En su descargo público, ante el pedido de condena de la fiscalía contra su persona, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó la tesis de una tapa de Prensa Obrera del 10 de junio del 2016 que rezaba “Son todos López”, en referencia a la detención de José López y a todo el régimen de corruptela, defraudación y negocios de la clase capitalista argentina y los distintos bloques políticos patronales.

Cristina difundió los chats del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito e inhabilitación para ejercer cargos públicos, con distintos empresarios vinculados a la oposición de Juntos por el Cambio y el macrismo, como Nicolás Caputo, Eduardo Gutiérrez y Juan Chediak, entre otros.

El propósito de esta exposición es justamente “embarrarlos a todos”, algo que no aporta a la inocencia propia sino más bien a poner de manifiesto el tejido de las relaciones íntimas, negocios y corruptelas de los funcionarios públicos, de uno y otro lado de la brecha, con la Patria Contratista y los empresarios de la obra pública.

Los mensajes leídos por la vicepresidenta revelan un trato fluido entre empresarios y funcionarios, y la gestión de diversas cuestiones de los primeros por parte de los segundos. Dinámica que se habría desenvuelto bajo su gobierno y el de Macri.

Un régimen social descompuesto que apunta contra los trabajadores

José López es recordado por lanzar un bolso con 9 millones de dólares al interior de un convento, una porción insignificante de los negocios turbios de los funcionarios públicos y los capitalistas. Su condena, además, fue utilizada por el macrismo para subordinar al PJ a su política de ajuste, aunque sin encontrar mucha resistencia.

Sobreprecios en la obra pública, licitaciones arregladas, transferencias sin auditoría, gestiones privilegiadas, son algunos de los recursos y maniobras de una clase parasitaria que vive a costa del Estado, pero que a su vez apunta como “deficitarios” a los institutos y derechos de los trabajadores.

Es lo que ocurre con el ajuste del presupuesto destinado a educación, salud, y el recorte en las partidas alimentarias y el bloqueo al acceso a nuevos programas sociales en el marco de un crecimiento de la pobreza y la miseria.

También lo que queda de relieve cuando esta misma clase política, de un lado y del otro de la brecha, apuntan contra el sistema previsional, tildandolo de “insolvente” para reducirlo a una política asistencial para la tercera edad, como exigen las patronales y los organismos internacionales de crédito y el capital financiero.

La clase política que, crisis mediante, ventila sus chanchullos ante la Justicia y la sociedad coincide en los objetivos de ajuste y en las tareas y metas planteadas por el FMI: un parasitismo reaccionario, propio de un régimen social en descomposición.

El acierto de Prensa Obrera, hace más de seis años, ratifica la necesidad de estructurar una fuerza política independiente, de los trabajadores, para intervenir en la crisis: sin vínculos con lo negociados de las patronales, ni con sus políticas antiobreras.

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