyecto de ley que, de ahora en más, condiciona los pagos a los jubilados a las partidas de la ley de presupuesto. De aprobarse este proyecto, quedaría derogado todo tipo de “movilidad” de las jubilaciones y los “derechos adquiridos” de los jubilados, y por sobre todo cualquier traza de régimen previsional, lo que convierte a las jubilaciones en un capricho del gobierno.


El régimen previsional no es de reparto


La insistencia de la burguesía por presentar al sistema previsional argentino como un sistema de reparto, se explica por el hecho de que no es precisamente un régimen de reparto. Posiblemente no exista en todo el mundo ningún sistema jubilatorio de reparto y ello por una razón muy simple: un régimen de reparto no tiene nada que ver con la pre-vi-sión social, y sí con la caridad o la asistencia social pública.


Un sistema de reparto  distribuye entre los beneficiarios el total de los aportes que recauda. Ni la legislación previsional anterior ni la actual estipulan que deba distribuirse la recaudación previsional; una parte se destinaba al pago de jubilaciones y el resto a acrecentar el fondo acumulado de los aportes realizados hasta ese momento. Es por eso que hasta la instauración de la “jubilación privada”, la legislación previsional obligaba a los trabajadores y patrones a realizar un aporte sobre sus salarios durante un cierto tiempo, a cambio de recibir en la etapa establecida el pago del 82% móvil del salario promedio de los últimos años, el cual estaba calculado, no sobre la recaudación previsional del año, sino sobre el rendimiento de ese fondo acumulado. La nueva ley jubilatoria derogó el 82% y estableció, para el régimen estatal, un aporte mixto de obreros y patrones con un beneficio básico mínimo (la PBU) más una jubilación proporcional a los años aportados y al sueldo promedio de los últimos 10 años.


En síntesis, el sistema no reparte lo que ingresa sino que establece aportes definidos y beneficios también definidos. Distinto es el caso de la “jubilación privada”, donde los aportes sí están definidos pero no los beneficios, que son inciertos, esto porque dependen de la comisión con que se quede la AFJP y de la valorización o desvalorización que se produzca con los aportes de los trabajadores. Por otro lado, en la “jubilación privada” el trabajador sólo “capitaliza” su propio aporte, porque el de la patronal, que es mayor, sólo financia el haber mínimo o la PBU. En cambio, en los regímenes públicos ambos aportes contribuyen al sostenimiento del sistema.


El sistema previsional vigente en Argentina desde la década del 40,  de aportes definidos y beneficios definidos, no fue establecido por un simple capricho sino que se basaba en cálculos actuariales y financieros. Estos mostraban que el porcentaje de aportes sobre los salarios  durante una vida laboral, permitía otorgar holgadamente un 82% móvil con el derecho de pensión para el cónyuge. Es decir que se trataba de un sistema de capitalización de características colectivas, donde el total de los aportes de los trabajadores constituía un fondo que aseguraba el pago de los beneficios prometidos si era invertido adecuadamente con rendimientos reales del orden del 3% anual, por encima de la inflación. Los cálculos actuariales y financieros demostraban que este sistema dejaba incluso un superávit, al punto que preveían aplicar el remanente  a otros beneficios, como los de edad avanzada o pensiones especiales.


En un estudio especial publicado por el insospechado Boletín Techint (enero-febrero 1986), se decía precisamente  que “en sus orígenes el sistema previsional argentino se definió como uno de capitalización. El mismo supone la constitución de un capital de garantía formado con la acumulación que el individuo hace a lo largo de su vida laboral y que recupera al final de ésta. El cálculo actuarial que estipula el monto del aporte individual para el cobro de un haber determinado y la cuenta individual del afiliado están en la base del sistema”.


Según este estudio, a fines de la década del 50 y comienzos de la del 60  se produce “un punto de ruptura, el momento en que el sistema pierde definitivamente el sentido de capitalización con que estuvo orientado en sus orígenes…”.


A lo largo de la década del 40 y 50, las Cajas tuvieron grandes superávits, del orden del 4% del PBI por año, lo que equivaldría hoy a unos 10.000 millones de dólares anuales. Esta suma casi triplica lo que esperan administrar hoy las AFJP con la “jubilación privada”. Según el  estudio citado, el resultado financiero de las Cajas entre 1950 y 1960 fue del 28% del PBI, es decir, más de 50.000 millones de dólares a valores actuales.


“Los excedentes generados por el conjunto de las Cajas entre 1950 y 1954, fueron del orden del 4% anual del PBI, a precios de mercado. Esos excedentes eran colocados a extensos plazos, en títulos públicos cuyos intereses eran 4%, 5%  y 8% anual. La inflación los fue devaluando y el conjunto de las Cajas se descapitalizó (si se des-ca-pi-ta-li-zó quiere decir que era un régimen de capitalización, aclaración del PO) aceleradamente. A su vez, los intereses eran pagados con nuevos títulos, al igual que las contribuciones que debía pagar el Estado como empleador y el equivalente de aportes que retenía de sus empleados…”. La conclusión del trabajo  es que la inversión de los superávits de las Cajas  del período 1946-1961 hubiera dado un fondo “equivalente al 47% del PBI de 1961”, es decir, ¡¡de120.000 millones!! Este fenomenal superávit no toma en cuenta la enorme evasión patronal, que se calculaba en el orden del 50%, con lo cual el fondo total de las Cajas a comienzos de la década del 60 bien podría ser superior a los 200.000 millones de dólares.


La burguesía se autosubsidió a costa de los superávits de las Cajas durante cuatro décadas, ya que los gobiernos capitalistas sacaron los fondos previsionales  de las Cajas a cambio de la entrega de títulos que rendían el 5 u 8% anual, cuando la inflación triplicaba o cuadruplicaba esos porcentajes. Existió además una tolerada evasión patronal que también se quedaba con el aporte del trabajador.


Con total hipocresía,  un editorial de La Nación (14/11/94) llama al gobierno a que diga  “toda la verdad: que el Estado tendrá que hacer tabla rasa con el sistema previsional, cuyos fondos fueron usados para otros fines o licuados completamente por la inflación durante cinco décadas”. La Nación invoca ahora  la confiscación que la burguesía hizo de los fondos obreros para reclamar, no la devolución de lo confiscado, o al menos una contribución extraordinaria de los capitalistas, sino un nuevo ataque a las jubilaciones.


Por lo tanto, la actual situación previsional no deriva de la insuficiencia de un sistema de reparto, en el momento en que la relación pasivo/activo supera cierto porcentaje (por ejemplo 1 a 2), sino de la confiscación por parte de la burguesía de la capitalización previsional colectiva de los trabajadores y del cese de los aportes patronales. Menem y Cavallo quieren perpetuar esta confiscación mediante el desconocimiento de los beneficios que deberían resultar de los actuales aportes que realizan hoy los trabajadores. A  éstos no se les dará en el futuro ni el 82%, ni el 70%, ni el 50%, sino una cifra que será la que resulte del Presupuesto Nacional luego de pagar los intereses de la deuda pública, el capital de esa deuda, los subsidios  al gran capital  y los reembolsos a los exportadores.


Más aún, como Cavallo dijo que la nueva meta oficial es tener presupuestos deficitarios para forzar a una disminución de gastos, es decir, rebajando los aportes de los capitalistas, tenemos la proclamación de un régimen de jubilaciones de hambre de por vida. Esto explica por qué  se proclama, por un lado, la quiebra del sistema previsional a la hora de pagar las jubilaciones, mientras, por el otro lado, se rebajan los aportes patronales que causan la quiebra del sistema.


El Partido Obrero sostiene que el sistema previsional está en condiciones de pagar holgadamente una jubilación mínima de 450 pesos mensuales y el 82% móvil sobre la base del aporte exclusivo de las patronales.  Esta posición política y social tiene fundamentos actuariales y financieros, además de uno ele

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