Excusándose en el elevado costo de la materia prima (plástico y chips) a nivel mundial, el gobierno nacional (Frente Todos-PJ) decretó un nuevo aumento en el valor de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). En esta ocasión el incremento es del 180%, pasando de $175 a $490.

La resolución impresa en el Boletín Oficial con el número 2/2023, sin ningún tipo de consulta y/o reunión deliberativa con lxs usarixs, va de la mano con el tarifazo del transporte público entrado en vigencia el 1 de enero, tanto para ferrocarriles y colectivos de corta y larga distancia, con un aumento del 39% del boleto mínimo (en el AMBA), aumentando de $25,20 a $35. De esta manera, un trabajador/a y/o estudiante que solo viaje de lunes a vierne, y pague dicho pasaje (ida y vuelta) gastará $1400 mensual, mientras el salario mínimo vital y móvil es de $65.427.

La suba del precio de la tarjeta es otro golpe al bolsillo del pueblo trabajador. Incremento de tarifas que no solo se limitan al transporte, sino también en los servicios públicos, como es el agua, el gas, la luz, los combustibles y el ABL (TSG en la Provincia de Buenos Aires). Todo sube y sube, con una inflación interanual que supera el 100% en alimentos y prendas de vestir. Los únicos que no suben son los sueldos, las jubilaciones, pensiones y planes sociales.

Volviendo a la SUBE, elemento fundamental y obligatorio para poder viajar, desde hace tiempo que se encuentra en escasez en los centros de venta habilitados por el Estado (estaciones de tren y subte). Esto provoca que, ante la urgencia de conseguirla, en los comercios no autorizados el valor sea mayor. Antes de aprobarse el alza, el promedio del precio de kioscos superaba los $300.

Mientras todo esto sucede, desde el gobierno no han dudado en mantener, e incluso aumentar, los subsidios a las compañías del autotransporte. “El monto subsidiado al AMBA se compone de la siguiente manera: las líneas que operan en la Provincia de Buenos Aires reciben 11.457,65 millones de pesos mensuales, seguida de la jurisdicción nacional (por trayectos entre CABA y el conurbano bonaerense), por 10.607,75 millones. Los colectivos que circulan por la CABA reciben 2.388 millones de pesos” (Página 12, 09/10/2022).

Desde su creación (febrero de 2009) Nación Servicios, empresa del Banco Nación, a cargo de la operación del Sistema Único de Boleto Electrónico, viene entregando la licitación de la fabricación de las tarjetitas a la empresa brasileña Valid SA. “El salto se registró en 2013: le vendió a Nación Servicios 7,5 millones de SUBE en sus distintas variantes. El caso no está exento de polémica. Como lo que sucedió en la licitación 16/2013, cuando Nación Servicios canceló el concurso para –en el mismo acto administrativo- señalar a Valid como la beneficiaria de una contratación directa –si compulsa- por un millón de tarjetas, de acuerdo a la comunicación externa 49/2014 fechada el 2 de junio de ese año” (La Nación, 07/11/2014).

Este nuevo incremento, que supera largamente paritaria anual existente, pone de manifiesto las políticas ajustadoras y precarizadoras del gobierno de los Fernández, Massa y el FMI. Pese al alza del valor del pasaje, de los subsidios a los empresarios y el aumento de las tarjetas, las condiciones de labor y viaje siguen siendo malas. Terminada la ola pandémica, reaparecieron las imágenes de trenes, subtes y colectivos hacinados en horas pico. Del mismo modo, de forma periódica, surgen noticias de descarrilamientos y accidentes viales, por unidades antiguas y ausentes de mantenimiento.

Tanto el Ministerio de Transporte como la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), se mantienen ausentes, en beneficio de la recaudación de las grandes fortunas empresariales. Informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) describen cómo las grandes compañías falsificaron declaraciones juradas. Sobre todo en estas épocas vacacionales, falsean en la cantidad de coches que salen a la ruta, como así también los números de pasajeros que trasladan. “El relevamiento indicó que los entes públicos no controlan la veracidad y la integridad de la información que deben enviar las firmas. Esta situación se agrava al considerar la recurrencia del Estado Nacional en usar esas declaraciones juradas como fuente para la toma de decisiones. (…) De las 121 empresas obligadas a presentar información, solamente 67 cumplieron con la manda, es decir, el 55%” (El Auditor.info).

La salida está en manos de los laburantes. Es fundamental ganar las calles contra los aumentos de tarifas y el ajuste. Que Valid SA y Nación Servicios abran los libros y demuestren cuantos millones y millones de dólares han ganado en estos catorce años. A la inflación, devaluación e incremento de tarifas opongámosle un salario mínimo igual a la canasta básica, el 82% móvil para los jubilados y el aumento de los planes sociales. A la ausencia (ajustadora) estatal, vamos por un sistema de transporte público bajo control obrero. Para poder comenzar a realizarlo, no paguemos una deuda ilegítima, fraudulenta y usurera, que solo ha servido, y sigue sirviendo, para financiar la fuga de capitales. Fuera el FMI.

Basta de políticos capitalistas. Es tiempo de un movimiento popular con banderas socialistas.