Pocas personas y aún menos periodistas deben haberse dado cuenta de las primicias que publica Clarín en la página 2 de su edición del martes 25 de julio. Joseph Stalin es presentado, 64 años después de su muerte, como un cruzado de la lucha contra la corrupción, cuando un régimen burocrático constituye por definición un régimen corrupto, desde que implica una capa social de privilegiados que abusa de sus ciudadanos. El columnista Alberto Amato confunde la ‘lucha contra la corrupción’ con los carpetazos del dictador para justificar sus purgas sanguinarias. Stalin no habría tenido inconveniente en contar a De Vido en su gabinete.

 

Que Amato proyecte una luz favorable sobre Stalin para atacar a la izquierda revolucionaria de Argentina, es más que un dislate. Es el recurso del que se vale para atacar la defensa del derecho constitucional vigente para desaforar a un diputado sin que medie pedido o condena judicial. El derrumbe del sistema político vigente y de sus apologistas ha llegado al extremo de que tiene que intervenir la izquierda ‘anti-sistema’ para ejercer la defensa de los principios constitucionales. ¿Desconoce Amato, acaso, que en ausencia de un requerimiento judicial objetivo, el Congreso no puede excluir a ninguno de sus miembros y que tiene, incluso, el derecho de rechazar esa petición si arriba a la conclusión de que es arbitraria o seudo legal?

 

El Partido Obrero ha hecho responsable a De Vido, en tiempo real, de las tragedias ferroviarias del país, y en particular de la de Once y del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La secretaría de Transporte se encontraba bajo su jurisdicción ministerial. El año pasado, macristas y kirchneristas se negaron a tratar el desafuero, pedida por una orden de allanamiento contra De Vido, con la oposición de los diputados del Frente de Izquierda. Si los condenados Schiavi, ex secretario de Transporte, y Cirigliano, anterior concesionario de ferrocarriles, aún se encuentran libres es por el encubrimiento de los jueces y sus padrinos políticos. Lo mismo ocurre con los procesamientos e imputaciones a De Vido. En lugar de someter a juicio político a los jueces responsables de esta impunidad, la cohorte de la derecha argentina prefiere conculcar las disposiciones constitucionales parlamentarias. Eso sí, en Mendoza, el gobernador Cornejo ha pedido el desafuero de los diputados y senadores del FIT por la participación que tuvieron en la última huelga de la CGT. Amato todavía no escribió nada al respecto. Tentativas similares, contra diputados del FIT, han tenido lugar en Salta y Córdoba.

 

La exclusión que se busca ahora, por “indignidad”, constituye un golpe parlamentario, porque carece de sustento jurídico e incluso político – esto último porque De Vido se encuentra en la banca por el voto popular. Ni qué decir que es un grosero encubrimiento del poder judicial. Asistimos a un maridaje entre el oficialismo y sus aliados y la justicia corrupta. Los diarios informan en forma casi diaria acerca de las ‘operaciones’ del gobierno en los despachos judiciales. Asistimos igualmente a una extorsión: los inquisidores pretenden un certificado de dignidad. No hace tanto revistaban entre los grupos políticos que el pueblo, en la calle, reclamaba que se fueran, por motivos políticos y delictivos.

 

El ataque a la izquierda ha desplazado, en los últimos días, a De Vido y sus corruptelas trágicas. El gobierno y sus legisladores están desesperados por producir todos los golpes de efecto necesarios y los golpes propiamente dichos, para tapar el derrumbe de su política económica, el descontento social creciente y las luchas del mundo del trabajo.