La cuestión es la siguiente: para que el hallazgo de la ‘‘cuenta suiza’ pueda con­vertirse en la causa eficiente que ponga fin al gobierno de Bussi, es necesario que la burguesía así lo quiera. Pues bien, ni el Banco Mundial que financia la ‘reconversión’ de Tucumán; ni los bancos ‘nocionales’ que controlan la deuda pública de la provincia; ni las oligarquías del noroeste que están aprovechando el ‘boom* citrícola y azucarero; ni Menem que tiene un pacto con Fuerza Republicana; ni tampoco el clero que obtuvo la enseñanza religiosa; ninguno de éstos quiere la caída de Bussi.

Este abroquelamiento de la burguesía permite entender la posición vergonzosa de la Legislatura’ de Tucumán, es decir del PJ y de los partidos de la Alianza, de pedirle al genocida que renuncie, es decir que se vaya por decisión propia y. para colino, inducida por un delito fiscal. Hay quienes incluso piensan que este pedido de renuncia fue una artera maniobra para dejar a Bussi en el gobierno, pues equivale a un prejuzgamiento que descalificaría a la Legislatura para proceder a un juicio político.

En la convención provincial del PJ, que tuvo lugar el último fin de semana, se admitió que los intendentes justicialistas podían sucumbir a las presiones de Bussi y que lo mismo podría ocurrir con los legisladores, como ya ocurriera con una legisla­dora del PJ es ocasión reciente al tratarse el juicio político a un mi­nistro de Bussi.

Es decir que las representacio­nes políticas patronales son inca­paces de llevar hasta sus últimas consecuencias la aplicación de la legislación vigente, que no es otra que la del sistema social y político capitalista que nos gobierna. Bus- si ya advirtió que está dispuesto a ir a un conflicto de poderes y a arriesgar una intervención fede­ral, desconociendo cualquier fallo adverso de la comisión de juicio político de la Legislatura. Para reforzar a Bussi, Menem advirtió a través de Coracfa que una inter­vención federal afectaría a todos los poderes. Menem fue más lejos, si cabe, al atacar a la justicia espa­ñola, que es donde se originó el reclamo que llevó al descubri­miento de la ‘cuenta’.

Lo único que puede acabar con Bussi es una pueblada. Pero para esto es necesario que la denuncia del gobierno vaya más allá de esta 4cuenta9 y que incluya todas las ‘cuentas’ de las extorsiones y con­fiscaciones producidas cuando Bussi fue interventor de la dicta­dura militar; que vaya más allá de estas ‘cuentas’ y examine en un tribunal popular todos los críme­nes cometidos en el ‘operativo independencia’ de 1975-78; que vaya más allá de Bussi e investi­gue a la oligarquía tucumana que aportó económicamente para la ‘lucha contra la subversión’, que vaya más allá de todas las denuncias por los robos y crímenes de Bussi y de la oligarquía, levan­tando un programa que plantee las reivindicaciones perentorias del pueblo de Tucumán contra el desempleo masivo, los bajos sala­rios, las amenazas de despidos, la destrucción de la salud y de la educación, las concesiones y tari­fas de servicios públicos, la ex­traordinaria deuda pública pro­vincial, la continua expulsión de pequeños campesinos de sus tie­rras, el hambre y la prostitución.

Las organizaciones obreras en lucha de Tucumán deben aprove­char esta crisis política para plan­tear la huelga general por las rei­vindicaciones y plantear que hay que echar a Bussi, porque si Bussi sobrevive a esta crisis, aprovecha­rá este hecho para encarar una contraofensiva que acabe con toda posibilidad de crisis parecidas en el futuro y que significará una aplicación más implacable de los planes del Banco Mundial.