Mientras las democracias latinoamericanas siguen haciendo sus ‘catarsis’ con las dictaduras –la semana última fue el turno de la esperada ley de ‘punto final’ del ‘socialista’ Lagos–, en Italia se ha abierto el juicio contra los ex generales Suárez Mason y Riveros y otros cinco militares argentinos acusados por la desaparición de ocho ciudadanos italianos.

Este juicio, según Angela Boitano, madre de dos de las víctimas, será “el más preciso y claro” de todos los procesos abiertos contra los genocidas , incluso “respecto a los iniciados en España, Francia y Alemania”. Así parece insinuarlo también la corresponsal de La Nación en Italia, que describió las “historias estremecedoras” de la primera tanda de pruebas testimoniales y las acusaciones de los familiares de “complicidad” contra el Episcopado argentino (21/6). La señora Boitano, de “Madres de Plaza de Mayo”, según un cable de IPS, fue más lejos en esa denuncia al acusar directamente al Vaticano por su responsabilidad en esas atrocidades.

La Alianza ni se ha mosqueado por este nuevo juicio, porque ya ha dicho que frente a los reclamos de extradición seguirá la ‘norma’ de la ‘defensa de la soberanía’ y de sus ‘ínstituciones’, es decir, de la entrega en toda la línea a la reacción ‘nacional’. Y por supuesto, menos aún se compremeterá con un juicio que hoy, en la misma Roma, pone en el banquillo de los acusados a la Iglesia; esto es, a la ‘institución rectora’ que la Alianza –como ayer Menem, y la dictadura antes– necesita para cubrir sus fechorías.