Mientras Carrió batalla con Macri y Garavano por ver qué corruptos se quedan con los negocios de la obra pública, se revelan otras fricciones que la crisis introduce al interior del partido de gobierno.

Tal es el caso de la disputa entre las ministras de Seguridad y de Desarrollo Social-Salud alrededor de los planes sociales, que reseña ayer Clarín. Según el diario, la ministra de Seguridad se queja de que “las organizaciones (el llamado triunvirato de San Cayetano: CTEP, Barrios de Pie y CCC, y otras) intensificaron la protesta en las calles y vincula el financiamiento de esas acciones con la asistencia del Gobierno”, mientras que Carolina Stanley defiende el esquema de contención que mantiene con las organizaciones del triunvirato.

En entrevistas televisivas, Bullrich terminó de presentar su versión de los hechos, según la cual las protestas carecen de reclamos genuinos y responden a intereses conspirativos (y de paso cañazo, vinculó a las organizaciones con el narcotráfico). Quiere tapar el sol con las manos: lo que acicatea la movilización de desocupados y precarizados es que sus condiciones de vida son inaguantables, cuando todo aumenta y se derrumban hasta las changas.

Sumado a ello -y contra la tesitura del gobierno- el ajuste se procesa también en la asistencia social. El ingreso a programas sociales se encuentra cerrado desde diciembre de 2016, mientras que de allí a junio de este año el desempleo pasó (según Indec) de 7,6% a 9,6%; y la aguda recesión muestra lo irreal del “objetivo de promover el trabajo formal” declamado por Stanley (ídem). Este año se modificaron por debajo de la inflación los planes y asignaciones, cuyo carácter miserable no cambian las correcciones dispuestas el mes pasado: 6 mil pesos el programa Hacemos Futuro (recién desde diciembre) y 1.700 por hijo la AUH (con extras de 1.200 en septiembre y 1.500 en diciembre).

Las cosas son al revés de lo que sentencia la jefa de Prefectura  (quien eleva la demanda, de perspectiva incierta, de “quitar del medio a los intermediarios” de la asistencia social). Durante todo un período, el armado de contención del gobierno contuvo mayores estallidos callejeros, no los estimuló -como se vio en los meses siguientes al acuerdo (incumplido) de la “Emergencia Social”; lo que sucede en la actualidad es que ese armado se ve crecientemente rebalsado por la crisis y el ajuste fondomonetarista. Lo de Bullrich es una señal de que, incluso subiendo la asistencia social -Stanley dice que tiene guardada una plata extra de lo del FMI, aunque sería “una carta para más adelante, en una situación más complicada y más cerca de la campaña electoral”-, será necesario incrementar la represión, para sostener a un gobierno que se ha vuelto intolerable y cuya expulsión se ha convertido en una cuestión de supervivencia para la población trabajadora.

El gobierno nacional debate cuánto de asistencialismo y cuánto de garrote es necesario para profundizar el ajuste del FMI acordado con los gobernadores: ¿qué mayor muestra de su carácter reaccionario? Si se quiere derrotar este plan de guerra contra los trabajadores, e incluso obtener las reivindicaciones más elementales, es necesario superar la política de movilizaciones aisladas, y más de fondo la orientación (expresada por dirigentes del Triunvirato) de aguantar hasta 2019 por un recambio patronal. Por eso el Polo Obrero impulsa un plan de lucha unificado y progresivo de las organizaciones de desocupados y precarizados, con piquetes, acampes y marchas por trabajo digno y la inmediata reapertura y aumento de los programas.

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