La pandemia, nuevamente, golpea muy duramente al país. Argentina se encuentra entre los países más afectados del mundo, tanto en cantidad de contagios como de fallecidos. El nuevo piso de casos diarios se ha establecido ya en los 25.000. El techo, en cambio, sigue siendo una incógnita. En estos días supera muchas veces los 25.000 casos, pero los especialistas y hasta funcionarios pronostican que podría llegar a 50.000 casos o más. Con una tasa de letalidad superior al 2%, anticipa que tendremos en las próximas semanas 1.000 muertos por día.

El sistema sanitario ya se encuentra colapsado. Las terapias intensivas están repletas, sin lugar para nuevas internaciones. El personal especializado está exhausto y es escaso para enfrentar la situación. Por las redes sociales y también por los medios de comunicación se escuchan personas implorando por una cama para un familiar enfermo. Por falta de camas, muchas personas deben ser entubadas en las guardias y hasta en las ambulancias, lo que disminuye drásticamente su posibilidad de vida. El crecimiento de los casos agravará esta situación ya desesperante.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantearon tempranamente la necesidad de proceder a una centralización del sistema de salud, para establecer un plan de atención unificado, disponiendo de la totalidad de los recursos sanitarios existentes del sistema público, del privado, de la seguridad social, de las universidades nacionales y las fuerzas de seguridad. Nada de eso se hizo. Por el contrario, el gobierno permitió que sigan cerrando clínicas privadas, por el simple motivo que no eran redituables para sus dueños. ¡En medio de una pandemia, solo en la provincia de Buenos Aires se permitió el cierre de 10 sanatorios privados!

Idéntica situación ocurrió con el plan de vacunación. Sabiendo la disputa mundial por el acaparamiento de las vacunas que realizan los países más poderosos, el gobierno no desarrolló un plan de provisión propio, valiéndose del complejo científico y técnico del país, incluso potenciandoló. Se priorizaron los negocios de amigos del poder, como el empresario Hugo Sigman, que produce y exporta el compuesto activo de la vacuna de AstraZeneca en la Argentina, mientras el país no ha recibido ni una sola dosis del contrato firmado con ese laboratorio. Nuestra propuesta de que se declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience y que el gobierno asegure la continuidad de la producción es rechazada por el gobierno que sigue priorizando los intereses de los grandes laboratorios.

Chau IFE, hola FMI

Visto que la llamada segunda ola se dio en todo el mundo, ni el gobierno nacional ni los de las provincias pueden declararse sorprendidos. Alcanzaba para ver lo que sucedía en Europa y EE.UU, e incluso en los países de la región, para saber que Argentina tendría un aumento de los casos. Pero nada de eso hizo para anticiparnos a esa situación y tomar medidas de prevención. Por el contrario, en el sistema de salud se desarmaron muchos de los hospitales modulares armados y de las nuevas camas habilitadas.

En relación al personal de salud, en vez de acelerar el reclutamiento de un mayor número de trabajadores y acelerar su especialización, el gobierno anuló el bono miserable de $5.000 que había otorgado y les impuso una paritaria 11 puntos por debajo de la inflación. El relajamiento del que habló el presidente, acusando a los trabajadores de salud, en realidad fue el de su propio gobierno que no dudó en aplicar un ajuste a quienes más se la jugaron para enfrentar la pandemia y cuidar a la población.

Detrás de este “relajamiento” se esconden los intereses sociales capitalistas que determinan la política de los gobiernos de la Nación y de las provincias. Solo eso puede explicar que, cuando el crecimiento de los casos era ya notorio y se anticipaba la catástrofe actual, el gobierno llamara a la población a moverse por todo el país en Semana Santa, reflejando la presión de los empresarios del turismo. Cuando es sabido que la reducción de la circulación del virus solo puede lograrse reduciendo la circulación de las personas, el gobierno impulsó que más de 4 millones de personas se desplacen por el país propagando aún más la enfermedad.

En el mismo sentido, el gobierno desoyó el pedido de los científicos de que cerrara las fronteras para evitar el ingreso de nuevas cepas, que se sabe son más contagiosas y letales. Esa irresponsabilidad la estamos pagando caro: un reciente informe oficial mostró que el 70% de los contagios en la ciudad de La Plata son de la cepa de Manaos.

La desidia para enfrentar la pandemia no se limita a estas decisiones. En el Presupuesto 2021, aprobado por el Congreso Nacional, no se incluyó ninguna partida especial para reforzar el sistema sanitario ni para atender las consecuencias sociales que inevitablemente genera el crecimiento de los casos. Por este motivo fue eliminada la IFE, que habían cobrado más de 9 millones de personas. Un subsidio por completo insuficiente, pues se limitó a solo $5.000 mensuales para una familia. Pero cuando correspondía reforzar esa asistencia, estableciendo un verdadero subsidio al desocupado de $40.000, el gobierno hizo lo contrario, al decidir su completa eliminación. La mira estuvo puesta en reducir el déficit fiscal a la mitad, con el objetivo definido de llegar a un acuerdo con el FMI. Solo el Frente de Izquierda denunció en el Congreso el carácter ajustador de ese presupuesto y anticipó que la eliminación de las partidas para enfrentar la pandemia agravaría la crisis sanitaria.

Educación

Otro tanto sucedió con la vuelta a las clases presenciales. Los gobiernos se valieron de la baja de casos registrada en el verano para acelerar la vuelta de las clases presenciales, sin realizar las inversiones necesarias para ello. Esa vuelta no fue acompañada de una inversión para ampliar y ventilar las aulas, construir baños en los colegios, contratar más personal docente y no docente, o asegurar un transporte escolar especial o público seguro.

Desconocieron los estudios de especialistas en todo el mundo y la experiencia de otros países, que anticipaban que las clases presenciales eran un factor de propagación del virus. Así sucedió lo inevitable: alcanzó con que se combine la vuelta a clases con la llegada del otoño para que se produzca la explosión de casos que estamos viendo. Durante semanas, el ministro Trotta, y su par de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña, afirmaron en el Consejo Federal de Educación que los colegios eran seguros y que no se registraban contagios. Simplemente mintieron: la evidencia de un ritmo mayor de crecimiento de los contagios en los chicos de edad escolar existe desde hace algunas semanas y fue ignorado y ocultado. Cuando esta realidad se hizo evidente, y luego de masivos paros docentes, el gobierno nacional decidió la suspensión por dos semanas de las clases solo en la zona del Amba, dejando el resto del país sin cambios.

La resistencia criminal de Larreta a cerrar los colegios fue replicada por la mayoría de los gobiernos peronistas de las provincias, que mantienen las clases presenciales a pesar del crecimiento sostenido de los casos. Ninguno de ellos, además, preparó las condiciones para una vuelta transitoria a la virtualidad, tomando medidas como el reparto de computadoras y dispositivos que aseguren la conectividad. Lo mismo ha hecho la Iglesia Católica, que suele invocar demagógicamente “la defensa de la vida” para rechazar el derecho elemental del aborto legal, pero ha mantenido sus colegios abiertos en pos de asegurarse el cobro de las cuotas.

Todos los políticos y partidos responsables de la crisis educativa que sufre Argentina, desde hace décadas, se llenaron la boca hablando de la educación solo para ocultar que la apertura indiscriminada de los colegios en lo peor de la pandemia es una exigencia de las empresas para que los padres y madres no soliciten licencias de cuidado, que son vistas como un costo por los empresarios.

Pobreza e indigencia en ascenso

El agravamiento de la crisis sanitaria va de la mano del agravamiento de la crisis social. Las estadísticas de pobreza e indigencia arrojaron un nuevo salto, alcanzando niveles escandalosos. En la Argentina, 4 de cada 10 personas está en condición de pobreza. En los menores de 18 años la situación es todavía peor: son 6 de cada 10. Aunque la pandemia agravó la situación, de ninguno modo puede responsabilizarse al Covid sobre la pobreza estructural que tiene el país.

Previo al golpe de Estado de 1976, en Argentina la población en situación de pobreza no llegaba al 5%. Al terminar la dictadura era 25%. Luego, todos los gobiernos constitucionales, sin excepción, mantuvieron ese piso altísimo, que pega saltos con las crisis recurrentes que tiene el país. Sucedió con Alfonsín, Menem, De la Rúa, Cristina Kirchner, Macri y ahora con Alberto Fernández. ¡Quienes nos han gobernado en las últimas décadas son los responsables de que la pobreza oscile entre el 25 y el 50%!

Esta pobreza también afecta de un modo más intenso a las mujeres, que registran un mayor porcentaje entre la población desocupada y también son las que tienen menores ingresos. En el cuadro de la cuarentena, esta desigualdad se potenció con una mayor violencia de género y un crecimiento enorme de los femicidios.

En la actualidad, el salto en los niveles de pobreza está directamente vinculado a la desvalorización del salario y de las jubilaciones. El año pasado, salvo excepciones puntuales, todas las paritarias fueron cerradas por debajo de la inflación. La peor patronal fue el Estado, ya que los empleados públicos tuvieron una pérdida del salario superior a los 10 puntos. En el caso de las jubilaciones, es sabido que la primera medida adoptada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue eliminar la movilidad previsional, repitiendo el golpe que ya les había asestado Macri. Prometieron, y mintieron, que con el nuevo índice los jubilados le ganarían a la inflación. Por lo pronto, en el primer trimestre del año el aumento anunciado está casi 5 puntos por debajo del aumento de los precios. Esta confiscación a los jubilados es una de las grandes demandas del FMI que el gobierno cumple sin chistar.

La carestía es otro factor que agrava la situación de pobreza existente. La pauta inflacionaria del 29%, establecida en el Presupuesto 2021, solo fue un recurso para que las paritarias se firmen en esos niveles. Pero los empresarios aumentan los precios muy por encima de ese registro. Así, detrás de la inflación se produce una transferencia de recursos de los trabajadores y sectores populares a los capitalistas.

Esa transferencia no es solo en beneficio de quienes producen productos de consumo masivo. Alcanza por sobre todo a los bancos y sectores financieros, que se embolsan mes a mes unos $100.000 millones por intereses que le paga el Estado por las deudas que coloca mediante el Banco Central. Llamativamente el único sector económico que no retrocedió en el 2020 fue el financiero. Un bochorno para un gobierno que se jacta de encabezar un “modelo productivo”.

La crisis sanitaria y social se entrelazan y se potencian creando una dimensión única. En momentos donde es necesario aplicar restricciones para frenar la circulación del virus, una parte muy importante de la población teme, con razón, que medidas de ese tipo solo traerán más despidos, más pobreza e indigencia. Se coloca a la población ante la disyuntiva de resignarse al contagio y eventualmente enfrentar una evolución grave o fatal de la enfermedad, o perder su trabajo o parte de sus magros ingresos. Los inquilinos temen ser desalojados porque no puede pagar los alquileres, lo mismo quienes tienen créditos UVA. Los pequeños comerciantes también enfrentan el peligro de perder sus comercios y los profesionales de no poder llevar adelante sus actividades. Esto sucede porque los recursos materiales del país, producidos por los propios trabajadores, no están puestos a disposición de enfrentar la pandemia en todos los planos, sea el sanitario, el social y el económico, sino que son acaparados por los capitalistas en función de su propio beneficio.

Responsabilidad política compartida

La derecha, con los Macri, Bullrich y Larreta a la cabeza, quiere explotar esta situación para presentarse ante la población como defensores de los que quieren trabajar y estudiar en libertad. Sin embargo, la libertad que reclaman es la de poder explotar a los trabajadores sin ninguna tipo de restricciones, ni siquiera de aquellas que están dictadas por los elementales cuidados que imponen una pandemia.

Este sector ha ido evolucionando hacia posiciones negacionistas, como las que Bolsonaro aplica en Brasil o Trump aplicó en los EE.UU. Sin embargo, ni uno ni otro lograron impedir el impacto económico y social de la pandemia, sino que la descargaron sobre las espaldas de los trabajadores, con mayores despidos y reducciones de sus ingresos.

El fracaso del gobierno de Macri, que concluyó su mandato en un cuadro de default y cepo cambiario, debilita a esta derecha como alternativa política, incluso a los ojos de la clase capitalista. A la vez, ha surgido una fracción derechista que se autodefine como “libertaria”, que pretende aplicar el programa que Macri quiso y no pudo llevar adelante en su gobierno. Se trata, ni más ni menos, que una política rabiosamente antiobrera y antipopular. La realización de su programa solo puede hacerse con un reforzamiento represivo en toda la línea. En una escala menor es lo que sucede en Andalgalá, donde se detiene y procesa a 10 luchadores ambientalistas por el solo hecho de movilizarse contra la megaminería contaminante. Es lo que sucedió también en Guernica y en muchas luchas obreras, que fueron ferozmente reprimidas por Berni.

Por el momento, la clase capitalista actúa dentro del gobierno y presiona allí por para conseguir sus intereses. Le reconoce que mientras despotrica contra el ajuste lo aplica de hecho con mayor efectividad que el mismo macrismo. No solo el gasto público se ha licuado por la inflación y el gasto previsional se ha reducido a los niveles más bajos de la historia. Los salarios, medidos en dólares, es decir para la competencia internacional, han caído a niveles nunca vistos en la historia argentina. El salario mínimo, por ejemplo, está en unos 150 dólares, lo mismo que la jubilación mínima que cobran unos 5 millones de jubilados. 150 dólares era la jubilación bajo el menemismo. Este curso ajustador ha sido seguido por toda la coalición de gobierno, más allá de los choques y peleas de camarillas circunstanciales entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Massa y otros sectores del PJ.

El papel nefasto y traidor de la burocracia sindical para hacer pasar este ajuste, sin embargo, está siendo desafiado por un crecimiento de las luchas que chocan con el “pacto social” que el gobierno promueve con las patronales y las direcciones sindicales. Entre ellas se destacan las gigantescas movilizaciones del movimiento piquetero, que denuncian la política de hambre del gobierno y de todo el régimen, y que con sus acciones permanentes y sistemáticas actúa como un apoyo y acicate de otros sectores de trabajadores. Brilla también la ya histórica lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén, que con sus piquetes masivos y paros desafían los techos salariales pactados con la burocracia kirchnerista de UPCN y ATE.

También en el movimiento de la salud se producen otras acciones de lucha, como por ejemplo las de la Clínica San Andrés que enfrenta el cierre del establecimiento, los trabajadores del Hospital Larcade o del Hospital de Mar del Plata. El movimiento docente también se ha puesto de pie, y va al paro por el reclamo del regreso transitorio a la virtualidad en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, o en colegios preuniversitarios en Tucumán y Bahía Blanca, incluso superando la parálisis cómplice de la dirección kirchnerista de Ctera.

La lucha alcanza a trabajadores de distintas provincias, como los vitivinícolas de Mendoza y los del citrus de Tucumán. Y sectores de la industria, que defienden mediante la acción directa la aplicación de protocolos que las patronales violan para reducir costos e incrementar los ritmos de trabajo. En ese sentido, el paro en Pirelli impulsado por el combativo Sutna contra una muerte obrera es un ejemplo para todo el movimiento obrero. El Sutna viene de arrancar una paritaria anual del 54%.

Nuestro programa

Estas luchas plantean la necesidad de un programa para enfrentar la situación de catástrofe sanitaria y social a la que nos llevan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Plantemos:

1. Centralización inmediata del sistema de salud, unificando los recursos del sistema público y privado en un plan único de atención. Ampliación de las camas, disponiendo las partidas presupuestarias necesarias. Reapertura y equipamiento de las clínicas cerradas, para ponerlas en funcionamiento bajo gestión de médicos y trabajadores sanitarios. Contratación de más personal y satisfacción inmediata de los reclamos de los trabajadores de la salud de todo el país.

2. Intervención del laboratorio mAbxience del empresario Hugo Sigman y que el gobierno disponga todas las medidas para asegurar la producción pública e integral de la vacuna en el país, para atender la demanda local y regional. Inmediata liberación de las patentes para garantizar su producción. Registro e intervención bajo gestión obrera de todos los laboratorios que pueden participar de la fabricación de la vacuna y de insumos contra el Covid.

3. Cese transitorio de las actividades no esenciales para reducir el crecimiento de los casos. Cobro del 100% del salario para todos los trabajadores, estén o no afectados por las medidas de restricción. Apertura de los libros contables de las empresas para verificar si requieren o no colaboración del Estado para el pago de salarios. Protocolos bajo el control de comisiones obreras en los lugares de trabajo que deben continuar la producción y en el transporte.

4. Inmediato subsidio de $40.000 para todos los desocupados. Por un reforzamiento de la asistencia a los comedores populares. Acceso a la tierra y la vivienda para terminar con el hacinamiento.

5. Cese transitorio de la presencialidad escolar en todo el país. Determinar a través de un semáforo epidemiológico las condiciones para un regreso a las aulas. En todos los casos, el piso para ello es que no deben superar los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, junto a la evaluación de la situación del sistema de salud, del transporte y de las condiciones de las escuelas. Plan para asegurar las condiciones de la virtualidad, mediante la entrega de dispositivos técnicos y conectividad para docentes y estudiantes. Licencias de cuidado para las madres y padres con menores a cargo.

6. Por aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores, que compense lo perdido con la inflación. Escala móvil de salarios mensual. Por la reposición de la movilidad jubilatoria sobre la base del aumento de precios. Jubilación mínima igual a la canasta de la tercera edad de $64.000.

7. Apertura de los libros de las empresas en toda la cadena de valor para evitar nuevos aumentos de precios, que esconden ganancias monopólicas. Control obrero y popular independiente.

8. Basta de hambre y femicidios. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de precarización laboral. Acceso al aborto legal en todo el país. ESI científica y laica. Por un Consejo Autónomo de Mujeres que ponga en pie la defensa integral de las trabajadoras.

9. Apoyo a las luchas ambientales en todo el país. No a la megaminería contaminante, control obrero y popular sobre el acceso al agua. Libertad a los detenidos en Andalgalá.

10. Nacionalización del comercio exterior y de la banca, para transformar el ahorro nacional en un plan de inversión en infraestructura e industria e impedir la fuga de capitales. Impuestos progresivos al gran capital. Eliminación del impuesto al consumo y al salario.

11. No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI.

Sobre la base de este programa el Partido Obrero –que tiene como perspectiva estratégica la lucha por un gobierno de trabajadores- llama a las organizaciones sindicales y populares a romper toda atadura con el gobierno y la clase capitalista y defender de modo consecuente los intereses populares, movilizando para ello toda la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Llamamos al Frente de Izquierda Unidad a desarrollar un plan de acción político y de lucha sistemático, para transformarse en una fracción fundamental de la clase obrera y de los explotados de nuestro país. Ello requiere actuar sobre la base de un programa independiente de todas fracciones capitalistas, sean del gobierno o de la oposición. Un Congreso del FIT-Unidad podría ser un paso decisivo en esa dirección.

Llamamos a proyectar internacionalmente esta lucha con una nueva conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos del Frente de Izquierda Unidad, en momentos donde toda América Latina está atravesando una catástrofe social y sanitaria.

Como ha ocurrido muchas veces en la historia reciente, la clase capitalista coloca a la sociedad ante una situación desesperante. La pandemia, con sus consecuencias sanitarias y sociales, plantea el desafío de una acción histórica independiente de los trabajadores, que son los únicos que pueden dar una salida a la crisis.

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